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El Senado estudiará recomendaciones europeas para endurecer el control de los senadores y luchar contra la corrupción

El GRECO aconseja elaborar un código de conducta para los parlamentarios y ampliar la información recogida en sus declaraciones de bienes

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El Senado estudiará recomendaciones europeas, especialmente las elaboradas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), con el objetivo de endurecer el control de los parlamentarios en la Cámara alta y para así luchar contra la corrupción.

Así lo ha manifestado el vicepresidente primero del Senado, Juan José Lucas, al término de la reunión de la Junta de Portavoces, en la que todos los grupos parlamentarios se han comprometido a estudiar algunos informes para prevenir la corrupción en los parlamentarios y han expresado su preocupación sobre este asunto a raíz de casos como el del exsenador Francisco Granados, que actualmente está detenido por su implicación en el 'caso Púnica' de corrupción municipal.

De hecho, la portavoz socialista, María Chivite, abrió un debate acerca de las declaraciones del patrimonio y la renta de los senadores con el objetivo de que el Senado pueda cambiar su Reglamento para poder reprochar o sancionar de alguna manera a los que la falseen. La Cámara no tiene ningún instrumento para hacerlo y se limita a registrar y publicar los datos que dan sus señorías.

El GRECO, que se encarga de supervisar que los 49 Estados miembros del Consejo de Europa cumplen con las medidas que este organismo establece contra la corrupción, ha elaborado un informe de evaluación sobre España en el que se recogen diversas medidas para atajar la corrupción de altos cargos políticos que la Cámara alta se ha comprometido este martes a estudiar.

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS SENADORES

Entre las recomendaciones recogidas, destaca la elaboración y aprobación de un código de conducta en el que conste la prevención de conflictos de intereses, reglados y otros beneficios. Asimismo, este código deberá complementarse con un mecanismo de asesoramiento para los parlamentarios sobre cuestiones éticas.

Otro de los consejos del GRECO se basa en la adopción de normas sobre el modo en el que los senadores se relacionan con los grupos de presión u otros grupos que aspiran a influir en la función legislativa.

Por otro lado, se aconseja la revisión de los requisitos de publicidad de las declaraciones que todos los parlamentarios deben realizar ante las Cámaras para aumentar los supuestos y el nivel de detalles con que deben formularse. Concretamente, recomienda la presentación de las declaraciones a final del mandato y la inclusión del valor de mercado de inmuebles y vehículos.

MÁS INFORMACIÓN EN LA DECLARACIÓN DE BIENES

De igual modo, dentro de las declaraciones de bienes y actividades, el GRECO apuesta por la publicación de los nombres de las empresas a las que pertenecen las acciones y el capital, de los tipos de interés pagados por los créditos obtenidos de entidades financieras, y también aboga por la inclusión de información y sobre los regalos y viajes pagados por terceros. Además, recomienda la inserción de las rentas obtenidas por actividades accesorias.

El GRECO también hace hincapié en la necesidad de supervisar las declaraciones de bienes, a través de la comprobación con la autoridad tributaria, y contempla la imposición de sanciones en casos justificados. En aras de la transparencia de los parlamentarios, el GRECO también aconseja publicar sus agendas y la de los grupos a los que pertenecen.

EL PP, DISPUESTO A CREAR UN GRUPO DE TRABAJO

El portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha destacado la labor de estudio en términos de "derecho comparado" que se va a llevar a cabo desde los servicios jurídicos de la cámara para su posible aplicación en España como medida para luchar contra la corrupción.

Barreiro, a su salida de la reunión con los portavoces de los demás grupos, ha manifestado que "a priori" no ve ningún problema en la creación de una Ponencia o Grupo de trabajo en el Senado para abordar esta cuestión tan específica, aunque eso sí, será la Mesa de la Cámara alta la que acuerde si se hará o no.

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