El Gobierno británico admite que no ha evaluado el impacto económico del brexit

El Gobierno británico no ha realizado una evaluación formal sobre el impacto que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) tendrá en la economía del país, admitió hoy el ministro para el “brexit”, David Davis.

En una comparecencia ante el comité del “brexit” de la Cámara de los Comunes, Davis dijo que “no hay una evaluación sistemática del impacto”, aunque el Gobierno ha elaborado “análisis por sectores”, pero no un “pronóstico” sobre lo que pueda ocurrir una vez que el Reino Unido se retire del bloque europeo en marzo de 2019.

El presidente de ese comité, el laborista Hilary Benn, le preguntó si el Gobierno había ordenado una evaluación profunda sobre el impacto del “brexit” en los distintos sectores de la economía, entre ellos el del motor, el aeroespacial y el financiero.

“Creo que la respuesta será no en todos ellos”, contestó el ministro del “brexit”, responsable de negociar con Bruselas los términos de la desconexión británica de la UE.

Davis agregó que se harán estudios una vez que el Reino Unido pase a la segunda fase de las negociaciones con Bruselas, que se centrarán en la relación comercial entre este país y la UE.

En concreto, el ministro explicó que los estudios se centrarán en aspectos como un eventual acuerdo comercial con la UE o si el país se regirá por la Organización Internacional del Comercio (OIC).

El Gobierno trabaja esta semana para salvar el acuerdo del “brexit” y poder pasar a la segunda fase.

La primera ministra británica, Theresa May, estuvo a punto de firmar un acuerdo con Bruselas el lunes, pero fue vetado por sus aliados del Partido Democrático Unionista (DUP) al objetar ciertos términos relacionados con la frontera irlandesa.

May necesita el apoyo de los diez diputados del DUP para gobernar tras perder la mayoría en las elecciones del pasado junio.

La primera fase de las negociaciones está centrada en la situación legal de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y de los británicos que residen en la UE, en la factura que Londres deberá pagar por su retirada y la situación de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.