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La Junta respalda la proposición de ley de derechos del colectivo LGTBI del PSOE-A, Podemos e IULV-CA

El Consejo de Gobierno ha manifestado este martes su criterio favorable respecto a la toma en consideración de la proposición de Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, presentada por los grupos parlamentarios del PSOE-A, Podemos Andalucía e IULV-CA.

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En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo de Susana Díaz, Juan Carlos Blanco, ha expuesto que el texto conjunto, que sustituye a propuestas anteriores promovidas de forma independiente por estos grupos, incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales.

Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.

En el ámbito sanitario, la proposición incorpora los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero de este año. Se incluyen entre ellos el tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados.

Asimismo, respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.

Respecto a la inserción social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo, protección y mediación a menores y jóvenes sometidos a situaciones de presión o maltrato psicológico y/o físico. La Junta deberá incluir la formación sobre orientación sexual e identidad de género en los cursos de mediadores, monitores y formadores dirigidos al colectivo juvenil.

Por su parte, los centros residenciales, los de día para personas mayores, los de participación activa y los destinados a personas con discapacidad garantizarán el derecho a la no discriminación de las personas tanto a título individual como en su relación sentimental.

En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar, prevenir y proteger de acciones de discriminación hacia personas LGTBI, incluyendo a las que forman parte de familias homoparentales.

En el ámbito laboral la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. Las destinadas a conciliación laboral incluirán igualmente cláusulas para reconocer la heterogeneidad del hecho familiar.

Por su parte, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio deberá introducir en sus planes formativos materias sobre la igualdad de las personas LGTBI, así como fomentar la implantación progresiva de indicadores para reconocer a las empresas que destaquen en estas políticas. En esta línea, las bases reguladoras de subvenciones públicas incluirán cláusulas de preferencia para contratar o conceder ayudas a aquellas entidades que así lo acrediten.

En cultura se prevé la creación de un fondo documental y bibliográfico específico de LGTBI, disponible en todas las bibliotecas adscritas a la Junta de Andalucía, mientras que en turismo se promoverán acciones para situar a la comunidad como destino de referencia LGTBI.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Otra novedad destacada respecto a proposiciones anteriores es la encomienda que se hará al Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía para la puesta en marcha de estudios e investigaciones sobre las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista por su orientación sexual o identidad de género.

La propuesta también incluye un régimen de infracciones y sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros. Estas cuantías irán acompañadas, además, de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, la inhabilitación para ser titular de centros de servicios de carácter público y el cierre o suspensión temporal de los mismos por un periodo máximo de hasta cinco años.

La consejería con competencias en materia de igualdad deberá elaborar anualmente un informe estadístico sobre las agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI y los casos de delitos de odio, teniendo en cuenta los datos aportados por los puntos de Información y atención a las víctimas.

Según el informe del Ministerio del Interior sobre incidentes relacionados con delitos de odio en España en 2016, sobresalen los cometidos contra personas debido a su orientación o identidad sexual. En total se registraron 230, de ellos 30 en Andalucía. Los servicios policiales esclarecieron 166 (un 72,2%), lo que dio lugar a 99 detenciones.

NORMATIVA ACTUAL

La protección de los derechos Lgtbi está regulada parcialmente en Andalucía a través de la Ley 2/2014, de 8 de julio, para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales de Andalucía. Esta norma dio respuesta a las demandas planteadas por el colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

La ley garantiza el ejercicio de la autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad distinta de la que tienen al nacer, así como a unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía. De este modo, incluye medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales.

En este último aspecto, incorpora a la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud un procedimiento integral de reasignación sexual con los correspondientes tratamientos, cirugías y prestaciones que aseguran el desarrollo equilibrado y saludable de la identidad de género, especialmente en la etapa de la pubertad.

En el ámbito educativo, la ley establece programas de detección de situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiestan una identidad de género distinta de la de su sexo biológico, mientras que en el laboral destacan las cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas por discriminación.

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