Pakistán pasa de la ira al olvido tras el asesinato y violación de una niña

La ira que provocó la violación y asesinato de una niña de 7 años se desvanece en Pakistán 10 días después del suceso, con promesas políticas para castigar con dureza al asesino, pero apenas discusión acerca de cómo proteger a los niños en un país donde la violencia contra ellos es endémica.

Fueron necesarias unas protestas violentas con dos muertos para que el asesinato de Zainab y once casos anteriores de violación en un año en la misma zona de la ciudad de Kasur (este) llamase la atención de las autoridades y quedase de manifiesto la aparente falta de medidas policiales y políticas.

El Parlamento trató la cuestión y condenó el suceso, mientras que el Tribunal Supremo supervisa la hasta ahora fallida investigación, que no ha logrado dar con un supuesto asesino y violador en serie de niños.

Pero tras estos trámites habituales en escándalos en el país asiático, el Gobierno no discute medidas para paliar la falta de mecanismos para hacer frente a los abusos sexuales y la ineficacia -si no obstrucción- de la Policía en muchos de estos casos.

La protección de los niños ha desaparecido de la agenda nacional tras pocos días de escándalo.

“El mismo jefe de Policía ha estado al frente en los doce casos que han ocurrido. ¿Qué han hecho él y el Gobierno?”, dijo a Efe Mohamed Saleem, padre de una niña de 7 años que fue violada y estrangulada en Kasur en julio de 2017.

“Si tuviese poder, los enterraría vivos”, agregó el padre, que vive a dos kilómetros y medio de la vivienda de la familia de Zainab.

Pakistán carece de los mecanismos institucionales para prevenir o hacer frente a la violencia contra los niños y los abusos sexuales, algo que sucede, según expertos consultados por Efe, porque la infancia no es una prioridad en un país donde 20 millones de niños no acuden al colegio y el 40 % de los menores sufren malnutrición.

Farshad Akbar, de la ONG Sociedad para la Protección de los Derechos de los Niños (SPARC, en inglés), señaló a políticos, Policía y hospitales.

“Hay casos en que la Policía no quiere admitir las denuncias e incluso presiona a las familias de las víctimas para que no denuncie, protegiendo a los abusadores”, dijo a Efe Akbar.

El activista indicó que los hospitales carecen de expertos o psicólogos para apoyar a las víctimas y que tampoco existen centros estatales para acoger a niñas que han sufrido abusos en el seno de su familia.

“Los mecanismos que hay no funcionan y los que hacen falta no existen”, subrayó Akbar.

Un experto de un organismo internacional dedicado al cuidado de los menores que prefirió mantener el anonimato afirmó a Efe que la violencia contra los niños es “endémica” y existe una “total inmunidad”.

La fuente indicó que un estudio de Unicef y los Gobiernos provinciales del Punyab -que acoge a la mitad de los 207 millones de paquistaníes- y Sindh puso de manifiesto que el 81 % de los menores sufrían algún tipo de agresiones psicológicas o castigos físicos.

“Dado este dato diría que los abusos sexuales pueden llegar al mismo nivel”, afirmó el experto.

De hecho, no hay datos oficiales de abusos sexuales contra menores, lo que “ya es una acusación contra el Gobierno”, según la fuente, porque significa que no existe ningún servicio de protección de niños que recopile esos datos.

La ONG Sahil estima que en 2016 se produjeron 4.139 casos de abusos sexuales a menores y que al menos un centenar de niños fueron asesinados tras ello, unas cifras que obtienen de los medios de comunicación, por lo que estiman que los casos reales son muchísimos más altos.

“La mayoría de casos no se denuncian, hay un tabú para hablar de ello por cuestiones sociales. Además, no es fácil el acceso a ayuda legal”, dijo a Efe la directora de Sahil, Manizeh Bano.

El experto internacional no cree que la muerte de Zainab vaya a cambiar la situación, especialmente después de que en 2015 se descubriese un escándalo de pedofilia en el que al menos 19 menores fueron fotografiados y grabados en vídeo cerca de Kasur.

Ese escándalo provocó la aprobación de una ley que convirtió en delito los abusos sexuales a menores y la pornografía infantil, crímenes que antes no eran sancionados.

“Tras el escándalo de 2015 también hubo protestas y grandes promesas, pero cambio poco”, indicó.