El Senado aprobará en trece días la reforma exprés del TC, sin intención del PP de introducir cambios

El texto llegó el viernes a la Cámara tras ser aprobado en el Congreso y fue remitido a la Comisión Constitucional. Por acuerdo de la Mesa, la tramitación va a ser aún más corta que una tramitación urgente, por lo que los grupos tienen de plazo “improrrogable” hasta este jueves para presentar las enmiendas y los vetos que consideren oportunos.

En previsión de la falta de tiempo, la Comisión Constitucional designó ya la semana pasada a los miembros de la ponencia que revisará el texto, aunque no hay fecha para su reunión ni para la de la propia Comisión. En cualquier caso, fuentes del PP han asegurado a Europa Press que, a fecha de hoy, no hay intención de introducir ningún cambio en la proposición.

Lo que es seguro es que la iniciativa tiene que llegar al Pleno de la semana que viene, que arranca el martes a las cuatro de la tarde. Es el último de la legislatura, en el que se aprobarán los tres últimos proyectos del Gobierno: los Presupuestos Generales del Estado, esta reforma del TC y el proyecto de Ley Orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España.

EN LECTURA ÚNICA EN EL CONGRESO

La proposición de ley, presentada al inicio del actual periodo de sesiones por el candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, se ha tramitado en el Congreso de urgencia (acortando los plazos a la mitad) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) con el fin de poder completar todo el proceso parlamentario antes de las elecciones generales.

La reforma detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según el PP, ha habido varios casos de “desacato” en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.

MÁS MULTAS Y OPCIÓN A SUSPENDER A UN PRESIDENTE

Con su proposición, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte “las medidas necesarias” para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Y en los casos “de especial trascendencia constitucional”, el Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.