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IU pide 42 años de prisión por las prejubilaciones millonarias de exdirectivos de Caja Segovia

El partido, que ha presentado su escrito como acusación popular, pide además el pago de 18 millones de euros en concepto de responsabilidad civil

HEMEROTECACaja Segovia: historia de un asalto a través de las jubilaciones doradas de sus directivos

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Seis exdirectivos de Caja Segovia imputados por un plan de prejubilaciones

El expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto. EFE

Izquierda Unida (IU) solicita un total de 42 años de prisión para las seis personas que la Audiencia Provincial ha recomendado imputar en el caso de las prejubilaciones millonarias de exdirectivos de Caja Segovia.

El partido ha presentado su escrito como acusación popular y, además de esas penas de cárcel, pide el pago de algo más de 18 millones de euros, solidariamente, en concepto de responsabilidad civil.

En concreto, la solicitud incluye ocho años de prisión para cada uno de los "administradores", como ha indicado el abogado Alberto López Villa. Es decir, para Atilano Soto, Elena García Gil y Manuel Agudíez, mientras que para los tres "ejecutivos", que eran Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Antonio Tapias, la petición es de seis años para cada uno.

Junto a IU, la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) actúa también como acusación popular, mientras que la Fundación Caja Segovia se ha personado como acusadora particular. Según ha apostillado López Villa, el juzgado debe trasladar ahora los escritos de acusación de cada una de esas partes a las defensas, que a su vez deberán también presentar sus conclusiones.

En sus declaraciones de este lunes, el letrado ha vaticinado que solicitarán la absolución, al igual que "hasta ahora" han pedido el sobreseimiento, desde una interpretación de los hechos con una "normalidad absoluta" y la consideración de que se encuadran "dentro de la legalidad".

Y si finalmente se certifica que la Fiscalía Provincial no presenta una acusación, Alberto López Villa ha argumentado que no tiene más trascendencia que el "alivio" que supone para un acusado no tener "ese peso tan grande que normalmente se tiene", puesto que la acción del Ministerio Público "suele ser de las más duras que uno pueda tener".

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