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Los jueces deciden mañana si May puede activar el "brexit" sin el Parlamento

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Los jueces deciden mañana si May puede activar el "brexit" sin el Parlamento

Los jueces deciden mañana si May puede activar el "brexit" sin el Parlamento

El Tribunal Superior británico dictaminará mañana si la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, cuenta con el poder constitucional necesario para iniciar la desconexión de la Unión Europea (UE) sin autorización del Parlamento.

Tres magistrados escucharon hace dos semanas los argumentos de varios ciudadanos que han elevado ante la justicia una petición para obligar al Gobierno a convocar una votación en las cámaras antes de ejecutar el "brexit", la salida del Reino Unido de la UE.

Un fallo favorable a esos ciudadanos significaría que May debería pedir permiso a los diputados para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia formalmente el periodo de negociaciones de dos años para romper los lazos con la Unión.

El Ejecutivo, que espera comunicar a Bruselas de manera oficial su intención de abandonar el bloque antes del final del primer trimestre de 2017, ha sostenido durante el proceso judicial que el referéndum del 23 de junio, en el que ganó la opción del "brexit" con un 51,9 % de los votos, le otorga legitimidad para llevar adelante sus planes.

Si los jueces fallaran en contra del gabinete, "no se podría dar efecto a la voluntad y la decisión de los ciudadanos, expresada claramente en la consulta", sostuvieron los abogados del Gobierno ante el Tribunal Superior.

Esos letrados admitieron, sin embargo, que cualquier nuevo tratado entre el Reino Unido y la UE que salga de las futuras negociaciones entre ambos sí debería someterse -"muy probablemente"- al escrutinio de los diputados antes de entrar en vigor.

La sala del tribunal de Londres donde se celebraron las audiencias de este proceso, entre el 13 y el 18 de octubre, quedó desbordada de público ante el interés suscitado por un caso que ha sido descrito como uno de los contenciosos constitucionales más relevantes en el Reino Unido en las últimas décadas.

La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE "de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales", ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no cuenta con una Constitución escrita.

Dada la urgencia y la importancia del caso para el futuro político del Reino Unido, se espera que la apelación de cualquiera de las partes al fallo del Tribunal Superior sea revisada por la Corte Suprema, la máxima instancia judicial británica, antes de fin de año.

Entre los ciudadanos que iniciaron el proceso en el Tribunal Superior está la empresaria británica Gina Miller, que ha expresado su deseo de acabar con "un entorno legal" en el que el Gobierno "puede pasar por encima del Parlamento".

"Muchos de los derechos que la señora Miller y otras personas disfrutan actualmente (en el Reino Unido) quedarán borrados si se da la notificación" a Bruselas, argumentó ante la corte David Pannick, abogado contratado por la empresaria para defender su punto de vista.

Otra de las iniciativas presentadas ante la justicia parte de Grahame Pigney, un británico afincado en Francia, y Paul Cartwright, de Gibraltar, que lanzaron una campaña en línea para recaudar los fondos necesarios para cubrir los gastos legales del proceso.

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