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Gasto sanitario a no asegurados en Ceuta y Melilla aumentó un 34 % en 4 años
El coste económico derivado de la asistencia sanitaria a personas no aseguradas en Ceuta y Melilla supuso para el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) un gasto de 14.571.767 euros en 2016, un 34,58 por ciento más que en 2012, según un informe del Tribunal de Cuentas.
El organismo que preside María José de la Fuente ha emitido un informe de fiscalización de la actividad asistencial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 2016 que será presentado esta tarde en el Congreso de los Diputados.
El informe recuerda que la actividad asistencial del Ingesa está condicionada por las prestaciones dispensadas a la población extranjera no asegurada, que tiene un gran impacto en los servicios de urgencias, obstetricia, neonatología y pediatría en las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla.
De los 14,5 millones de euros invertidos en la atención de personas no aseguradas, 6 millones se destinaron a mujeres embarazadas (1.211.963 euros en Ceuta y 4.875.743 en Melilla, lo que representó el 32,16 % del coste total de partos para Ceuta y un 59,14 % del coste total de partos en Melilla).
El coste estimado de las asistencias en el servicio de neonatología a menores no asegurados ascendió a 160.787 euros Ceuta y a 1.050.360 euros en Melilla.
Por su parte, el coste de las urgencias correspondientes a extranjeros no asegurados ascendió a 1.025.712 euros en Ceuta y a 2.495.266 euros en Melilla.
Durante 2016 el Ingesa cobró 7.804.098 euros por prestaciones dispensadas a usuarios cuya asistencia sanitaria no estaba a su cargo; el 67,78 % procedió de pagos de compañías aseguradoras privadas por asistencia a sus asegurados y el 15,39 % de compañías aseguradoras privadas por asistencia sanitaria a asegurados que habían sufrido un accidente de tráfico.
Únicamente el 0,73 % de dicho importe (57.341,86 euros) procedía de cobros a personas no aseguradas.
Asimismo, el importe total de deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016 en el Ingesa ascendió a 104.495.288 euros y el 87,46 % de dicho importe (91.394.370,56 euros) corresponde a asistencias prestadas a usuarios sin derecho a asistencia sanitaria, que fueron facturadas pero no pudieron ser cobradas.
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