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Barrio de Los Pajaritos: frente al abandono, nuestra dignidad

He dejado de contar los numerosos artículos sensacionalistas, de crónica fácil, que salen en los medios de comunicación y que desprestigian constantemente al barrio en el que vivo junto a la mayoría de mi familia. Seguro que alguna vez habréis escuchado hablar de Los Pajaritos o Tres Barrios, en Sevilla, y lo primero que se os viene a la mente es droga, violencia, pobreza y paro.

Pero los vecinos y las vecinas del barrio empezamos a sentir cansancio de que nos señalen, de que nos tachen de ser un barrio sin futuro y que las acciones de unas pocas personas estigmaticen al resto. Sabemos de sobra que mucho de lo que se dice es verdad, pero nos resulta tan repetitivo que al final nos creemos que vivimos así porque nos lo merecemos y que somos responsables de la “miseria” que nos rodea, e incluso ya no nos resulta extraño y lo vemos hasta normal.

Pero mi barrio no es normal. De eso te das cuenta cuando sales de él y ves que, lo que pasa allí, en otros sitios no se repite.

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Las putas estamos aquí, siempre hemos estado

La realidad siempre depende de quién la vive. Y por supuesto, de quién la cuenta. Las Prostitutas de Sevilla hemos empezado hace pocos meses un trabajo horizontal para constituirnos como colectivo de apoyo a todas las personas que ejercen el trabajo sexual.

Por supuesto, no tenemos muchos recursos. Pero nos estamos haciendo hueco por nuestra simpatía y porque cuando nos escucháis hablar, os resulta muy fácil entender lo que necesitamos. Este escrito es para presentarnos oficialmente con nuestra propia voz ante la sociedad y en los medios de comunicación porque aunque agradecemos a los periodistas su asistencia a los eventos putisociales, queremos garantizar que el mensaje que damos las Putas de Sevilla sea claro y no se vea distorsionado por desconocimiento, desinformación o cualquier otro mal social, dramáticamente relacionado con la estupidez humana.

Las prostitutas sevillanas están trabajando sin cobertura social, política, jurídica o sanitaria. Como cualquier trabajador o trabajadora; demandamos cotizar en la Seguridad Social, y contratos de trabajo legales. Más allá de esto, también queremos acabar con la violencia sistemática que sufrimos las personas que ejercemos el trabajo sexual: la falta de derechos nos convierte en sujetos vulnerables ante los abusos policiales, los asesinatos por violencia de género y las cacicadas de los ayuntamientos y los clubes de alterne.

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La prisión provisional o cómo amedrentar la protesta

Sevilla, ciudad donde se encuentran 7 de los 15 barrios mas pobres del Estado. El “casco norte”, el norte de la zona centro, colindante con lo que queda de la muralla almohade de esta ciudad. Una zona castigada por la gentifricación y un proceso especulativo que ha expulsado del barrio a su población tradicional y a la disidencia política y cultural con la que estuvo compartiendo el espacio desde hace años. Muy cerquita de la casa del Pumarejo, referente de lucha vecinal por la conservación de un espacio y una forma de vida que no queremos que se nos vaya. Nuestro “Puma”, que aún sigue rugiendo.

16 de febrero de 2018. Un grupo de activistas y personas sin hogar deciden realizar una ocupación de un inmueble vacío. Tal vez no sabían que estas viviendas se han construido en el solar donde estuvo el Centro Social Casas Viejas, referente del movimiento de okupación y del activismo en la ciudad hace ya algunos años. Seguramente desconocían que, además, algunas de estas viviendas habían sido adquiridas por agentes de policía.

Pero este no era un artículo para hablar de vivienda. De la burbuja inmobiliaria que nos hizo la vida tan difícil durante años, que nos expulsó de nuestras casas, que nos subió los alquileres, contra la que luchamos todo ese tiempo chocándonos contra una pared de incomprensión. De esa burbuja que, cuando estalló, sacudió al país entero y que tuvimos que pagar las mismas personas, las mismas familias que sufrieron sus desmanes. De esa burbuja que amenaza con volver y de la falta de memoria que puede llevarnos a repetir la misma historia, los mismos dolores y las mismas víctimas.

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Ley de Seguridad Ciudadana: amordazando a las trabajadoras sexuales

Concentración en la provincia de Cádiz contra las ordenanzas municipales

La situación de la prostitución en España es incongruente porque nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal pero que a la hora de elaborar el PIB del país se contabiliza para así aumentarlo. Esta falta de reconocimiento lleva a que la ya, de por sí, complicada realidad de las personas que ejercen la prostitución se vea empeorada por algunas de las normas que se han desarrollado en los últimos años, en los cuales hemos sido testigos de un endurecimiento de las leyes y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de la sociedad en general, y de las personas que ejercen la prostitución en particular.

Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución, lo que se traduce en normas legales y campañas que tienden a aumentar la controversia social sobre este tema y que, además, empeoran las graves vulneraciones que las trabajadoras sexuales sufren. La visibilidad que se ha dado a esta realidad es prácticamente escasa, llamando la atención que normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que ha levantado controversias y numerosas críticas por la vulneración de derechos que su aplicación conlleva, no haya sido criticada por el ataque que perpetra sobre las trabajadoras sexuales.

La mencionada ley prevé, en su contenido, dos infracciones que afectan directamente a las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución en la calle: por un lado, pueden ser sancionadas con multas de hasta 600 euros si realizan actos que puedan ser considerados obscenos en la vía pública. Y por otro, pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros si, tras ser notificadas por las autoridades para que no ofrezcan sus servicios en sitios públicos, estas continúan haciéndolo.

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El desgobierno de los privilegios

Vivimos tiempos convulsos, en los que todo aquello que rodea las instituciones del Estado de Derecho aparece rodeado de una bruma de desconfianza y sospecha. La sociedad asiste atónita a un embrollo de mentiras, imposturas, fraudes, despilfarro y corrupción, obligada día tras día a contemplar un espectáculo vergonzoso y humillante. No existe país alguno que pueda permitirse mantener tal grado de descrédito institucional sin peligro para la vida democrática.

Pero no se trata solo de un espectáculo lamentable, es que este esperpento lo están protagonizando quienes tendrían que gobernar y administrar el país, y lo hacen en lugar de gobernar.

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación en la que todas las instituciones y todo en ellas parece atravesado por una trama destinada a mantener privilegios?

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Balance Migratorio, muerte y sufrimiento

El 27 de enero de 2017 aparecía el cadáver del pequeño Samuel en una playa de Barbate, en La Mangueta. Si hay que hacer algún balance de lo que ha pasado durante el año 2017 con los flujos migratorios en España, justo es empezar recordando a ese pequeño congoleño de seis años que tuvo que subirse con su madre a una patera -cuyo cadáver apareció días después en una playa argelina-, tras haber intentado llegar a España haciendo lo posible y lo imposible para viajar por medios legales.

La muerte del pequeño Samuel es quizás el símbolo más descarnado de la ignominia y la vergüenza que son las políticas migratorias que desarrolla nuestro gobierno. Samuel pronto fue olvidado, su muerte no alcanzó la resonancia mundial de Aylán, el pequeño kurdo de tan sólo tres años que apareció ahogado en una playa de Turquía en septiembre de 2015 y cuya foto conmovió al mundo y originó una enorme ola de solidaridad con las personas refugiadas.

Vivimos una sociedad de noticias efímeras e impactos fugaces. Acosada por tremendas desigualdades que afortunadamente al menos en algunos temas importantes nos están haciendo reaccionar, la muerte de Samuel fue de impacto también fugaz y limitado en la opinión y en las conciencias. Quizás por eso -por la fugacidad de las cosas y los justos apremios cotidianos- apenas tiene repercusión que durante el año pasado 249 personas perdieran la vida intentando llegar a España o desaparecieran sin que se supiera más de ellos. Es lo que muestra el  Balance Migratorio que la APDHA publicó el pasado 26 de febrero. Es una cifra tremenda que -al igual que otras macabras contabilidades de personas muertas- debería haber levantado una ola de indignación y de solidaridad.

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La insuficiente Renta Mínima de Inserción de la Junta de Andalucía

Imagen de una cola en los servicios sociales en Sevilla

La nueva  Renta Mínima de Inserción Social (RMI) de Andalucía (diciembre 2017), vendida a bombo y platillo por la Junta, cambia poco el anterior Ingreso Mínimo de Solidaridad o Salario Social, que la Junta tenía aprobado desde 1999.

Es cierto que esta RMI amplía la cobertura, que pasa de unas 14.700 a 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), aumentándose la cuantía presupuestaria. Las  personas titulares que pueden solicitar dicha RMI se amplían también a las comprendidas entre 18 y 24 años que cumplan ciertos requisitos. El nuevo baremo de percepción de la unidad familiar unipersonal  pasa a 419,52 € mensuales (anteriormente era de 406,22 €), incrementándose en 53,78 € por miembro de la unidad familiar (antes 52,42 €). El  tiempo de percepción de la RMI pasa de 6 meses a un año, no pudiéndola solicitar de nuevo hasta pasado otro año,  a no ser que en circunstancias especiales se pueda prorrogar por periodos sucesivos de 6 meses,

Reconociendo dichas mejoras, desde el grupo de Marginación de APDHA Sevilla creemos que la nueva RMI de la Junta es semejante al “parto de los montes” de la fábula de Esopo, más de lo mismo que ya tenía aprobado y que, en definitiva, no cumple con los objetivos que ella misma se fija de “erradicar la pobreza, la marginación y luchar contra la exclusión social”. Y ello,  porque:

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Volviendo al pasado: la cadena perpetua revisable

En el año 2015, el Gobierno del Partido Popular realizó una de las reformas más duras del Código Penal de nuestra historia. Bajo la denominación «prisión permanente revisable» el Ministerio que entonces dirigía Alberto Ruiz-Gallardón reintrodujo la cadena perpetua: una medida que, como recuerda en un excelente artículo Xabier Etxebarria, desapareció de nuestro ordenamiento jurídico en 1928, casi al final de la dictadura de Primo de Rivera. Por eso no es nada extraño que haya sido el propio Ruiz-Gallardón quien haya afirmado desde la Fundación FAES que «se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología». La campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular para pedir la no derogación de la cadena perpetua a través de mociones en todos los Ayuntamientos del Estado le da la razón al exministro de Justicia: se ha acabado el tiempo de gobernar escondiendo la ideología.

En el mismo año en que se realizó la reforma del Código Penal desde APDHA lanzamos la  campaña #NoALaPerpetua a la que ya se han sumado más de cien colectivos. Dentro de esta, una de las últimas acciones que hemos llevado a cabo ha sido oponernos en todos los Ayuntamientos de Andalucía a las mociones presentadas por el Partido Popular. Lo hemos hecho interviniendo en el mismo Pleno, como ha sido el caso de Córdoba, donde se aprobó una moción para pedir la derogación de la prisión permanente revisable. Sin embargo, cuando la participación directa no ha sido posible hemos remitido nuestro argumentario a todas las agrupaciones municipales.

En Cádiz se ha conseguido que en los Ayuntamientos de la capital de la provincia, San Fernando, Chiclana, Barbate, Bornos, Medina y Conil se hayan derogado las mociones del grupo popular. Lo mismo ha ocurrido en Sevilla. También en Huelva. En Atarfe y Granada tampoco se aprobó la propuesta del Partido Popular, aunque en este último consistorio se llegó a votar hasta en dos ocasiones debido a la abstención de una concejala de la agrupación Vamos Granada. Incluso el Parlamento andaluz ha mostrado su rechazo.

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Respuestas y responsabilidades ante las agresiones en el trabajo sexual

Manifestación de prostitutas bajo el lema 'Madrid me multa', el 15 de febrero de 2014. Fotografía de Johannes Mahn.

Una violación a una prostituta es una violación, sin matices, y sin matices ni condicionantes deben ser las respuestas ante cualquier agresión sufrida por una prostituta. Y es que como afirma Sonia Verstappen, ex trabajadora sexual y activista de UTSOPI, "las prostitutas son mujeres como cualquier otra y nuestros clientes son hombres como cualquier otro". Pero para  establecer los  medios que permitan prevenir cualquier tipo de agresión en este ámbito y asumir responsabilidades hay que atender a que el trabajo sexual no es un trabajo cualquiera.

En España, a quienes trabajan en la prostitución se les niega la condición de trabajadora o trabajador, no tienen ningún derecho laboral reconocido. Es más, cuando hablamos de mujeres que se dedican a la prostitución les negamos automáticamente cualquier capacidad de autonomía y, sin atender a sus circunstancias personales, o condiciones en que la ejercen, caen bajo la condición de víctima (de explotación sexual si son nacionales, de trata para la mayoría de las migrantes).

No parece existir en nuestro país espacio ni lugar en el que sea legítimo exigir medidas y condiciones específicas que atiendan a las necesidades de su actividad laboral. Como dice Gail Pheterson (El Prisma de la Prostitución, 2000), "la prostitución funciona en gran medida a modo de prisma, ya que desvía la atención, desarticula la comprensión, deforma la realidad", y es que cuando queremos hablar de derechos y necesidades en la prostitución, nos responden "violencia, explotación sexual y trata de seres humanos".

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Ahed Tamimi y Donald Trump: dos polos que definen la deriva del mundo presente

La causa palestina es uno de los escenarios que más relevancia y análisis político han generado durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Palestina se ha convertido en un laboratorio de experimentación con población real para la creación y puesta a punto de lo que luego se convierten en productos de índole militar, securitario, estrategias geopolíticas y métodos de control psicológico y social.

Y es que la población palestina no deja de sorprender por su resistencia y persistencia en las estrategias para encontrar caminos que eviten su total desaparición. En el polo opuesto vemos cómo Israel y sus apoyos internacionales (fundamentalmente EEUU, pero también muchos otros países más que conforman la fútil Asamblea de Naciones Unidas) siguen demostrando su habilidad para exprimir las posibilidades que este contexto ofrece a sus propios intereses.

Prueba de ello ha sido el reconocimiento realizado por Donald Trump de Jerusalén como capital del Estado de Israel, a través del anuncio,  el pasado 6 de diciembre, del traslado de la embajada estadounidense a la ciudad. Tal declaración ha hecho correr ríos de tinta sobre las consecuencias que este gesto provocará en la situación palestina. Muchos de estos análisis pasan por alto que la realidad de las personas palestinas difícilmente puede deteriorarse más en la práctica, ya que la mayoría de estas personas ni siquiera puede acceder a Jerusalén.

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