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El coste por habitante de los servicios públicos básicos es en Madrid de 690 euros y en Barcelona, de 761

La media nacional se queda en 413,75 euros y los ayuntamientos entre mil y cinco mil habitantes tienen los costes más bajos

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El coste por habitante de los servicios públicos básicos es en Madrid de 690 euros y en Barcelona, de 761

El coste medio por habitante de los servicios públicos básicos que presta el ayuntamiento de Madrid ascendía en 2011 a 690,87 euros y en el caso de Barcelona, de 761,7. La media nacional se quedó en 413,75 euros por habitante al año, con los ayuntamientos de mil a cinco mil vecinos como aquellos con los costes más bajos: 311,55 euros.

Así consta en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre el sector público local relativo al ejercicio de 2011, al que ha tenido acceso Europa Press. Los datos proceden sólo de aquellos ayuntamientos que presentaron sus cuentas a tiempo, que fueron 6.316 de los más de 8.100 que existen.

Los servicios que se analizan son los considerados básicos: los relativos a seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente. Incluyen asuntos como el agua, los cementerios, los residuos o el alumbrado.

En el documento se precisa que los ayuntamientos mayores prestan más servicios que los menores. Al margen de Barcelona y Madrid, los ayuntamientos con costes medios más elevados son los de menos de mil habitantes: 472,13 euros. Después, los municipios con más de 50.000 habitantes registran un coste de 403,84 euros, los de 20.000 a 50.000, un coste medio de 381,53 y los de 5.000 a 20.000, de 358,07 euros anuales.

El Gobierno acaba de reformar la ley de bases de régimen local con varios propósitos, uno de ellos, colaborar a que se reduzcan estos costes en los servicios básicos que prestan los municipios. La norma entraré en vigor el 1 de enero y dará a las diputaciones un papel preponderante precisamente en la prestación de estos servicios para lograr costes menores.

DEL AGUA A LOS CEMENTERIOS

El coste medio del servicio de agua potable fue en 2011 de 46,83 euros, siendo más caro en Canarias y el País Vasco, siempre de media, y más barato en Madrid, Islas Baleares y Galicia. El 48 por ciento de los municipios tenía la gestión directa de este servicio ese año y el resto optó por subcontratarlo.

Otro de los servicios analizados es el alumbrado público, cuyo coste medio nacional fue de 32,19 euros por habitante. Los costes superiores se registraron en La Rioja, Cantabria y Aragón y los menores, en Murcia y Navarra. El 82 por ciento de los municipios ofrecía este servicio directamente y otro 15 por ciento, a través de una contrata.

En cuanto a la limpieza viaria, el 80 por ciento de los ayuntamientos mantenía en 2011 la gestión directa de este servicio. El coste medio por habitante fue de 18,01 euros, pero Madrid, Cantabria, País Vasco y Murcia se situaron por encima de la media y Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Navarra, por debajo.

También figura en este informe el análisis del coste de gestionar los residuos sólidos urbanos: 48,76 euros por habitante al año. La forma de gestión más utilizada fue a través de consorcios y mancomunidades (49%); otro 22 por ciento optó por la concesión administrativa y solo el 14 por ciento por la gestión directa.

Pro comunidades, las que tuvieron un coste especialmente por encima de la media, según el informe, Cantabria, Cataluña, Baleares, la Rioja y Murcia y, sobre todo, las Islas Baleares. Los menores correspondieron a Extremadura y Andalucía.

LAS DIPUTACIONES, LAS MÁS ENDEUDADAS

El sector público local obtuvo sus ingresos en 2011 de tributos (51%), de transferencias y subvenciones del Estado y de las CCAA (41%), de deuda (4%) y de ingresos patrimoniales y ventas (3%). El 60% del gasto se dedicó a pagar personal, gastos corrientes y servicios; otro 21 por ciento se invirtió y otro 17%, a subvenciones.

Además, la carga financiera global fue del 8 por ciento. El endeudamiento general representaba en 2011 el 32 por ciento del total del pasivo; por tipo de entidad, las diputaciones eran las que presentaban un mayor ratio, con un 50% del pasivo, 20 puntos por encima que la media de los ayuntamientos.

Cabe añadir que en el informe se vuelve a poner de manifiesto el retraso de las entidades locales en presentar sus cuentas ante este Tribunal. Este asunto acaba también de reforzarse en la reforma de la administración local, de manera que la obligación de entregar la información a tiempo será imprescindible incluso, en algunos casos, para la subsistencia de la entidad.

Aunque ha mejorado el dato con respecto a 2010, el 60 por ciento de los ayuntamientos, el 53 por ciento de las diputaciones y el 31 por ciento de las comarcas no llegaron a tiempo. Sin embargo, seis meses después de finalizar el plazo, lo hicieron el 80 por ciento del total de las entidades locales. En 2009, eran solo el 55%.

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