El Gobierno garantiza que no afectará al pacto antiyihadista que el PSOE en el futuro derogue la prisión permanente

El Gobierno garantiza que el pacto contra el yihadismo alcanzado hoy con el PSOE no se verá afectado en el caso de que en el futuro los socialistas deroguen del Código Penal la prisión permanente revisable. Este acuerdo contra el terrorismo incluye además otros propósitos como el reconocimiento a las víctimas, dotar de más medios a las fuerzas de seguridad y los jueces en sus investigaciones y fomentar el respeto a las confesiones religiosas.

Tras la firma del acuerdo en el Palacio de la Moncloa, el Gobierno ha emitido una nota de prensa en la que asegura que “el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal”.

Minutos antes, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguraba en su declaración institucional desde el mismo Palacio de la Moncloa que el acuerdo “recoge una discrepancia que se mantiene y no es menor para el PSOE”: “nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable y nos comprometemos a eliminarla cuando tengamos mayoría”.

El documento de la proposición de Ley orgánica contra el yihadismo pactada por el Gobierno y el PSOE remite a la prisión permanente revisable en los casos de asesinato, aunque como pidieron los socialistas, desaparece del texto la mención expresa de esta figura, ya aprobada en el nuevo Código Penal.

SOLUCIÓN INTERMEDIA

De este modo, en el apartado relativo de la clasificación de penas por delitos terroristas se castigará “con la prisión por el tiempo máximo previsto en este Código (Penal) si se causara la muerte de una persona”. La redacción del primer borrador elaborado por el Gobierno sí recogía expresamente “prisión permanente revisable si se causara la muerte de una persona”. Los socialistas consideraron esta expresión una línea roja para dar su apoyo al pacto y finalmente han aceptado esta solución intermedia.

“Tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”, zanja el Gobierno en su nota de prensa.

El acuerdo antiterrorista también recoge otras medidas como “impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo” o permitir “fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo” en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

En el primer borrador de esta reforma, el Gobierno plantea que las fuerzas de seguridad, en casos de terrorismo, puedan intervenir de urgencia durante 24 horas las comunicaciones de sospechosos sin autorización judicial. El PSOE se opone a esta posibilidad.

También se defiende “mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas”.

Otro punto del pacto pasa por “garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia. Asimismo, seguir promoviendo la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia para la mejor prevención, persecución y castigo de estos delitos”.

RESPETO A LAS CREENCIAS

Además se aboga por “poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas”.

Se promoverá también en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales “la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo, participando activamente en los foros internacionales y poniendo, para ello, en valor el papel de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Por último, también se acuerda “promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente Acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.