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Pascual Sala afirma que el Estatuto catalán "está vivo y fue validado en referéndum"

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Pascual Sala afirma que el Estatuto catalán "está vivo y fue validado en referéndum"

Pascual Sala afirma que el Estatuto catalán "está vivo y fue validado en referéndum"

Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional (TC), ha recordado hoy la plena vigencia del Estatuto catalán, que "está completamente vivo" y "ha sido validado en referéndum por el pueblo de Cataluña" y por las Cortes, por más que parezca haber sido "olvidado".

El presidente del Constitucional se ha referido a la Declaración soberanista del Parlamento catalán, recurrida ante el Constitucional por el Gobierno y admitida a trámite por el tribunal (que acordó también la suspensión automática provisional, prevista por la ley).

A ese respecto Sala ha explicado que, más allá de su carácter político, dicha declaración "podría contener supuestos constitucionales".

En este contexto, Sala ha hecho una defensa cerrada de la vigencia del Estatuto catalán, validado por el pueblo de Cataluña en referéndum y por las Cortes y sobre el cual el Constitucional, ha recordado, hizo "una sentencia interpretativa" que apenas anuló algunos incisos.

"Por consiguiente", ha añadido, "podría ser desarrollado, incluso en sus propios términos, y sin embargo parece que está olvidado", ha expresado antes de hacer un reconocimiento expreso de las señas de identidad históricas de Cataluña.

A preguntas de los periodistas, Sala ha recordado la doctrina del tribunal considerando que las lenguas cooficiales pueden ser vehiculares en la enseñanza.

Sala ha hecho estas declaraciones en su presentación de la Memoria 2012 del Tribunal Constitucional que ha hecho hoy en la sede de la institución, una memoria que registra una entrada de recursos y conflictos en 2012 similar a la del año anterior.

El presidente del Constitucional se ha referido también al pronunciamiento que el TC tiene pendiente sobre la Ley del Aborto señalando que "no quiero adelantar criterios", aunque ha concretado que, en su día, se solicitó la suspensión de esa ley y el tribunal desestimó tal medida.

Por otro lado, el presidente del Constitucional, que afronta los últimos días de su mandato porque el Consejo General del Poder Judicial debería nombrar en los próximos días a su sustituto como magistrado, se ha referido a la necesidad por parte del Parlamento y otras instituciones de cumplir los plazos que la Constitución les impone para renovar al TC.

No hacerlo, ha recordado, es un "incumplimiento flagrante de la Constitución" que dinamita la necesidad de que la sustitución de los magistrados no sea en bloque, para evitar cambios bruscos en la doctrina que se haya venido instituyendo en el alto tribunal.

Sobre su propia renovación a cargo del CGPJ, Sala se ha mostrado confiado porque históricamente ese órgano judicial no se ha retrasado nunca en esta función, como tampoco el Gobierno.

Por otra parte, Sala ha defendido que "el tribunal jamás hace una sentencia por razones de oportunidad política", siempre se pronuncia en función de criterios político-constitucionales.

"El Constitucional español es el que más ha defendido la libertad de expresión y el derecho de información del mundo, por lo que no reprocharé a ningún medio las críticas", ha explicado, pero luego ha lamentado las descalificaciones que se hacen sin base en los fundamentos de las sentencias.

Se ha referido también a la necesidad de que los magistrados y el presidente del tribunal viajen a países de América Latina y África del Norte, porque es su responsabilidad mantener la influencia importante que la institución tiene en sus iguales de estos países.

De este modo, aunque indirectamente, se ha defendido de los reproches que se le hayan podido hacer por estos viajes en los medios de comunicación, expresando que dejar de hacer estos desplazamientos sería "una irresponsabilidad absoluta".

Además, Sala ha sido preguntado sobre la sentencia pendiente del Tribunal de Estrasburgo en relación con la etarra Inés del Río, todo lo cual cuestiona la doctrina Parot, y ha señalado que la jurisprudencia de esa instancia debe ser aplicada por el Constitucional, aunque no anula sus sentencias.

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