Ex número dos de Junqueras aduce que es “imposible” que 1-O se pagara con FLA

La defensa de Josep Maria Jové, ex número dos de Oriol Junqueras e investigado por el 1-O, ha aducido ante la Audiencia de Barcelona que es “imposible” que el referéndum se financiara con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), porque es el Estado el encargado de hacer los pagos a cuenta de este préstamo.

La defensa de Jové ha presentado un recurso, al que ha tenido acceso Efe, contra la decisión del juez de instrucción número 13 de Barcelona de aceptar a la Abogacía del Estado como acusación particular en la causa, al considerar que “todo o parte” de la consulta del 1-O se pagó con créditos obtenidos a través del FLA.

En su recurso, Andreu Van den Eynde, abogado de Jové, sostiene que de acuerdo con la orden que regula el FLA, los fondos de éste no se pueden destinar a cualquier gasto, “sino solo a determinados programas, relacionados con servicios públicos fundamentales”.

Para la defensa, “resulta imposible que el FLA se destine a otras finalidades”, ya que la Generalitat no destina los fondos a los pagos que considera convenientes, sino que indica al Estado que los haga a cuenta de ese préstamo.

“Por lo tanto, el que finalmente hace el pago al acreedor es el Estado español”, sostiene el escrito de Jové, que recuerda que a ese mecanismo “hay que añadir además el control que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, ya que éste verifica todas las facturas que transmite la Generalitat antes de hacer el pago a cuenta del FLA”.

Según el abogado de Jové, el Ministerio de Hacienda “ya controla la contabilidad de la Generalitat de manera mensual desde que el Gobierno se acogió al FLA en 2012”, por lo que a su parecer “no es posible que se destinen cantidades del mismo a otras finalidades que las autorizadas”.

La defensa cuestiona también la personación de la Abogacía del Estado en la causa por el referéndum, porque, aunque en el supuesto de que los fondos destinados a la consulta correspondieran al FLA, “la parte interesada seguiría siendo la comunidad autónoma”.

Por otra parte, el juez que investiga el referéndum ha anulado la providencia en que ordenaba a la Guardia Civil acceder al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para rastrear las cuentas y productos bancarios de personas y empresas relacionadas con la preparación y ejecución del referéndum, después de que la Fiscalía le advirtiera de que la resolución no estaba suficientemente motivada.

El magistrado ha estimado la petición de la Fiscalía y ha dictado un nuevo auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que sostiene que “resulta necesario abrir nuevas líneas de investigación sobre los flujos monetarios y su destino”, por lo que “aparece absolutamente necesaria” la información que pueda contener el SEPBLAC.

Según el juez, dicha diligencia es necesaria en el marco del delito de malversación de caudales públicos que investiga por “los gastos que necesariamente comportó la planificación, compra de material (urnas, folletos de propaganda, papeletas de votación y documentación remitida a los integrantes de la mesa de votación, campañas publicitarias, etc) y que resulta imposible atribuir a la financiación ajena a la Generalitat (...)”.

Por ese motivo, el juez cree necesario conocer las “cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución” del 1-O.