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Lara pide a Posada que se vete a Coca-Cola por vulnerar los derechos de los trabajadores

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Lara pide a Posada que se vete a Coca-Cola por vulnerar los derechos de los trabajadores

Lara pide a Posada que se vete a Coca-Cola por vulnerar los derechos de los trabajadores

El presidente portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, se ha dirigido por carta al presidente del Congreso, Jesús Posada, para pedirle que se retire de la cafetería de la Cámara los productos de empresas que, como Coca-Cola, "vulneran", a su juicio los derechos de los trabajadores.

Cayo Lara solicita la intervención de Posada para que la Mesa del Congreso tome medidas y se deje de tener una relación comercial con aquellas compañías o marcas que "incumplan las resoluciones de los órganos de justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes".

El líder de IU se ha referido expresamente al caso de la multinacional de bebidas recordando el conflicto laboral que ha cumplido un año desde que se presentará un expediente de regulación a más de 1.100 empleados.

También explica en la misiva que los trabajadores recurrieron este expediente y ganaron el juicio en la Audiencia Nacional, una sentencia que "no solo no ha acatado" Coca-Cola, empresa con más de 920 millones de euros de beneficio -asegura Lara, sino que ha tratado de "desmantelar" la fábrica de Fuenlabrada para evitar el "cumplimiento efectivo" del fallo judicial.

Por todos estos motivos, el líder de IU considera necesaria la "intervención" de Posada con el fin de que el órgano de gobierno del Congreso, responsable del presupuesto, así como de su control y ejecución, actúe ante la contrata del servicio de restauración de la Cámara para evitar relaciones comerciales con esta clase de empresas.

E incluso va más allá porque cree que se debe retirar la autorización para la venta de determinados productos de estas empresas.

Desde el 1 de enero de 2014, el servicio de comedor y cafetería en la Cámara Baja lo presta la empresa Eurest, que sustituyó al grupo Arturo Cantoblanco.

El contrato de adjudicación, que asciende a 1,77 millones de euros por dos años, obliga a la filial de la multinacional británica Compass Group, a adaptarse en todo momento a las normas y a los cambios que pueda introducir la Mesa del Congreso.

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