Miles de personas convierten Palma en un clamor contra la turistificación y la crisis de la vivienda: “Mallorca llegó al límite”

Decenas de miles de personas -unas 70.000, según los organizadores; unos 25.000, según cifras de la Policía Nacional- han desbordado este domingo el centro de Palma en una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años en Balears para exigir un cambio profundo del modelo económico, territorial y turístico del archipiélago. La manifestación, convocada por la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' y respaldada por hasta 134 entidades sociales, ha reunido a colectivos ecologistas, organizaciones por el derecho a la vivienda, sindicatos, familias, jóvenes, trabajadores y jubilados en una protesta que ha ido mucho más allá del rechazo a la masificación turística para denunciar el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente.

La marcha ha avanzado de forma pacífica desde la Plaça d'Espanya hasta el último punto del recorrido, la plaza de ses Voltes, a los pies de la Catedral. Ha sido en este lugar en el que se han vivido los primeros momentos de tensión debido a que los agentes desplegados no permitían el paso a la gran mayoría de los manifestantes, a pesar de que el aforo del recinto era mucho mayor. “¡Queremos pasar!”, gritaban desde fuera, mientras quienes sí habían logrado acceder clamaban por su entrada. Finalmente, se les ha permitido acceder entre gritos de celebración por parte de los asistentes. Mientras tanto, otras miles de personas aguardaban en los alrededores en una estampa inédita en la capital balear.

Ha sido al término de la movilización cuando se han producido los episodios más convulsos de la jornada: la Policía ha comenzado a disparar pelotas de goma y a arremeter con las porras contra los manifestantes, quienes, tras ello, han vociferado “vergüenza me daría ser policía” y “fuera las fuerzas de ocupación”. Según Europa Press, algunos de los participantes en la protesta han lanzado objetos contra el dispositivo policial y han sido recriminados por ello por otros integrantes de la marcha. En el momento en el que varios de los concentrados han intentado mediar con los agentes, estos han cargado contra ellos haciendo uso del material antidisturbios.

Varias personas han resultado heridas -de momento, una docena, según la entidad organizadora de la protesta- y las ambulancias se han desplegado por la zona. Uno de los heridos es un fotoperiodista que estaba haciendo su trabajo en la manifestación. En medio de la tensión, la multitud ha alzado los brazos para mostrar que no ofrecía resistencia y ha cantado 'La Balanguera', el himno de Mallorca, en señal de protesta pacífica. Un hombre continúa detenido en las dependencias de la Policía Naciona en Palma.

El delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, asegura que pedirá explicaciones por la actuación de la Policía. Rodríguez ha comentado en un mensaje de X que “hay imágenes que son inaceptables”. “Pediré informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a heridos”, ha añadido. Fuentes de Delegación de Gobierno añaden que el delegado mantendrá una reunión con José Antonio Puebla, el jefe superior de la Policía Nacional en Balears, para analizar los hechos.

Situación límite

Apoyada por plataformas como GOB, SOS Residents, Sindicat de Llogateres, CCOO, UGT, STEI, CGT, CNT, Arran o Alerta Solidària-, ha recorrido las principales calles de Palma con un mensaje claro: el modelo de crecimiento de las últimas décadas ha llevado a Mallorca a una situación límite en materia de vivienda, territorio, movilidad, recursos naturales y calidad de vida.

Durante toda la movilización se han exhibido numerosas pancartas con lemas como “Volem turisme, però no així” (“Queremos turismo, pero no así”), “No tenim por” (“No tenemos miedo”), “Qui estima Mallorca no la ven” (“Quien quiere Mallorca no la vende”) o “Mallorca no està en venda” “Mallorca no está en venta”), mientras miles de manifestantes denunciaban que vivir en las islas se ha convertido en una carrera de obstáculos para una parte creciente de la población.

Activistas detenidas

La protesta llega en uno de los momentos de mayor tensión social que recuerda el archipiélago, a la que se suma la detención, hace dos semanas, de dos activistas investigadas por los ataques a cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí y a quienes la Guardia Civil ha llegado a atribuir un delito de grupo criminal. Un clima que ha situado en el centro del debate el creciente malestar por el acceso a la vivienda, la turistificación y el modelo económico de Balears.

De hecho, las dos jóvenes han celebrado este domingo, durante una intervención al final la protesta, la “victoria ante la represión” que implica el apoyo multitudinario de la ciudadanía a la manifestación. “Hemos sufrido violencia de todos los tipos y formas, ninguna justificable. Pero ha sido diminuta frente a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras familias y amigos, de nuestro pueblo, de muchas organizaciones y colectivos y de muchísima gente que no conocemos y seguramente no conoceremos nunca. Por eso queríamos subir, para agradecer de corazón todo el apoyo”, han leído.

Para ellas, la manifestación de este domingo es “una victoria ante la represión que tenía por objetivo meter miedo, evitar que saliéramos a la calle y desmovilizar”. “Pero nos ha unido más y nos ha hecho más fuerte”, han comentado. “Quien quiere Mallorca no la regala ni la convierte en un expositor. Mallorca no es un trozo de tierra con la que especular, sino todas las personas que las habitamos, su cultura y su historia. Si este modelo que supuestamente nos tiene que hacer ricos a todos es el que nos expulsa, tal vez habría que darle una vuelta”, han concluido.

La vivienda, epicentro del conflicto

El acceso a la vivienda ha sido el gran eje de la movilización. Los convocantes sostienen que la crisis residencial ya no responde únicamente a un desequilibrio entre oferta y demanda, sino a la transformación de la vivienda en un activo financiero sometido a la especulación internacional.

Pese a que el Govern de Marga Prohens (PP) sostiene que por primera vez está priorizando el acceso de los residentes a la vivienda mediante la construcción de vivienda protegida y la agilización de nuevos desarrollos urbanísticos, las entidades critican que estas medidas no atacan las causas estructurales del problema. Recuerdan que Balears continúa registrando algunos de los precios más elevados de España tanto en compra como en alquiler y que el acceso a una vivienda sigue siendo inalcanzable para una parte creciente de la población.

Las organizaciones convocantes sostienen que la política del Ejecutivo autonómico sigue centrada en aumentar la oferta sin intervenir sobre la demanda que, a su juicio, está alimentando la escalada de precios. Entre otras medidas, critican que la ley ómnibus aprobada por PP y Vox permita que personas jurídicas puedan adquirir viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler, una reforma que el Govern justifica como un mecanismo para incrementar el parque residencial, pero que la oposición y los movimientos sociales interpretan como una nueva vía para facilitar la entrada de grandes operadores inmobiliarios en un mercado ya fuertemente tensionado.

Para miles de trabajadores, encontrar un piso asequible se ha convertido en una tarea prácticamente imposible, mientras aumentan los casos de jóvenes que retrasan su emancipación, familias obligadas a abandonar los municipios donde siempre habían vivido y trabajadores que renuncian a empleos por no poder acceder a una vivienda. Los organizadores sostienen que esta situación está estrechamente ligada al peso del turismo sobre el mercado inmobiliario. Denuncian que una parte creciente del parque residencial ha dejado de cumplir una función social para convertirse en alojamiento turístico, segunda residencia o producto de inversión destinado a compradores con mayor capacidad adquisitiva.

Más de 92.000 viviendas, en manos de extranjeros

Según datos del Catastro recogidos por el geógrafo Antoni Marcús, más de 92.000 viviendas de Balears pertenecen a propietarios extranjeros, muy por encima de la media estatal. En municipios como Andratx, Deià, Calvià, Santanyí o Sóller, el porcentaje supera ampliamente el 20% e incluso el 40% en algunos casos, una realidad que, según las entidades sociales, incrementa la presión sobre el mercado residencial y dificulta el acceso de la población local.

A ello se suma la persistencia de un elevado número de viviendas vacías. No en vano, el último censo del INE contabiliza más de 100.000 viviendas desocupadas en Balears, un parque residencial que algunas de las plataformas participantes consideran clave para aliviar la crisis habitacional si se impulsaran políticas públicas de rehabilitación y movilización hacia el alquiler permanente.

El archipiélago es, además, una de las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es a finales de 2024 con datos inéditos del Catastro a los que ha tenido acceso a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia. Los datos arrojan, asimismo, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total).

El territorio, al límite

Pero la manifestación ha querido dejar claro que el problema trasciende el precio de la vivienda. Para los organizadores, la turistificación afecta ya a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las organizaciones denuncian el impacto del alquiler vacacional y la consiguiente transformación de barrios enteros, lo que ha provocado la expulsión de la población residente y y la sustitución de viviendas por alojamientos destinados a visitantes. Según sostienen, el incremento constante de visitantes ejerce además una presión creciente sobre infraestructuras, carreteras, playas, espacios naturales y recursos hídricos.

Mientras el Ejecutivo autonómico defiende que ha contenido el crecimiento turístico y que no está creando nuevas plazas, las entidades sociales consideran que las reformas aprobadas no reducen de forma efectiva la presión turística ni revierten el modelo actual, dado que, denuncian, el problema de fondo continúa siendo el peso del turismo sobre el mercado residencial, la expansión del alquiler vacacional, el uso de la vivienda como activo de inversión y la elevada demanda internacional de inmuebles en las islas.

En este sentido, recriminan que Mallorca ha sobrepasado su capacidad de carga, por lo que reclaman detener la urbanización de suelo rústico, revisar los planes territoriales insulares, recuperar corredores ecológicos y ampliar la protección de espacios naturales. Consideran que el crecimiento urbanístico impulsado durante las últimas décadas resulta incompatible con la conservación de una isla con recursos limitados.

Una protesta que trasciende Mallorca

El manifiesto incorpora además un diagnóstico mucho más amplio que el estrictamente turístico. Los organizadores sostienen que el modelo económico basado casi exclusivamente en el turismo genera empleo estacional, salarios insuficientes para afrontar el elevado coste de la vida y una creciente dependencia de un único sector económico. Alertan igualmente de la presión sobre los acuíferos y denuncian que el fuerte incremento de población flotante durante los meses de verano multiplica el consumo de agua en un territorio especialmente vulnerable a la sequía. Por ello reclaman diversificar la economía, impulsar empleo estable y mejor remunerado y reducir progresivamente la dependencia del monocultivo turístico.

La movilización ha vuelto a situar Balears en el centro del debate sobre los efectos del turismo masivo. Las reivindicaciones de Palma conectan con las protestas registradas en los últimos años en ciudades como Barcelona o Canarias, donde colectivos ciudadanos denuncian que el crecimiento turístico, unido a la inversión inmobiliaria internacional y la expansión de los alquileres de corta duración, está dificultando el acceso a la vivienda y alterando profundamente la vida cotidiana de los residentes. Los convocantes pretenden consolidar un movimiento social que ya no plantea únicamente limitar el turismo, sino abrir un debate mucho más amplio sobre el modelo económico y territorial de Balears. “No es solo una cuestión de turistas”, sostienen. “Es una cuestión de cómo queremos vivir y quién podrá seguir viviendo en Mallorca dentro de diez o veinte años”.