La senadora anti Duterte acusada de corrupción se entrega a la Policía

La senadora filipina Leila de Lima, la mayor opositora del presidente Rodrigo Duterte, se entregó hoy a la Policía, al día siguiente de que un tribunal emitiera contra ella una orden de arresto por supuestamente haber recibido sobornos de narcotraficantes.

De Lima, que pasó la noche resguardada en el Senado de Manila, se entregó finalmente de forma voluntaria hoy a las 8.41 hora local (0.41 GMT) acompañada de sus abogados y políticos cercanos, y entre una nube de periodistas y cámaras que transmitieron en directo la acción.

De Lima permanecerá bajo arresto de forma preventiva en Campo Crame, la sede de la Policía Nacional de Filipinas en Ciudad Quezón, indicó a los medios el portavoz de las fuerzas de seguridad, Dionardo Carlos, a la espera de que el Tribunal de Muntinlupa (sur de Manila) dicte la fecha del juicio.

Antes de ser detenida, la que fue secretaria (ministra) de Justicia entre 2010 y 2015 aprovechó para defender de nuevo su inocencia ante las cámaras.

“Es un honor ser encarcelada por la causa que defiendo”, expresó De Lima, tras autodefinirse como una “prisionera política” y asegurar que “la verdad saldrá a la luz en el momento oportuno”.

El tribunal, liderado por la jueza Juanita T. Guerrero, emitió el jueves la orden de arresto contra la senadora, su exguardaespaldas y su chófer a instancias de la acusación a cargo del Departamento de Justicia.

Según el Ministerio, De Lima recibió durante su etapa al frente de Justicia grandes sumas de dinero de narcotraficantes recluidos en prisión a cambio de tratos de favor, como vehículos de golf para trasladarse por el recinto penitenciario o la celebración de conciertos.

La senadora se enfrenta a los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la “venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte” de drogas ilegales.

Solo este último cargo contempla para los infractores penas de entre 12 años de cárcel y cadena perpetua, así como multas de entre 500.000 pesos (9.300 euros o 10.000 dólares) y 10 millones de pesos (187.000 euros o 200.000 dólares).

De Lima, que es una de las figuras más críticas con Duterte y principal látigo de su polémica “guerra contra las drogas”, mantiene que el Gobierno ha manipulado pruebas y testigos para incriminarla.

La organización Human Rights Watch (HRW) sostiene la versión de la senadora y la semana pasada exigió a las autoridades filipinas la retirada de los cargos de corrupción al considerar que son una “venganza” por sus ataques a la campaña antidroga de Duterte que ha dejado más de 7.000 muertos en siete meses.