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Procesan a tres etarras de comando Ibarla por la muerte de un policía en 1995

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Procesan a tres etarras de comando Ibarla por la muerte de un policía en 1995

Procesan a tres etarras de comando Ibarla por la muerte de un policía en 1995

La Audiencia Nacional ha procesado a tres etarras del comando Ibarla de ETA, entre ellos la que fue líder de la banda Iratxe Sorzabal Díaz, detenida el pasado septiembre en Francia, por la muerte en 1995 de un policía al explosionar un artefacto en un cuartel de la Guardia Civil abandonado.

Tras reabrir el caso, el juez Juan Pablo González ha procesado por un delito de atentado terrorista con resultado de muerte a Sorzabal, así como a sus compañeros de comando Marcos Sagarzazu Oyarzábal y Francisco Javier Irastorza Dorronsoro, que fueron entregados por Francia en 2007 por la colocación de unos artefactos en Valencia pero que actualmente están en libertad.

Sorzabal está considerada como una de las líderes de ETA, con un amplio historial terrorista a sus espaldas, además de participante en la difusión de comunicados como el que sirvió a la banda para anunciar el cese definitivo de su actividad armada.

Según el juez, sobre los tres hay pruebas suficientes para juzgarlos por la muerte el 19 de abril de 1995 del policía nacional Eduardo López Moreno en un cuartel de la localidad navarra de Endarlaza cuando explosionó una bomba que habían colocado allí unos meses antes.

El magistrado mantiene en el auto la libertad provisional de Sagarzazu e Irastorza y les cita el próximo día 19 a las 10.00 horas en la Audiencia Nacional para comunicarles el procesamiento, al tiempo que pide a Francia que entregue a España a Sorzabal para que pueda ser juzgada.

El procesamiento de los tres se basa en varios informes policiales y en la documentación intervenida en el registro en 2002 de un "zulo almacén" en la localidad francesa de Castres, donde se encontró un documento manuscrito de Iratxe Sorzabal en el que describía varios de los hechos cometidos por el comando junto a "Marcos y Xavi", en referencia a los otros dos miembros del comando procesados.

Entre las acciones que describe se cuenta la colocación del explosivo en el cuartel, explica el juez, que aclara que si bien ella no colocó materialmente el explosivo, sí era miembro activo del comando e intervino en la preparación y transporte del artefacto.

Un informe de la Guardia Civil concluye además, basándose en la declaración de la etarra y en varios documentos, que fueron los dos hombres procesados los que pusieron el artefacto el 29 de enero de 1995.

Sorzabal, de 43 años, fue detenida el pasado septiembre en Francia y se le atribuye también la colocación en diciembre de 1995 de cinco artefactos explosivos en las dependencias de El Corte Inglés en Valencia, uno de los cuales causó la muerte de Josefina Corresa Huerta.

Se le acusa asimismo de haber participado en el asesinato del jefe de la Ertzaintza Ramón Doral con una bomba lapa adosada en los bajos de su vehículo, en marzo de 1996.

Sorzabal huyó a Francia, donde fue detenida en 1997, tras lo que el Tribunal Correccional de París la condenó a dos años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas.

Una vez cumplida esta condena, en 1999 fue expulsada a España en virtud de una prohibición de residencia en territorio francés.

No obstante quedó en libertad por no tener ninguna causa pendiente en España y se integró en la estructura de la izquierda abertzale como portavoz de Gestoras Pro Amnistía en Guipúzcoa.

Fue detenida el 30 de marzo de 2001 en Hernani (Guipúzcoa) acusada de formar parte del "comando Sugoi" de ETA, autor presuntamente de la colocación del coche bomba que acabó con la vida de un mosso de Esquadra en Roses (Gerona) en 2001.

Tras su detención denunció haber sufrido torturas por parte de agentes de la Guardia Civil y finalmente fue puesta en libertad por los tribunales y pasó a la clandestinidad.

El Tribunal Correccional de París la condenó en rebeldía en junio de 2006 a tres años de cárcel por su pertenencia al aparato político de ETA.

Fue de nuevo condenada en rebeldía en 2013 en el juicio en el que se impuso la cadena perpetua a Carrera Sarobe por el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton en 2007.

Durante su etapa de clandestinidad tuvo un hijo con el exdirigente etarra Mikel Carrera Sarobe -que cumple varias penas en Francia-.

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