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Defensor cuestiona que no se vigilara al interno que se suicidó en Archidona

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El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha cuestionado hoy que el inmigrante que se suicidó en la cárcel de Archidona en diciembre no fuera reconocido previamente por personal sanitario ni se efectuara una vigilancia periódica en su celda.

"No sabemos si se hubiera podido evitar si las cosas hubieran sido de otra manera", ha asegurado hoy durante su comparecencia en en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Congreso, en la que ha subrayado, no obstante, que no tiene "la menor duda" de que Mohamed Bouderbala se suicidara.

"Este señor participó en un altercado que determinó que la autoridad del CIE lo vigilara y lo mantuviera aislado durante 16 horas", ha recordado para añadir que, sin embargo, no le consta noticia alguna de que "fuera reconocido por el personal sanitario" ni que "por su celda se efectuara una vigilancia periódica, algo que le "parece incomprensible".

Todo ello ha llevado a la institución a mantener abierta la actuación que abrió de oficio y ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras los resultados de la investigación administrativa relativa al fallecimiento de Bouderbala, independiente de la penal que se inició en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona.

Como ya hiciera cuando Interior habilitó temporalmente esta prisión como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Fernández Marugán ha vuelto a criticar las numerosas carencias que detectó en las dos visitas que la institución realizó a las instalaciones.

Empezando porque el Ministerio del Interior no publicara en el Boletín Oficial del Estado la resolución en la que habilitaba la cárcel como CIE temporal, y siguiendo porque "las instalaciones estaban mal al principio", sin acceso a agua potable, ni servicio de lavandería ni cocina, algo que estaba solventado en su segunda visita de diciembre.

"Un CIE provisional no tenía que tener un elenco de derechos menor que el resto, y allí las cosas se enfocaron peor", también porque la gestión de la prisión se encomendó a las Unidades de Intervención Policial (UIP).

También percibió problemas en el régimen de visitas a los internos, que se hacían en locutorios cerrados, y que solo contasen con una línea telefónica, hechos a los que se une que el medio millar de inmigrantes argelinos que ocuparon la cárcel se "autogestionaran" la ocupación y distribución de las celdas.

"Las cosas no se hicieron de una manera muy correcta", ha lamentado Fernández Marugán, que ha querido enviar sus condolencias a los familiares del inmigrante fallecido.

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