Rousseff pide una rápida definición sobre su juicio y el Congreso le da largas

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, exigió hoy que el proceso que definirá si es sometida a un juicio de destitución concluya “lo más rápido posible”, pero el Congreso le dio largas y postergó para mañana martes la formación de la comisión que lo decidirá.

La comisión especial debía crearse hoy, pero la Cámara baja informó que ese primer paso ha sido postergado para mañana por problemas en el nombramiento de los miembros del grupo, que serán 65 diputados de todos los partidos con representación parlamentaria.

Las mayores dificultades surgieron en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer pero que tiene fuertes disidencias internas y está dividido entre quienes respaldan a Rousseff y aquellos que pretenden recortar su mandato.

La división en el PMDB fue confirmada hoy por Eliseu Padilha, un influyente dirigente de esa formación que el pasado viernes renunció al cargo de ministro de Aviación Civil que ocupaba desde hace unos meses alegando “razones personales”, según explicó una nota oficial.

“El partido está dividido sobre esa cuestión (del juicio contra Rousseff) y tendremos que ver cuál es el sector mayoritario”, dijo Padilha, quien apuntó que el vicepresidente Temer está “estudiando la situación” dentro del PMDB.

Temer, quien asumiría la presidencia en caso de que Rousseff fuera separada del cargo, aún no se ha manifestado ni a favor ni en contra del proceso, lo cual ha sembrado desconfianzas en el propio Gobierno, según han confirmado diversas fuentes oficiales.

Sin embargo, Rousseff insistió hoy en que confía en el apoyo que le darán tanto el PMDB como el propio Temer.

“Confío en el vicepresidente Temer como siempre confié”, declaró Rousseff, quien subrayó que “siempre fue extremadamente correcto”, por lo que no puede “desconfiar ni un milímetro de él”.

Antes de que se decidiera el aplazamiento de la instalación de la comisión, Rousseff declaró en una rueda de prensa que el trámite para decidir si finalmente será juzgada debe concluir “lo más rápido posible”, pues el país “no puede quedar esperando” por una decisión.

Incluso abogó porque el Congreso nacional suspenda el receso que tiene previsto entre los próximos 22 de diciembre y 2 de febrero, a fin de que avance el complejo proceso para determinar si responderá a un juicio político.

“Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero”, dijo la mandataria, quien consideró “justo y legítimo” que las cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año.

Sin embargo, apuntó que “el Congreso puede volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes”.

Rousseff insistió en que las supuestas maniobras fiscales que el Gobierno realizó para presuntamente maquillar sus resultados del año pasado, que según los órganos de contraloría del Estado fueron “irregulares” y continuaron en 2015, no bastan para iniciar un proceso de destitución.

De todos modos, subrayó que esas cuentas deben ser sometidas a un análisis y ser aprobadas o rechazadas por el Parlamento, lo cual aún no ha ocurrido ni con los resultados del año pasado ni con los del actual ejercicio.

Rousseff conversó con los periodistas tras una reunión con un grupo de unos treinta juristas con los que analizó las acusaciones en su contra y el juicio al que puede ser sometida.

Según una nota divulgada por la Presidencia, “todos” los juristas reunidos por Rousseff rechazaron su posible enjuiciamiento, ya que consideran que en la acusación “no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad”.

Esa opinión es totalmente contraria a la que sostienen tanto la oposición como el grupo de abogados que han pedido procesar a la mandataria, quienes aseguran que las maniobras fiscales del Gobierno constituyen un “delito de responsabilidad”, que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.