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La tasa tupper

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Ir al colegio con la fiambrera en la mochila va a ser una estampa habitual cuando acaben las vacaciones. Hasta ahora, los padres que necesitaban el servicio de comedor escolar pagaban unos 90 euros al mes. La situación económica y la reducción en becas para libros y comedor provocarán que muchas familias intenten ahorrar enviando a sus hijos a la escuela con la comida cocinada en casa.

Cataluña fue la comunidad que primero lanzó la idea de que habría que pagar una tasa en torno a los tres euros diarios por el tupper. Después se apuntó Valencia. La Comunidad de Madrid ha adelantado que este curso las becas de comedor serán para las familias con los padres en paro o que cobren la renta de inserción. Como novedad, serán los centros escolares los que canalicen los fondos.

Esperanza Aguirre presumió en junio de que Madrid reduciría el déficit “sin tocar la sanidad, que es universal, ni la educación básica”. Una de las medidas para recortar 26 millones en Educación fue eliminar las becas para libros de texto (y sustituirlas por un sistema de préstamo) y reducir las de comedor. Ni Educación ni Hacienda han especificado aún cuánto se van a recortar las partidas que reciben los colegios para pagar el catering. Lo que sí han dejado claro es que no van a pagar microondas para calentar la comida. 

A pocas semanas de que empiece el curso, la presidenta de Madrid ha agitado el ambiente al defender que si los padres pagan una tasa por el tupper de sus hijos es porque los centros escolares incluyen en el catering los conceptos de limpieza y vigilancia.

Como si fuera de hoy. La norma que regula los comedores, el menú, los conceptos que lo forman y quiénes se ocupan de atender a los alumnos a la hora de comer es de marzo de 2002.

Pero Aguirre (que fue ministra de Educación)  y su consejera del ramo, Lucía Figar, la han descubierto recientemente. Para su sorpresa, de los cinco euros del menú no todo es comida sino que más de la mitad se destina a conceptos como limpieza, control sanitario y personal de apoyo y vigilancia “proporcionado por la empresa adjudicataria del servicio”. La orden especifica que si hay profesores del centro que den ese servicio “extraordinario” cobrarán un complemento anual y tendrán derecho a comer gratis. Posteriormente, otra norma cambió la denominación de “profesores de apoyo” por  “funcionarios”.

La idea de Aguirre es que sean los profesores los que hagan el trabajo porque forma parte de su horario. Su táctica de enfrentar a padres y alumnos contra profesores busca desactivar el entendimiento que hay entre los dos colectivos y que puede verse en movimientos en defensa de la escuela pública como la marea verde. Si hay que pagar es porque los profesores son insolidarios. Esa es la idea.

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