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Todos los síndicos electorales del 1-O presentan su renuncia ante el Constitucional

Al filo de las cuatro de esta tarde el alto tribunal ha recibido una catarata de escritos en los que los síndicos renunciaban a los cargos encomenados por la Generalitat 

El TC había advertido a los miembros de este cuerpo electoral con la posibilidad de multas de hasta 12.000 euros diarios si insistían en dirigir la votación

Tras las dimisiones impulsadas por la Generalitat, Puigdemont quiere dejar el control del proceso de votación en manos de observadores internacionales 

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EFE

La estructura electoral creada por la Generalitat para organizar el referéndum del 1 de octubre acaba de presentar su dimisión en pleno ante el Tribunal Constitucional, según fuentes del organismo consultadas por eldiario.es.  Se trata de 22 cargos electos, pertenecientes a las cinco juntas de demarcación y a la junta central, nombrados por el Parlament para encargarse de ofrecer garantías al proceso de votación sobre la desconexión catalana. 

Los 22 miembros de estos organismos habían sido advertidos por el Constitucional de que sus nombramientos estaban suplantando "de facto" a las juntas electorales que, dirigidas por jueces, organizan todos los procesos de votación a nivel del Estado. Además, el alto tribunal impuso multas de hasta 12.000 euros diarios para los dirigentes de estos organismos que desoyeran el mandato dado.

Según, Europa Press, el Gobierno catalán había pedido este viernes a la Sindicatura Electoral de Cataluña --creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum-- que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales observadores del 1-O, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión. 

La sindicatura electoral es un cuerpo creado por la Ley de Referéndum aprobada por el Parlament el pasado 6 de septiembre. Su puesta en marcha estaba pensada para suplantar a las juntas electorales, que operan tradicionalmente bajo el mandato de los jueces. Esta estructura ha quedado descabezada tras ser elegida por el TC como punto débil del procés y haber recibido la amenaza de multas de 12.000 euros diarios para cada uno de sus miembros.  

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