HRW insta a Birmania parar la demolición de poblados abandonados por rohinyá

La organización Human Rights Watch (HRW) instó hoy al Gobierno de Birmania (Myanmar) parar la demolición de los poblados abandonados por los miembros de la minoría rohinyá, tras la huida a Bangladés de casi 700.000 personas de esta etnia.

HRW denuncia la destrucción de los asentamientos a través de imágenes tomadas por satélite y apunta que la escena debería ser preservada para investigar las acusaciones a militares por numerosos crímenes contra la población rohinyá.

El éxodo rohinyá se originó el 25 de agosto de 2017, durante la operación militar en el estado Rakáin (oeste) en respuesta al asalto de una treintena de puestos oficiales por un grupo insurgente de esta minoría mayoritariamente musulmana no reconocida por las autoridades birmanas.

Desde finales de año, efectivos de seguridad birmanos han derruido con ayuda de maquinaria pesada todas las estructuras de al menos 55 asentamientos, apunta HRW en un comunicado, de los que al menos dos habían resistido sin daños a pesar de estar inhabitados.

“Muchos de estos pueblos son escenarios de atrocidades contra los rohinyá y debe preservarse para que los expertos de la ONU puedan documentar y evaluar adecuadamente los abusos e identificar a los responsables (...) Derruir estás zonas amenaza con borrar la memoria y las denuncias legales de los rohinyá que vivían allí”, señala Brad Adams, director para Asia de HRW.

Entre el 9 de enero y el 13 de febrero, las excavadoras arrasaron la pedanía de Myin Hlut que en imágenes anteriores -que datan de noviembre del año pasado- permanecían intacta, según la oenegé.

“La demolición deliberada de pueblos para destruir evidencias de crímenes graves obstruye a la justicia y ayuda a los responsables”, zanja Adams al insistir en que la destrucción de poblados continúa.

A las poblaciones derruidas se suman además unas 362 villas completa o parcialmente arrasadas durante la actuación del Ejército.

La repatriación de los refugiados rohinyás, de los que 688.000 llegaron a Bangladesh desde el pasado agosto, debía haber comenzado en un plazo de dos meses desde la firma de un acuerdo entre los dos países el pasado 23 de noviembre.

En enero, las autoridades bangladesíes decidieron en el último momento retrasar el inicio del retorno.

HRW, y otras organizaciones, han expresado serias dudas del compromiso del Gobierno birmano y de que se den las condiciones adecuadas para llevar a cabo el regreso de los rohinyás a Birmania.

La organización reclama el acceso al área para representantes de Naciones Unidas que estudien las acusaciones de asesinato, violación, quema de casas, entre otras, cometidas presuntamente por parte de los soldados birmanos.

HRW insta también a los donantes internacionales aumentar la presión al Gobierno birmano, liderado de facto por la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado numerosas veces que existen pruebas claras sobre los abusos y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de “limpieza étnica” y ha afirmado que hay indicios de “genocidio”.