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Prevenir accidentes como el Prestige es "algo pendiente" en la ley española

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Prevenir accidentes como el Prestige es "algo pendiente" en la ley española

Prevenir accidentes como el Prestige es "algo pendiente" en la ley española

La catedrática de Derecho Mercantil y experta en derecho marítimo Ana Belén Campuzano asegura que la reciente ley de navegación recoge un "sistema más fiable de cómo actuar cuando se produce una catástrofe" en el mar pero "no da pasos significativos" para evitar accidentes como el del buque Prestige.

"Sigue siendo algo pendiente" en la legislación española, explica a Efe esta experta, que hoy participa en A Coruña en una jornada sobre el primer año de vigencia de la nueva norma sobre navegación marítima, cuyo objetivo es adecuar la legislación española a los convenios internacionales, así como la realidad práctica del transporte a la ley.

Campuzano, ponente habitual en foros especializados en Derecho Marítimo y asesora de importantes empresas del sector, públicas y privadas, subraya como principales virtudes de esta norma su adaptación internacional, pues en España había una "legislación de hace dos siglos".

Además, reconoce e incluye una serie de contratos de utilización de buques, de sujetos que actúan en el mundo marítimo, que en el derecho español se abordaba hasta ahora por interpretación y que con esta ley incorpora mayor seguridad jurídica para los operadores.

Miembro de consejos y anuarios de varias editoriales, así como de diversas revistas, y directora del Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Campuzano cita también algunas de las carencias más relevantes de la reciente ley de navegación marítima, entre ellas que con la nueva norma "no se podrían haber evitado accidentes como el del Prestige".

"Obligar a quienes transportan mercancías peligrosas a incrementar las medidas de seguridad no está en la ley", que lo que recoge es "un sistema más fiable de cómo actuar cuando se produce una catástrofe".

El petrolero Prestige naufragó en 2002 frente a la costa gallega y provocó la mayor tragedia ecológica de la historia de España, al verter al mar 63.000 toneladas de fuel que afectaron a 3.000 kilómetros de costa y a más de mil playas, causando unas pérdidas que la Fiscalía cifró en más de 4.300 millones de euros.

La Audiencia Provincial de A Coruña condenó a finales de 2013 en el juicio por este hundimiento únicamente al capitán Apostolos Mangouras a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad, una sentencia que contó con 12 recursos y que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que anule y se dicte otra.

"Se piensa que cuando hay una catástrofe de este tipo se debiera actuar para evitarla, pero con el tiempo no se acaba de incorporar a la legislación", ha abundado la catedrática de Derecho Mercantil, que considera que la nueva ley española, "desde el punto de vista preventivo, no da pasos significativos y sigue siendo algo pendiente" abordar esta problemática.

Una de las cuestiones fundamentales en este sentido se debe a que la ley se elabora por remisión a convenios internacionales, y "en temas de responsabilidad por contaminación de hidrocarburos lo que no termina es de conseguir internacionalmente un modelo preventivo".

Sí existen pautas para indemnizar en estos casos "pero no se incrementan medidas" ni "se termina de cerrar en el mundo internacional" esta prevención ante un tráfico elevado de mercancías peligrosas, como ocurre en el entorno de la Costa da Morte coruñesa, como buscar un tipo especial de buque o puertos refugio.

"Y mientras no se termine de cerrar en el mundo internacional no se hará en el nacional", apostilla.

En opinión de Campuzano, "no hay ningún Estado que quiera asumir determinadas labores, como que les toque acoger en refugio a un buque en circunstancias de este tipo".

Tampoco considera una solución determinar por un Estado una distancia mínima de navegación desde sus costas porque "aunque se haga no se consigue ningún resultado porque el vertido se expande muy rápido".

"O refuerzas mucho el casco de los buques u obligas a los Estados a actuar en caso de catástrofes medioambientales. Tiene que evolucionarse bastante en este ámbito a nivel internacional", termina la experta.

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