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La 'Hoja de ruta' del Gobierno contra la declaración independentista

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La 'Hoja de ruta' del Gobierno contra la declaración independentista

La 'Hoja de ruta' del Gobierno contra la declaración independentista

Con la aprobación hoy de la resolución independentista por el pleno del Parlamento catalán se pone en marcha la 'hoja de ruta' del Gobierno para impugnarla, previsiblemente mañana, con un calendario idéntico al desarrollado por el Ejecutivo cuando recurrió el proceso participativo del 9-N.

Éstos son los pasos que dará el Gobierno contra la declaración independentista impulsada por Junts pel Sí y la CUP:

- El Ejecutivo reclama hoy un informe preceptivo al Consejo de Estado para actuar contra la declaración del Parlament.

- La comisión permanente del Consejo de Estado se reunirá previsiblemente a primera hora del martes con carácter de urgencia para emitir el informe preceptivo, pero no vinculante, sobre la propuesta del recurso que le entregará el Ejecutivo contra la resolución independentista.

- En cuanto reciba el informe del Consejo de Estado, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar el recurso de inconstitucionalidad que será presentado ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Gobierno pedirá al Constitucional la suspensión cautelar de la iniciativa aprobada en aplicación del artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece la suspensión automática durante un plazo de cinco meses de una norma autonómica cuando la impugne el Ejecutivo central.

- Una vez firmado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un representante de la Abogacía del Estado presentará el recurso en la sede del tribunal de garantías, aunque no se descarta que lo haga directamente un miembro del Ejecutivo.

- El último paso se podría dar el miércoles con la reunión extraordinaria del Pleno del Tribunal Constitucional que admitirá a trámite el recurso del Ejecutivo y dejará en suspenso la iniciativa independentista.

- EL tribunal dará traslado a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, de la suspensión durante cinco meses de la resolución independentista. Agotado ese plazo, el alto tribunal deberá levantar dicha suspensión o confirmarla, en cuyo caso quedará anulada la declaración.

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