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Castilla y León prepara una norma para proteger a los funcionarios denunciantes de corrupción

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La Junta de Castilla León prepara una norma para proteger a funcionarios denunciantes de corrupción

La Junta de Castilla León prepara una norma para proteger a funcionarios denunciantes de corrupción

Los empleados públicos de Castilla y León contarán con una ley que, de ser aprobada en los términos planteados hoy en su anteproyecto, les ofrecerá garantías de protección de su puesto de trabajo en el caso de que informen de hechos que pudieran considerarse delitos vinculados a la corrupción.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes.

El cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el fraude y el tráfico de influencias son algunos de los tipos penales que forman parte de las prácticas que pretende "prevenir" la Junta de Castilla y León con esta norma, según De Santiago-Juárez, quien cree que "se está sobeteando mucho" el término de regeneración política pero lo que hay que hacer es "tomar medidas" para que la corrupción no se produzca.

"Ser muy contundentes cuando se produce va de suyo", ha insistido el consejero, convencido de que se trata de una norma "pionera" en España que puede estar aprobada en los próximos meses, dada la brevedad de su articulado y que intentarán que se tramite por la vía de urgencia en las Cortes de Castilla y León.

Las garantías que se ofrecen a los empleados públicos que informen ante la Inspección General de Servicios incluyen el carácter reservado de los datos personales del informador, la imposibilidad de que sea removido de su puesto de trabajo y la posibilidad de que pida el traslado a un puesto similar, lo que la Junta también ofrecería en caso de que la denuncia fuera planteada ante la Fiscalía, en palabras del consejero.

Sin embargo, el anteproyecto de ley introduce la prevención de que si se trata de informaciones infundadas el empleado público será sancionado como autor de una falta grave, sin perjuicio de los tipos penales de acusación y denuncia falsas y simulación de delito.

El procedimiento que seguirá la Junta ante una información de este tipo será abrir una información reservada con carácter prioritario, en un plazo de entre dos y seis meses, y se "omitirán los datos relativos a la identidad del informante y cuantos pudieran conducir a su identificación".

En el caso de que el informe concluya con una apreciación de "indicios racionales de la existencia de un posible delito" será comunicado al Ministerio Fiscal, mientras que si la Inspección considera que se trata de una infracción administrativa se abrirá un expediente sancionador.

Tanto en un caso como en el otro, los informes serán trasladados al Procurador del Común, por sus atribuciones como Comisionado para la Transparencia, y de todo ello la Junta se compromete a informar anualmente -número de denuncias y el órgano al que se haya dado traslado- ante la comisión parlamentaria correspondiente.

El consejero ha detallado que en el caso del personal laboral y de los empleados de las empresas públicas, el anteproyecto prevé que "se establecerá un procedimiento y sistema de garantías similar" en el convenio colectivo que les atañe, lo que requerirá de una modificación expresa "cuanto antes mejor".

"No hay nada parecido en España, es un paso más por el camino de la prevención del delito, con más contundencia", ha remarcado De Santiago-Juárez, quien ha reconocido que esta medida fue objeto de una proposición no de ley de Ciudadanos que fue votada inicialmente en contra por el PP y que posteriormente consensuaron entre ambos partidos para, entre otras cosas, incluir la prevención de la denuncia falsa.

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