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Policías toman un cuartel en Bolivia para la destitución de un jefe acusado de racismo

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Policías toman un cuartel en Bolivia para la destitución de un jefe acusado de racismo

Policías toman un cuartel en Bolivia para la destitución de un jefe acusado de racismo

Policías bolivianos de bajo rango tomaron hoy un cuartel cercano al Palacio presidencial en La Paz y lograron que las autoridades destituyeran a un capitán acusado de racismo, malos tratos y abuso de autoridad.

El edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), muy cercano a la Plaza Murillo, donde están el Palacio de Gobierno y el Parlamento, fue ocupado esta mañana por decenas de agentes, la mayoría encapuchados, que reclamaban la destitución del capitán Javier Morales Luján.

El momento más tenso ocurrió cuando los policías que estaban dentro del cuartel lanzaron gases lacrimógenos y piedras hacia la calle para evitar la entrada de otros agentes enviados al lugar para tratar de normalizar la situación.

En declaraciones al canal de televisión Red Uno, el comandante nacional de la Policía, general Alberto Aracena, señaló que se trató de una "reacción por malos tratos del capitán Morales", contra quien se han tomado "medidas disciplinarias".

"Él ha sido ya destituido, vamos a someterle a medidas disciplinarias. Del mismo modo, se va a ampliar las investigaciones ante una comisión de fiscales en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) por presuntos hechos de racismo", señaló Aracena.

El comandante pidió "calma y cordura" a sus camaradas y se comprometió a atender otras demandas que pudieran tener.

Entre los supuestos abusos cometidos por el capitán Morales figuran sanciones obligando a los agentes a "trabajar en albañilería al interior de la unidad en horas de la noche", dijo a los medios el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

Las autoridades buscarán reunirse en las próximas horas con los agentes para resolver este conflicto.

En junio 2012, los policías de bajo rango se amotinaron en el cuartel de la UTOP y protagonizaron disturbios violentos y un cerco al Palacio Quemado y el Parlamento durante una semana para exigir mejoras salariales.

El Gobierno denunció entonces que estaba en marcha un complot golpista con apoyo de la derecha y Estados Unidos, lo que fue rechazado de plano por los agentes y por dirigentes de la oposición.

Aquel conflicto concluyó con el compromiso de las autoridades de aumentar el salario mínimo de más de 30.000 policías de bajo rango en 14 dólares mensuales y duplicar una asignación de víveres, de tal forma que el agente con el salario más bajo reciba 295 dólares, incluida una paga mensual extra de 57 dólares.

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