El empleo público en la administración cae a niveles de hace 10 años tras reducirse un 16,5 por ciento

El número de empleos públicos en la administración se sitúa en este momento en los 2.795.000, lo que supone una reducción del 16,5 por ciento, colocándose en los niveles del segundo trimestre de 2004, según han informado fuentes del Ejecutivo.

Esta caída es fruto de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para adelgazar, simplificar y modernizar la Administración pública y que se incluyen en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentado por el Gobierno el pasado mes de junio.

Fuentes del Gobierno han señalado que se está produciendo un adelgazamiento “muy intenso” de la administración y han destacado el hecho de que el empleo público ya esté a niveles de hace diez años, cuando en 2011 llegó a superar los tres millones de trabajadores públicos.

SUPRESIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS

Paralelamente, el Gobierno ha acometido una labor de supresión o reducción de organismos públicos y, de hecho, ya prepara el texto de una Ley Reguladora del régimen jurídico del sector público que incluirá requisitos más estrictos para crear y mantener entes públicos.

Entre otras medidas adoptadas estos meses, fuentes del Ejecutivo han subrayado las adoptadas en el ámbito de la simplificación administrativa, con el impulso de la inscripción de los nacimientos desde el hospital, el tablón edictal único o la tarjeta sanitaria; o las que se han tomado en el ámbito de la gestión de medios y servicios comunes, con el nombramiento de un director de Tecnología de la Información que está promoviendo un mapa de Centros de Proceso de Datos.

En el capítulo de duplicidades, el Gobierno ha destacado que algunas comunidades estén acomodando las medidas que recoge el informe de la CORA. Así, las fuentes consultadas han indicado que hay nueve comunidades con Defensores del Pueblo pero que Asturias y La Rioja ya han decido suprimirlo.

COMPRAS CENTRALIZADAS

Asimismo, el Gobierno está impulsando la compra centralizada. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobará contratos centralizados de combustible y de compra de motos para la Administración General del Estado con los que prevé ahorrar al menos nueve millones de euros.

En el caso del contrato de combustible de automoción, el objetivo es extender el descuento del 6,5 o 7 por ciento del que ya se benefician los grandes consumidores (como Defensa o la Dirección General de Tráfico) a otros organismos de la Administración, lo que incrementaría notablemente el ahorro. De hecho, el Gobierno calcula que por cada punto que se consiga rebajar sobre el precio, el ahorro estimado sería de 4.000 millones.

Sobre el contrato de compra de motos para la Administración General del Estado, utilizado sobre todo por Policía, Guardia Civil o Seprona, el Ejecutivo estima que con el descuento del 14,5 por ciento que ya se aplica en el actual contrato marco, el ahorro puede alcanzar los tres millones de euros.

A lo largo de 2014, y con el objetivo claro de ahorrar, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere impulsar esa contratación centralizada en más materias, como la limpieza, la energía eléctrica, la seguridad de edificios, las comunicaciones o la adquisición de vehículos de turismo, según han avanzado las mismas fuentes.

378 MILLONES AL CENTRALIZAR CUENTAS CORRIENTES

Además, fuentes del Ejecutivo han señalado que se ha reducido el parque móvil del Estado. De la flota inicial de 926 vehículos se ha llegado a 652 vehículos, mientras que el número de conductores ha pasado de 1.002 a 836, consiguiendo con ello un ahorro de 10,8 millones de euros. Para ello, se han realizado ya dos subastas (en noviembre 2002 y mayo 20013) y está previsto realizar una tercera el próximo 19 de mayo.

El Gobierno trabaja también en un inventario de vehículos eficientes, que obligará a registrar todos los coches de la administración y facilitar esa información en un plazo de seis meses. Además, se exigirá autorización para la compra de cualquier coche y se establecerán gamas homologables por categorías de forma que los ministros dispongan de vehículos similares.

Otra de las tareas del Gobierno pasa por la centralización de las cuentas de tesorería de la Administración General del Estado. De las 4.823 cuentas corrientes, 423 están en el Banco de España, 3.163 están domiciliadas en distintas entidades españolas y 1.236 en cuentas abiertas en el extranjero.

En esta primera fase, el Gobierno se ha marcado como objetivo centralizar las cuentas que están en territorio nacional, lo que supondría ya un elevado nivel de ahorro. De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, se puede llegar a 378 millones de ahorro total con la implantación en tres años de esta medida centralización de cuentas.

“REVOLUCIONAR” LOS MÉTODOS DE GESTIÓN

Las mismas fuentes también han puesto el valor los avances que supone la Ley de Transparencia o la Ley de Factura Electrónica, que, según subrayan, supone un control más estricto del dinero público y luchar contra las facturas en los cajones.

El Gobierno considera que su reforma de la administración pública incluye iniciativas que están “revolucionando los métodos de gestión”. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presentarán estas medidas a varios Gobiernos europeos el próximo lunes en una jornada europea sobre la administración pública en el Palacio de la Moncloa.