Polémica en Polonia por los intentos del Ejecutivo de controlar el Constitucional

El nuevo Gobierno conservador de Polonia ha aprovechado su mayoría absoluta para modificar esta semana la composición del Tribunal Constitucional y asegurarse su control, reforma que podría ser ilegal y mantiene bloqueada a la institución, y que la oposición califica de dictatorial.

Hay mucho en juego, ya que manejar el Constitucional allanaría el camino para que el gubernamental partido Ley y Justicia pueda reformar el sistema de jubilación, limitar la propiedad extranjera de la banca y de los medios de comunicación, e incluso cambiar la Carta Magna para incluir referencias contra el aborto o el matrimonio homosexual.

Por ahora esa lucha de poder por controlar el Constitucional tiene a la institución paralizada, a la espera de que se aclare la validez de los nuevos nombramientos.

Ley y Justicia defiende que el Constitucional “refleje la composición del Parlamento tras las elecciones” del pasado 25 de octubre, en las que los nacionalistas-conservadores consiguieron mayoría absoluta y pusieron fin a ocho años de Gobierno de la formación de centro-derecha Plataforma Ciudadana.

Con este objetivo, la Cámara Baja polaca dio esta semana luz verde al nombramiento de cinco nuevos jueces para el Constitucional, invalidando los cinco nombramientos previos a las elecciones generales.

La oposición ha calificado este movimiento de ilegal, antidemocrático y dictatorial.

“Esto es una vergüenza para el Parlamento y para la democracia parlamentaria”, ha dicho el ex ministro Exteriores del anterior Ejecutivo Grzegorz Schetyna.

Frente a las críticas, el nuevo ministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobr, ha afirmado que su partido “está introduciendo un nuevo orden constitucional” y ha defendido la decisión de modificar la composición de una institución que “ha estado actuando a instancias de Plataforma Ciudadana”.

En un intento de acelerar los trámites, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, también vinculado a Ley y Justicia, refrendó cuatro de los nombramientos en una ceremonia apresurada, celebrada a puerta cerrada en la medianoche del pasado miércoles, justo después de la resolución parlamentaria.

“Hay que reforzar las instituciones y acabar con el caos”, afirmó Duda en un discurso televisado.

El presidente obvió en su comparecencia que, horas antes, el propio Tribunal Constitucional había considerado inválida la designación de dos de los cinco jueces nombrados durante la pasada legislatura, pero que también los nombramientos de los cinco nuevos magistrados por el nuevo gabinete.

Todavía no se sabe cómo puede afectará esta resolución a los jueces que ya han sido ratificados por el presidente del país.

Ley y Justicia asegura que el anterior Gobierno vulneró la legalidad al aprobar a principios de año una ley que le permitió nombrar a cinco jueces poco antes de las elecciones, aunque ninguno de esos magistrados fue refrendado por el jefe del Estado.

La polémica se ceba así con el Ejecutivo de la primera ministra, Beata Szydlo, quien en sus primeras semanas ha pasado de ser considerada una política moderada a ser descrita por la prensa progresista y la oposición como la responsable de una “regresión democrática” en Polonia.

Se destaca, por ejemplo, el nombramiento como ministro de Defensa de Antoni Macierewicz, que defiende que la tragedia Smolensk (donde en 2010 se estrelló el avión presidencial polaco y murieron todos sus ocupantes) fue una conspiración contra el país, o la amenaza del nuevo ministro de Cultura, Piotr Glinski, de despedir a los periodistas de las cadenas públicas que no hagan bien su trabajo.

Detrás de Szydlo se esconde el verdadero ideólogo de Ley y Justicia, el líder del partido y ex primer ministro polaco Jaroslaw Kaczynski.

El giro hacia una política nacionalista preocupa también en Bruselas, donde Varsovia ya ha expresado su oposición al sistema de cuotas de refugiados en línea con el llamado grupo de Visegrado, la alianza centroeuropea que reúne también a la República Checa, Hungría y Eslovaquia.