La ONU acusa al Gobierno de Burundi de posibles crímenes contra la humanidad

El grupo de expertos de la ONU designados para examinar el alcance de las violaciones a los derechos humanos en Burundi ha determinado que el Gobierno del país y grupos afines han cometido vejaciones de forma amplia y sistemática que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

El grupo de expertos fue designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 17 de diciembre de 2015 para llevar a cabo una investigación de las violaciones y abusos de los derechos humanos en el país africano.

El panel hizo varias visitas al país y hoy publicó su informe final, que describe “abundantes evidencias de graves violaciones a los derechos humanos que puede considerarse como crímenes contra la humanidad por el Gobierno y grupos asociados”.

El grupo de expertos está conformado por el relator de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Christof Heyns, por la relatora especial para los refugiados, inmigrantes y desplazados, Maya Sahli-Fadel, y por el relator sobre la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff.

“Dado que el patrón de violaciones sugiere que son deliberadas y el resultados de decisiones conscientes, está en poder del Gobierno detenerlas”, subrayaron los expertos.

El informe documenta cientos de casos de ejecuciones sumarias, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.

Las investigaciones indican “un patrón de violaciones sistemáticas y generalizadas” que, a entender de los expertos, pueden poner en serio peligro la paz y la estabilidad en el país, dada la historia de conflicto interétnico y de violencia masiva.

Por ello la comisión pide al Gobierno de Burundi, a la Unión Africana, al Consejo de Derechos Humanos y al Consejo de Seguridad que “actúen de forma contundente” para evitar que los crímenes cometidos queden impunes y que la violencia degenere.

Para evitar que esto ocurra, los expertos piden que se establezca “inmediatamente” una comisión internacional de investigación, que se reconsidere la participación como miembro de Burundi en el Consejo de Derechos Humanos y la posibilidad de invocar el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en el caso que el Gobierno siga sin autorizar el despliegue de fuerzas de la ONU en su territorio.

Hasta la fecha, el Gobierno de Burundi ha rechazado el despliegue de 228 policías aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ayudar a estabilizar el país tras meses de tensión política.

Burundi sufre una crisis desde que, el pasado abril de 2015, el presidente del país, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohibía la Constitución y violó los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.

La crisis política ha causado cientos de muertos en el último año y ha hecho que unas 400.000 personas hayan huido de sus hogares, según datos de la ONU.