El juez procesa al mafioso ruso Andrei Petrov por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado hoy al mafioso ruso Andrei Petrov, a su padre Boris Petrov y a otras siete personas de nacionalidad rusa y española por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en relación con inversiones inmobiliarias en la Costa Brava.

Petrov, en libertad bajo fianza de 80.000 euros desde el 15 de enero tras ingresar en prisión en 2013, fue detenido en la llamada operación Clotilde, en la que también fue arrestado el exalcalde de Lloret y diputado de CiU Xavier Crespo, aunque, al tratarse de un aforado, Velasco se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Tras casi tres años de investigación, Velasco ha dictado hoy el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) y acuerda también abrir una pieza separada para la localización de tres de los principales investigados: Viktor Kanaikine, Segey Nalimov y Andrey Zinchenko.

Según el auto, Petrov era “la cabeza visible” de una organización “perfectamente estructurada en torno a Lloret de Mar” y para “llevar a cabo en España operaciones de inversión, principalmente en el sector inmobiliario” con “flujos sospechosos de capitales”.

“Para ello -señala- habrían constituido una red de empresas relacionadas con terceros países, alguno de ellos conocidos internacionalmente como paraísos fiscales, cuyas actividades apuntaban a una vía de entrada en el mercado lícito de dinero de procedencia opaca”, además de haberse observado “importantes tránsitos dinerarios bancarios con destino/origen España”.

También destaca el auto el acercamiento de estas organizaciones a los círculos políticos para obtener apoyos, dar apariencia de legalidad a sus movimientos, así como para interceder a favor de sus intereses y recuerda el papel que tuvo el excalde de LLoret ya condenado por estos hechos por el TSJC.

El juez califica a la organización de “estructura piramidal” en cuya cúspide Viktor Kanaikine, general del Ejército ruso, doctor en ciencias técnicas y principal responsable y “jefe” de la trama, que estaría a la cabeza de varias empresas y es quien traslada las órdenes a la organización para que se lleven a cabo.

Por debajo suyo se encontraría Sergey Nalimov, considerado “segundo jefe”, a quien Petrov mantiene informado de las actividades desarrolladas y a quien le solicita permiso para realizar transacciones financieras.

Asimismo, Andrey Zinchenko se situaría como el responsable financiero de la organización criminal y quien se ocupa del movimiento de fondos entre paraísos fiscales y otros territorios.

Además de estos tres “jefes”, a lo que ahora el juez trata de localizar, la organización contaba con la ayuda de la arquitecta Pilar Gimeno, quien, además de los proyectos de las empresas administradas por Petrov, le habría asesorado sobre asuntos financieros e inmobiliarios y trámites administrativos.

Su hermana Teresa, también procesada, se dedicaba también a su vez a la gestión de los alquileres de los inmuebles de las sociedades administradas por Petrov.

Respecto de ambas el auto indica que los indicios señalan que “se encuentran dentro del entramado financiero que Viktor Kanaikine ha diseñado entre Andorra y España. Las hermanas Gimeno utilizan sus cuentas en Andorra para recibir fondos de la empresa DDC Limited, para posteriormente remitirlos a Andrei Petrov, además de trabajar en la gestión de sus proyectos inmobiliarios”.

Otra de las piezas del entramado de blanqueo era Joan Ernets Ribas Donato, que desempeñaba labores como gestor, asesor fiscal y contable de las empresas de Petrov y “tenía conocimiento” de que “fondos procedentes de paraísos fiscal no consistían en préstamos, sino en envíos para invertir e introducir esas ganancias ilícitas introducir en el marcado ordinario con apariencia de legalidad”.

El juez también sitúa como clave en el entramado al exdirectivo de la Banca Privada de Andorra Santiago Roselló Piera, quien, señala, “además de ofrecer servicios financieros diseñados para la organización, ha seguido directamente las instrucciones de Petrov en lo relativo a los movimientos entre cuentas bancarias”.

Además, habría mediado para la concesión de un crédito de un millón de euros a DDC por parte del Banco Madrid. A este investigado el juez le aplica la agravante de intermediario financiero del artículo 303 del Código Penal.