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El Gobierno traslada hoy al Congreso su propuesta para incluir al Rey y los partidos en la ley de Transparencia

Nueva reunión con los grupos para buscar acuerdos y concluir la tramitación de la ley, que llegó al Congreso hace ocho meses

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El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha convocado este jueves a una nueva reunión a los grupos del Congreso para trasladarles la propuesta del Gobierno sobre la inclusión de la Corona, los partidos, los sindicatos y otras instituciones en la futura Ley de Transparencia.

El objetivo de Ayllón, según han informado a Europa Press fuentes oficiales, es intentar avanzar en la tramitación de la norma y explorar las posibilidades de acuerdo antes de que se abra el plazo para la presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley, lleva ya ocho meses en la Cámara Baja.

De esta forma, el secretario de Estado dará cumplimiento al compromiso que adquirió con la oposición el pasado mes de febrero, cuando citó por primera vez a los grupos para conocer de primera mano su posición respecto al proyecto. Entonces, ambas partes acordaron volverse a ver una vez finalizaran las comparecencias de expertos que han desfilado ante la Comisión Constitucional para dar su parecer sobre la propuesta del Ejecutivo.

La última ronda de comparecencias tuvo lugar el pasado 24 de abril, pero aún está pendiente de decidir si se dará audiencia a los sindicatos y la patronal, habida cuenta de que, aunque el proyecto de ley no contempla su inclusión en la norma, ya hay un acuerdo de los grupos para que se vean afectados por ella, al igual que los partidos, la Corona y otras instituciones.

¿ESCUCHAR A LOS AGENTES SOCIALES?

La oposición quiere que se cite a los agentes sociales, pero tanto el Gobierno como el PP son partidarios de cerrar ya definitivamente las comparecencias para que éstas no se eternicen y se retrase la tramitación de una norma que llegó al Congreso el pasado mes de septiembre.

Los 'populares' alegan que ningún representante de las entidades que se van a incluir en la ley de manera sobrevenida ha acudido al Congreso y que, de llamar a sindicatos y empresarios, habría que recabar también la opinión de otros afectados.

Durante la reunión del jueves Ayllón, informará a los grupos de cómo plantea concretar el Ejecutivo la inclusión en la ley de nuevas entidades afectadas, desde la Corona y otras instituciones como las Cortes, hasta los partidos políticos.

En el Debate sobre el estado de la Nación, el Congreso aprobó una resolución en la que se instaba a extender el espíritu de la ley a "aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público". A raíz de este acuerdo, el Gobierno preparó un informe para determinar cuáles deberían verse afectada en virtud de esa premisa, sin descartar que la norma pudiera llegar incluso a obliga a la Conferencia Episcopal.

Esta última opción fue desechada por el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional. El responsable de máximo órgano asesor del Gobierno también se pronunció sobre cómo debe recoger la ley el mandato de transparencia a los partidos políticos.

OBLIGACIONES PARA LOS PARTIDOS

En su opinión, existen problemas técnico-jurídicos para que la Ley de Transparencia concrete las obligaciones de las formaciones políticas que son entidades privadas y no pueden ser equiparadas a los poderes públicos.

Por eso cree que este asunto debería regularse en la Ley de Financiación de Partidos que, además, a diferencia de la de transparencia, tiene carácter orgánico, o bien concretarse en las futuras normas sobre el ejercicio de las funciones políticas y el control financiero de los partidos políticos anunciadas por el Gobierno.

Sin embargo, aunque en el Ejecutivo admiten que eso sería lo más adecuado desde el punto de vista legislativo sería, consideran que las referencias a los partidos podrían incluirse directamente en la Ley de Transparencia puesto que estos nuevos preceptos no afectarían al derecho fundamental sino que constarían más bien como una obligación de las organizaciones políticas.

Además, en la cita del jueves, Ayllón podría concretar a los grupos otras variaciones que el Gobierno estaría dispuesto a incluir en el proyecto de ley. Según ha anunciado él mismo, aunque el nombramiento del director de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que velará por el cumplimiento de la ley recaerá en el Gobierno, tendrá que contar con el aval del Congreso tanto para su designación como para su cese.

Otra de las cosas que planea el Ejecutivo es incluir en el Portal de Transparencia que gestionará la presentación de toda la información que tendrá que hacerse pública una vez que entre en vigor la futura ley un ranking sobre su cumplimiento, de manera que se podrá consultar son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor.

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