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Competencia estudia si las editoriales se repartieron el mercado de los libros de texto
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a varias editoriales de libros de texto tras abrir una investigación por posibles prácticas restrictivas de la competencia consistentes en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado.
Las empresas Anele (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza), el Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press, Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson y Teide son las empresas investigadas, según ha señalado Competencia en un comunicado.
En concreto, “se analizan acuerdos o prácticas concertadas entre las entidades para el reparto del mercado de la edición y de la comercialización de libros de texto no universitarios en España, la fijación de determinadas condiciones comerciales en el mismo y el intercambio de información comercial sensible”.
Asimismo, se investiga la posible existencia de acuerdos o prácticas concertadas adicionales entre Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press, Edebé, McMillan, Pearson, Teide y Serbal que tendrían por objeto “la fijación de precios y otras condiciones comerciales relativas al llamado libro de texto en formato digital en España”.
Y también se investigan posibles prácticas restrictivas de la competencia entre el Grupo SM, Edebé y Edelvives, consistentes en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto de los libros de texto para centros de titularidad católica.
Esta investigación se ha iniciado tras una denuncia presentada por la editorial Vicens Vives.
La CNMC considera que “existen indicios racionales” de la comisión, por parte de las citadas editoriales, de posibles infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por conductas restrictivas de la competencia.
En su comunicado, Competencia ha especificado que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción y su resolución.
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