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El juez que puede investigar la sedición instruyó ya una causa por ese delito

EFE

Madrid —

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El juez Ismael Moreno, al que ha correspondido la denuncia por sedición en los disturbios de Barcelona, instruyó una causa por ese delito contra un edil de la CUP y la archivó al no ver sedicioso el llamamiento que hizo en un pleno de Vic (Barcelona) a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional.

Según el auto en el que sobreseyó en abril de este año la causa contra el edil Joan Coma, de sus manifestaciones se desprende “una tenaz voluntad de desobediencia a la legislación estatal con la finalidad de crear un Estado catalán independiente a través de un procedimiento no previsto en la Constitución española vigente”.

Sin embargo, añadía, no consta que efectuara una “proposición a los ciudadanos para que participen en un alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes o el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en este caso del Tribunal Constitucional”, lo que sí sería sedición.

Eso es lo que difiere de la denuncia presentada hoy por la Fiscalía por los disturbios de Barcelona durante la redada contra el 1-O, en la que habla de “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”.

La de Coma ha sido de las escasas resoluciones en las que Moreno no ha ido en consonancia con la Fiscalía. No se le conocen encontronazos con el Ministerio Público, por eso pocos dudan en que admitirá a trámite esta nueva denuncia por sedición.

Pese a ser de los menos conocidos, posiblemente por su talante discreto y esquivo con la prensa, es el más veterano de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, a la que llegó en 1988, años en los tuvo que emplearse en la lucha contra ETA.

Instructor del caso Nummaria, en el que están investigados los actores de Cuéntame Imanol Arias y Ana Duato, saltó recientemente a los focos tras encarcelar a dos titiriteros bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo por una obra de guiñoles representada en las fiestas de Carnaval de Madrid en la que aparecía un cartel con la leyenda “Alka-ETA”, un juego de palabras con Al Qaeda y la banda terrorista vasca.

Tras una polémica instrucción, en la que fue muy criticada su decisión de encarcelarles, Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, acordó liberarles al retirar la acusación por terrorismo, a petición en ambos casos de la Fiscalía.

Ismael Moreno Chamorro, nació el 24 de septiembre de 1955 en Maján (Soria), ingresó en la carrera judicial en 1983, ejerciendo en Jumilla (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo), Badalona (Barcelona) y Alcalá de Henares (Madrid).

En 1987 ascendió a magistrado y ejerció en Bilbao y desde el 29 de enero de 1988 es magistrado-juez de la Audiencia Nacional.

A mediados de los noventa, instruyó el sumario contra el abogado de HB José Miguel Gorostiza, acusado de proponer atentados contra directores de prisiones, y que finalmente resultó absuelto. Previo a la resolución del Supremo, Moreno fue amenazado por Gorostiza. La amenaza, que motivó la denuncia de la Fiscalía, fue finalmente archivada.

Ese mismo año a Moreno le correspondió el sumario abierto a raíz del secuestro de Cosme Delclaux, liberado por ETA en la localidad vizcaína de Elorrio tras permanecer secuestrado 232 días, y la instrucción del “caso Brescia”, relativo al asesinato de dos ciudadanos franceses en 1986, y por el que en 1999 Miguel Brescia Guillen fue condenado a 68 años de prisión.

En mayo de 2002, la policía encontró datos e información del juez en la casa del madrileño barrio de Vallecas que habitaban los integrantes del “comando Madrid” de ETA, detenidos días antes.

Pero no todo ha sido ETA, Moreno ha llevado también investigaciones relativas al terrorismo islamista y a Al Qaeda.

Incluso, tomó parte en las primeras investigaciones judiciales llevadas a cabo tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En noviembre 2005 ordenó la reapertura de la causa en la que se investiga el atentado cometido en 1985 en el restaurante madrileño “El Descanso”, del que se acusa a islamistas radicales.

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