Miles de jóvenes marchan por segunda vez en Lima contra ley laboral juvenil

Alrededor de 5.000 jóvenes marcharon hoy pacíficamente, por segunda vez, en Lima para pedir la derogación de la ley de promoción del trabajo juvenil, que eliminó varios beneficios sociales para los trabajadores entre los 18 y 24 años con el fin de combatir el desempleo en ese rango de edad.

Durante unas tres horas, cientos de delegaciones de distintas universidades, sindicatos laborales, organizaciones sociales e intelectuales se movilizaron desde la Plaza de San Martín por las principales avenidas del centro de Lima.

Los manifestantes se dirigieron también al local del Partido Nacionalista Peruano, del presidente Ollanta Humala, para demandar la derogación de la norma, promulgada la semana pasada y que provocó una primera movilización masiva.

Los jóvenes marcharon entonando los lemas “Si al trabajo digno, no a la explotación”, “Por culpa del gobierno, estamos en la calle” y “Derogatoria ya, sesión extraordinaria (del Congreso)”.

“¡Somos estudiantes, no somos delincuentes!”, “Hay oro, hay cobre, y el pueblo sigue pobre” fueron las consignas coreadas por los manifestantes para protestar contra el gobierno y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que apoya la ley.

Precisamente, un grupo de manifestantes se dirigió igualmente hasta la sede de la Confiep en el distrito financiero de San Isidro para protestar contra el máximo gremio empresarial.

Los congresistas Yonhy Lescano y Verónika Mendoza participaron en marcha, mientras que unos 300 policías resguardaron la movilización, algunos de los cuales vestían guantes blancos para indicar que no usarían la fuerza.

La marcha se extendió a otras ciudades, como Cuzco, Trujillo y Arequipa, donde grupos de universitarios se movilizaron por el centro de esas urbes para protestar y anunciar medidas para pedir la inconstitucionalidad de la norma.

El ministro del Interior, Daniel Urresti, llegó al inicio de la marcha para asegurar que los policías resguardarán la movilización sin armas y evitó comentar las declaraciones de la titular del Consejo de Ministros, Ana Jara, que rechazó su disposición de que todos los manifestantes se identifiquen con su documento nacional de identidad (DNI).

“Para ejercer Derecho a la Protesta (en forma pacífica), reconocido en la Constitución, NO se requiere previa identificación de participantes”, declaró Jara, a través de Twitter.

“Solo se pedirá DNI a aquellos que estén en actitud sospechosa”, matizó el ministro.

Urresti había anunciado, horas antes, que se pedirá DNI a los manifestantes “para evitar que ingresen delincuentes, requisitoriados, miembros activos de Sendero Luminoso o Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales)”, considerado brazo político de Sendero.

Sin embargo, esta medida fue rechazada en las redes sociales por las organizaciones juveniles y laborales que convocaron a esta segunda marcha de protesta.

El presidente Humala reiteró hoy, desde la región Puno, que “vamos a seguir adelante” con la ley porque, en su opinión, protege a los jóvenes de la “sobreexplotación de las empresas”.

Humala afirmó que los anteriores gobiernos “no hicieron nada” por el trabajo juvenil, razón por la cual “hoy día tenemos un país con más del 60% de informalidad laboral”.

Con esas palabras, Humala criticó a sus antecesores Alejandro Toledo (2001-2006)y Alan García (1985-1990, 2006-2011) que han rechazado esta ley porque elimina el pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios, entre otros beneficios.

La ley forma parte del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para reactivar la economía y está dirigida a la contratación de jóvenes entre los 18 y 24 años.

Esta ley es de naturaleza temporal, por un plazo máximo de cinco años, y considera el pago de la remuneración mínima (unos 256 dólares), una jornada de ocho horas de trabajo, 15 días de vacaciones, afiliación al seguro social de salud y una reparación por despido injustificado.

Sin embargo, no contempla el pago de la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones anuales, el seguro de vida y la bonificación por carga familiar, los principales motivos de crítica por parte de las organizaciones laborales y sectores de oposición.