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Orozco pondrá "todos los medios" necesarios a disposición de la Justicia

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Agentes de Aduanas recaban información en el Ayuntamiento de Arzúa (A Coruña)

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El gobierno local de Lugo confirmó hoy que el alcalde, el socialista José López Orozco, ha sido citado de nuevo a declarar a petición propia por la instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, y reiteró que el regidor y el propio Ayuntamiento pondrán "todos los medios" necesarios a disposición de la Justicia. "para el esclarecimiento de cualquier hecho que pudiera ser irregular".

De hecho, en un comunicado, el gobierno local de Lugo subraya que López Orozco "volverá a comparecer" ante la jueza instructora para "darle todos los datos y explicaciones que considere precisos para el desarrollo de la investigación que está llevando a cabo".

En el mismo escrito, "el alcalde y el Ayuntamiento de Lugo reiteran, una vez más, todo su apoyo y disposición de colaboración con la Justicia, para que ésta investigue cualquier hecho que pudiese ser considerado irregular".

"Tanto el alcalde como el Ayuntamiento de Lugo ofrecieron siempre y lo seguirán haciendo todas las facilidades y medios de los que dispone la Administración local para que este Poder del Estado pueda llevar a cabo su trabajo con todo el rigor, la diligencia y la independencia necesarias".

El alcalde de Lugo ya había prestado declaración como imputado ante la jueza instructora en noviembre. Entonces, después de un interrogatorio que se prolongó durante unas seis horas, el regidor local quedó en libertad sin ningún tipo de medida cautelar.

En esta ocasión, la jueza atiende a la petición que formuló la defensa del propio alcalde, quien a raíz de las informaciones publicadas con respecto al auto de intervención judicial de Cechalva, en el que la propia instructora explicitaba sus sospechas sobre el pago de sobornos por parte esa empresa a López Orozco, solicitó que su cliente fuese llamado de nuevo a declarar.

En el auto de intervención judicial de Cechalva, empresa concesionaria de la grúa municipal en Lugo, la propia instructora dejaba ver sus sospechas sobre el supuesto pago de sobornos, por importe de 2.000 euros al mes, a López Orozco y al que entonces era responsable político de ese servicio, el exconcejal Francisco Fernández Liñares.

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