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La Corte Constitucional colombiana avala la Justicia Especial para la Paz

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Santos le dice al Congreso que sería "fatal" cualquier demora en aprobar la Justicia Especial para la Paz

Santos le dice al Congreso que sería "fatal" cualquier demora en aprobar la Justicia Especial para la Paz

La Corte Constitucional de Colombia declaró hoy ajustada a la ley la Justicia Especial para la Paz (JEP) que, según el acuerdo firmado por el Gobierno y las FARC, se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado.

La Corte consideró que el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio origen a la JEP, "en general cumplió con todos los requisitos que están previstos en la Constitución y en la ley", explicó a periodistas el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero.

El magistrado detalló igualmente que hubo apartes "que fueron declarados inexequibles (no ajustados a la ley)", lo que supone que se le tendrán que hacer cambios.

Guerrero citó entre las inexequibilidades la limitación que se había impuesto a la procedencia de la acción de tutela (recurso de amparo) y la participación de juristas extranjeros en los debates que existieran en la JEP.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al conocer el fallo sobre la JEP, afirmó: "Hoy mismo la Corte Constitucional declaró exequible este acto legislativo. Es una gran noticia".

Sobre la participación en política de los antiguos guerrilleros sin haberse sometido antes a la Justicia Especial para la Paz, el magistrado Guerrero explicó que la Corte encontró que el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo lo permite, "en la medida en que suspende las condenas que estén en este momento rigiendo".

Según la Corte, la "imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política".

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es la instancia creada para juzgar los crímenes que se cometieron en el conflicto armado en el país.

Las sanciones contempladas en la JEP son de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad en los delitos cometidos.

Asimismo, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de cárcel, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz.

La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo que dio vida a la JEP tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, mientras que el Congreso no se pone de acuerdo para votar la ley que reglamenta la aplicación de esta Justicia.

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