El Parlamento venezolano registra 31 detenciones por el caso de sublevados abatidos

La comisión del Parlamento venezolano que investiga la muerte del policía alzado Oscar Pérez y sus otros seis compañeros abatidos hace una semana aseguró hoy que, por este hecho, se han detenido a 31 personas, entre ellos familiares y amigos de las víctimas, y denunció amenazas contra allegados a los fallecidos.

“Hemos podido verificar 31 detenciones arbitrarias por el caso de la masacre de El Junquito (como llama la Cámara al caso), familiares directos e indirectos y amigos cercanos de las víctimas de la masacre”, dijo la presidenta de la comisión especial del Parlamento, Delsa Solórzano.

En rueda de prensa, indicó también que desconocen el paradero de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco del operativo policial del lunes pasado, en el que murieron nueve personas, entre ellas Pérez y dos funcionarios.

“Han sido amenazados los familiares, hay serias amenazas a varios amigos cercanos e incluso a los empleadores de las personas asesinadas”, agregó sin especificar de parte de quién vienen las supuestas amenazas.

Solórzano denunció “allanamientos de morada sin orden judicial” y “lesiones gravísimas en contra de varios ciudadanos a los que se les visitó para interrogarlos sobre su relación personal con los fallecidos”.

“Todo esto constituye sin duda alguna una gravísima violación de derechos humanos”, apuntó, y destacó que el lugar donde se registró el operativo para la captura de Pérez y sus compañeros fue destruido.

Asimismo, reiteró que seis de los abatidos murieron por un disparo en la cabeza, según se pudo ver en el acta de defunción, algo que constituye un “patrón”.

Esto “genera dudas ¿en qué momento murieron? ¿después de recibir los disparos con el arma militar? (...) ¿murieron con el RP3 lanza cohetes o murieron después ajusticiados?”, se preguntó.

Informó además de que este lunes solicitarán a los organismos correspondientes una indemnización y protección a los familiares de los fallecidos.

Pedirán también los documentos de las autopsias de los cuerpos en la morgue principal de Caracas, ya que sospechan que de un posible embarazo de la mujer identificada como Lisbeth Ramírez, por un retraso menstrual de dos meses, según sus familiares.

Solórzano adelantó que los diputados han acudido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para solicitar las actuaciones con respecto a este caso, y hasta el momento no han obtenido respuesta.

El agente Pérez se rebeló contra Maduro en junio pasado al sobrevolar Caracas con un helicóptero de la Policía científica y disparar contra dos edificios oficiales sin causar heridos o muertos.

Desde entonces grabó desde la clandestinidad varios vídeos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno chavista.

Antes de morir, Pérez subió a las redes sociales varios vídeos desde el interior de la vivienda, en los que pedía a los agentes que le dejaran entregarse.