La Policía norirlandesa libera a un miembro del Sinn Féin vinculado a un asesinato

La Policía norirlandesa puso hoy en libertad al político del Sinn Féin Bobby Storey, cuya detención en relación con un asesinato supuestamente perpetrado en agosto por exmiembros del IRA contribuyó a la crisis en el Gobierno de la provincia.

Storey era uno de tres hombres detenidos ayer por su supuesta implicación en la muerte en agosto del excombatiente del IRA Kevin McGuigan, junto con Eddie Copeland y Brian Gillen, ambos figuras conocidas del movimiento republicano.

Una mujer de 50 años ha sido detenida además hoy en relación con ese crimen, cuya autoría investigan las fuerzas de seguridad.

La Policía cree que antiguos miembros del IRA están relacionados con el asesinato, aunque no hay pruebas de que la muerte fuera ordenada por la organización, inactiva desde 2005.

El abogado de Storey, John Finucane, escribió en Twitter que “en ningún momento se han presentado pruebas” en contra de su cliente, que planea querellarse por “detención ilegal”.

El presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, había puesto en duda el proceso que llevó a la detención de Storey, directivo del partido en el norte de la provincia, y mantiene que el IRA “se ha acabado”.

La investigación policial sobre la posible implicación del IRA en el asesinato del pasado agosto fue uno de los motivos alegados hoy por el ministro principal norirlandés, el unionista Peter Robinson, al anunciar su dimisión del Ejecutivo autónomo.

Robinson dijo que dimitía ante la negativa de sus socios de Gobierno, entre ellos el Sinn Féin, a suspender la Asamblea (poder legislativo) hasta que la Policía esclarezca la supuesta actividad de exmiembros del IRA.

“El fracaso del SDLP y del Sinn Féin en la aplicación de los Acuerdos de Stormont, junto con el análisis del comisario sobre la implicación del IRA en un asesinato, la vigencia de las estructuras del IRA y las detenciones subsiguientes han llevado al límite” al Gobierno autónomo, declaró.

La salida de Robinson sume en una crisis al Gobierno de poder compartido entre unionistas y republicanos, pero en principio las instituciones podrán seguir funcionando.