Unidos Podemos pide garantías económicas e incluir el derecho al aborto en el pacto de Estado

Unidos Podemos ha presentado 34 votos particulares al texto del futuro pacto de Estado contra la violencia de género para exigir más garantías económicas, así como incluir los derechos al aborto seguro y a la reproducción asistida para todas las mujeres.

La formación morada subraya que una de las “insuficiencias” más graves del texto consensuado en el Congreso es “la falta de garantías económicas” para materializar las medidas propuestas con un calendario concreto, lo que dificultará el seguimiento, control y evaluación de su ejecución.

Unidos Podemos pide más políticas de igualdad para reducir la brecha salarial y visibilizar a las mujeres en la cultura, la sociedad y la política, por considerar que “es la mejor estrategia para erradicar las violencias machistas”.

Igualmente, cree que es necesario superar la ley integral contra la violencia de género del año 2004 y generar un nuevo marco legislativo para luchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Apuesta por ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia machista recogidas en el Convenio de Estambul: violencia psicológica, física y económica, acoso, violencia sexual, mutilaciones genitales femeninas, aborto, esterilización forzosa, matrimonio forzado y crímenes “de honor”.

También reclama la participación del movimiento feminista, las asociaciones y los observatorios independientes en la comisión de seguimiento del acuerdo.

La formación liderada por Pablo Iglesias apunta que el informe aprobado por la subcomisión creada en el Congreso para articular el acuerdo -que incluye doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años- no es “el pacto de Estado”.

El pacto, señala Podemos, deberá ser conformado y suscrito por el Gobierno de la nación, las comunidades autónomas, los partidos políticos, los poderes del Estado y la sociedad civil.

Entre otras propuestas, aboga por garantizar los derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye tanto el derecho al aborto seguro como el acceso a la reproducción asistida para todas las mujeres.

Igualmente, plantea la adopción de medidas para mejorar la asistencia financiera y el empleo de las mujeres víctimas de violencias machistas, además de una serie de acciones para luchar contra la violencia sexual.

Aumentar la dotación de los servicios sociales municipales y autonómicos y ofrecer una garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista son otras de sus iniciativas.

Asimismo, propone la derogación del real decreto Sanitario 16/2012 que restringe derechos de las personas migrantes en situación irregular de acceso al Sistema Nacional de Salud, poniendo especial atención sobre las mujeres y niñas.

También sugiere la creación de un Observatorio Independiente, dotado de recursos públicos y conformado por expertas en feminismo.