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Piden que se readmita a los guardias civiles expulsados por defender sus derechos
Cuatro entidades han registrado en el Congreso de los Diputados una petición para que se readmita a los guardias civiles que a finales de los años 80 y principios de los 90 fueron expulsados del cuerpo por reivindicar derechos profesionales y laborales para los miembros del instituto armado.
El Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, la Sociedad Unionista de Guardias Civiles, la Agrupación Reformista de Policías y el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción firman la petición, dirigida a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, son sello de registro del pasado día 26 de octubre y a la que ha tenido acceso Efe.
Los firmantes de la solicitud solicitan al Congreso que se lleve a efecto la proposición no de ley de UPyD, aprobada por la unanimidad en la Comisión de Interior en septiembre de 2009, en la que se instaba al Gobierno a revisar de forma individualizada todos los expedientes abiertos en aquellos años, “anulando a todos los efectos las sanciones injustas”.
El texto aprobado recordaba los casos del sargento José Morata, uno de los fundadores de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el cabo primero Manuel Rosa y los guardias Manuel Linde y José Carlos Piñeiro, todos ellos “injustamente” expulsados del Cuerpo por defender los derechos de los agentes, decía la iniciativa.
Sin embargo, casi dos años después, y en respuesta parlamentaria a la entonces portavoz de UPyD, Rosa Díez, el Gobierno manifestó su posición contraria a la readmisión.
Según decía el Ejecutivo en su respuesta, esos agentes fueron separados del servicio como consecuencia de actos administrativos “firmes y completamente ejecutados” que, en aplicación del actual régimen disciplinario, también estarían tipificados como falta “muy grave”.
Los firmantes de la petición adjuntan la proposición y la transcripción de los debate y solicitan que se apliquen “en la forma y en el fondo” esas resoluciones para que puedan revisarse los expedientes de los guardias afectados.
Consideran que es “una grave injusticia” que se mantenga la situación de expulsión de esas personas, decidida en el siglo pasado, e instan a los grupos parlamentarios a emprender las acciones oportunas.
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