El presidente de Catalunya Acció, citado mañana de nuevo por la pitada al himno

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tomará mañana declaración como investigado al presidente de Catalunya Acció, Santiago Espot, por la pitada al himno en la final de la Copa del Rey de 2015, que ya había sido citado el pasado lunes pero alegó que no le había llegado el expediente de la causa.

Espot acudió el lunes a la Audiencia Nacional, pero comunicó al juez que ni él ni su abogado habían recibido la causa por la que es investigado, ante lo que el magistrado decidió darle una semana para que pueda conocer de qué se le acusa y le volvió a citar para mañana.

Espot sí declaró ese día ante los periodistas que le esperaban a las puertas del tribunal y dijo que la pitada en el Camp Nou fue “una muestra de antiespañolidad” y mostró su intención de repetirla cuando se presente la ocasión.

Andreu le cita presunto responsable de un delito de injurias a la Corona por promover dicha pitada, que se produjo en la final entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao disputada el 30 de mayo de dicho año.

Catalunya Acció fue una de las organizaciones independentistas que repartieron 10.000 silbatos entre los asistentes a la final para instigarles a participar en la pitada, convocada a favor de la independencia y en contra de lo que consideraban símbolos españoles opuestos a Cataluña.

Andreu archivó dos veces la causa, iniciada a raíz de una querella de Manos Limpias.

El juez entendía que la pitada no supuso delitos de injurias al rey o ultrajes a la nación y que los hechos no se podían atribuir a personas jurídicas, en vista de que la querella se dirigía contra los clubes de fútbol y varias asociaciones independentistas como Catalunya Acció, Plataforma pel Dret a Decidir o Units per Declarar la Independencia de Catalunya.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a reabrirla al considerar que los hechos pueden ser delictivos atendiendo al “ambiente institucional” derivado de las aspiraciones independentistas del gobierno catalán.