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El Parlamento canario denuncia el inicio de las prospecciones en Canarias

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado hoy martes una propuesta de resolución conjunta en la que reitera su rechazo a la aprobación por parte del Gobierno de las autorizaciones concedidas a Repsol para la ejecución de los sondeos y en la que denuncia el inicio de las prospecciones que ya se están realizando en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

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Este acuerdo fue adoptado tras debatirse una nueva comunicación --la cuarta-- sobre las prospecciones petrolíferas y en la que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, adelantó que va a seguir "pelando" para que el petróleo que pueda haber en la zona sea de los canarios.

En la resolución aprobada con el apoyo de CC, PSOE y Grupo Mixto y el voto en contra del PP, se indica que con el inicio de las prospecciones "se desprecia la amplia contestación ciudadana en contra de las prospecciones y de los numerosos pronunciamientos de las instituciones canarias solicitando su paralización, entre otros, los realizados por la propio Parlamento".

En el segundo punto, la Cámara además expresa su reprobación a la actuación del Gobierno por impedir la participación popular en un asunto de "tanta trascendencia" para el futuro del archipiélago, en primer lugar, por su ausencia de respuesta a la solicitud formal de referéndum, y en segundo lugar, por promover la suspensión de la consulta que se había convocado para el pasado 23 de noviembre.

Por último, se agradece las actuaciones pacíficas de las organizaciones sociales para la protección ambiental del medio marino del archipiélago para la protección ambiental del medio marino del archipiélago, en especial las de Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, así como las iniciativas que contribuyan a la salvaguarda del mar y de las especies, como la planteada por WWF para la creación de un santuario de ballenas y delfines en la zona afectada por los trabajos de Repsol.

En la misma sesión fueron rechazadas las propuestas de resolución del PP, en las que se instaba al Gobierno de Canarias al cumplimiento de la legalidad y a las normas fundamentales del Estado de Derecho, así como a la legislación básica en materia de hidrocarburos.

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