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Morir en la cárcel sabiéndolo de antemano

Este lunes, 11 de marzo, Carmen Badía Lachos comenzó una huelga de hambre indefinida en la cárcel de Zuera, donde se encuentra presa. Tiene 62 años y padece tres cánceres que la han obligado a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas que, teniendo también en cuenta su edad, han provocado que “su estado de salud sea cada vez más preocupante” según ha podido acreditar el Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas de Aragón (CAMPA) durante su acompañamiento. El objetivo de Carmen es denunciar la desatención médica y el aislamiento que está sufriendo y lograr su excarcelación por razones humanitarias.

En este sentido, el Código Penal establece dos supuestos para la excarcelación de las personas con enfermedad grave sin necesidad de cumplir requisitos adicionales, ya que estamos ante una libertad que se fundamenta en razones humanitarias. La primera situación que contempla es la de enfermedad muy grave e incurable, que solo requiere del cumplimiento de un tiempo mínimo de condena y de los mismos requisitos de la libertad condicional, es decir, haber disfrutado del tercer grado y tener buena conducta. La segunda es la enfermedad terminal con peligro inminente de muerte, que puede prescindir de los requisitos antes mencionados, aunque es preciso contar con un pronóstico final del centro penitenciario en el que se valoren las circunstancias personales, la dificultad para delinquir en ese estado y la escasa peligrosidad. La diferencia entre ambas situaciones es importante.

Sin embargo, valorar y definir “riesgos vitales o patentes para la vida”, especificar la terminalidad y establecer pronósticos supone un debate importante, que en todo caso debe afrontarse en términos médicos, y nunca penitenciarios. Este análisis no le corresponde a la Administración penitenciaria y mucho menos hay que limitarlo a criterios de temporalidad. De hecho, las sociedades científicas paliativas han desechado los criterios temporales de la definición de terminalidad, ya que el tiempo estimado de una enfermedad terminal es variable. En la actualidad, en el Estado español es así como se hace y este concepto, a los efectos de libertad condicional, está definido por medio de una instrucción (ni siquiera por una ley).

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Pobreza, renta mínima y emergencia social: ¿nos gobiernan políticos sin escrúpulos?

Cita para los servicios sociales en Sevilla, pedida recientemente y otorgada para julio

Decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio y no le faltaba razón. Vivimos en la época de la posverdad, esa mentira intencionada y varias veces repetida que se abre espacio en el imaginario de la sociedad, que carece del más mínimo rigor y que no aguanta una crítica seria, por pequeña que sea.

Este es el caso de las personas sin hogar. Estas personas son, sin duda, la exclusión de la exclusión. Los estereotipos, los clichés y los prejuicios forman un todo que hace incomprensible esta realidad para la mayoría de la sociedad: “están así porque quieren”, “duermen en la calle porque quieren”, “no aceptan la ayuda porque no quieren salir de esa situación…”. Si con alguna palabra se puede definir la situación de las personas que malviven en la calles es poliédrica. Esto es lo primero que te encuentras si te paras y escuchas a las personas protagonistas y ves, sin prejuicios, sus itinerarios personales, que son diversos y complejos.

Sara Mesa ha escrito Silencio administrativo, un pequeño y gran libro en el que describe, a través de la historia de Carmen, cómo la pobreza es silenciada desde distintos espacios: por la sociedad en su conjunto y especialmente por la administración, que sigue a lo suyo ofreciendo una burocracia laberíntica que lleva a dar vueltas y más vueltas para seguir, de por vida, en el laberinto de la miseria. El libro, imprescindible para quien quiera acercarse a la realidad de las personas más excluidas, es un manual del absurdo que las administraciones ofrecen a quienes más necesidades tienen.

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Del apagón informativo a las devoluciones a Marruecos

Las rutas migratorias en Europa, tras los bloqueos, acuerdos internacionales y violaciones sistemáticas de DDHH en Turquía, Libia y otros países, pasan de forma importantísima por España, aunque desde el Gobierno se empeñe en decir que son situaciones excepcionales o de emergencia. De hecho, como ya señalamos en el informe Frontera Sur 2019 de APDHA, en nuestro país las llegadas vía marítima en 2018 “se han multiplicado por 2,24 con respecto al año 2017”.

Fruto de la estrategia del PSOE de reducir las llegadas vía marítima a España al 50% a cualquier precio y en la que llevan trabajando desde hace meses como veremos a continuación, hoy leemos el anuncio del acuerdo de España con Marruecos para devolver a personas migrantes rescatadas en el mar a las costas marroquíes.

El rumbo de las políticas migratorias está quedando rotundamente claro.

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Trabajadoras de hogar en Ceuta: sostener la vida desde los márgenes

La situación de las trabajadoras de hogar en Ceuta trasciende las dificultades del sector de los cuidados y la precariedad generalizada de las actividades profesionales feminizadas. La mera presencia de la frontera provoca un efecto amplificador de la desigualdad, la desprotección y vulnerabilización de las mujeres que desarrollan esta actividad.

La crisis de los cuidados ha puesto de manifiesto no solo la división sexual del trabajo, también nos ha demostrado que la incorporación de las mujeres al espacio productivo no ha tenido su correspondencia en la participación de los hombres en el ámbito de los hogares. Esta es una realidad para la que el feminismo nos aporta claves fundamentales con las que combatir la desigualdad y la discriminación.

Es en los márgenes donde se encuentran las realidades que definen con más contundencia el modelo neoliberal al que nutre el patriarcado. Las empleadas de hogar y cuidados en Ceuta pertenecen a estos márgenes en los que la desigualdad genera oportunidades de negociación asimétricas, dos partes se benefician, pero de muy desigual manera.

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El PSOE de Sevilla frente al trabajo sexual: "salvar" a las mujeres pero sin las mujeres

Cualquier política pública que pretenda abordar la prostitución debe cumplir un mínimo de respeto por los derechos de las personas que la ejercen, máxime cuando estas políticas tienen en la protección y defensa de la libertad de las mujeres su principal motivación. La igualdad y la lucha contra la violencia de género no puede ser un mero ornamento dentro de estas políticas, exige coherencia, responsabilidad y verdadero compromiso respecto a la realidad de todas las mujeres.

En este sentido, nos hemos ido acostumbrando a políticas irresponsables, que dicen legislar para las prostitutas y su seguridad, pero posteriormente son incapaces, y no les conviene, evaluar las consecuencias reales que este espíritu de salvaguardia de la integridad de las mujeres tiene sobre sus vidas reales: una mayor exclusión, precariedad, inseguridad y pérdida de autonomía. Un ejemplo de esta falta de responsabilidad y coherencia lo podemos tomar de las políticas que el PSOE está desarrollando en la ciudad de Sevilla.

El partido socialista ha expresado, en muchas ocasiones, su postura manifiestamente abolicionista sobre la prostitución. El 30 de noviembre presentóuna moción en el ayuntamiento de Sevilla que así lo reiteraba, y lo articula a través de políticas públicas sustentadas bajo este marco ideológico. Pero no solo hablamos de ideología, hablamos de una constante contradicción y falta de responsabilidad.

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Migraciones en un nuevo contexto político

Pareciera que las fronteras están de par en par abiertas. Pareciera que no se detiene a las personas migrantes, que no se realizaran expulsiones inmediatas, deportaciones, ni identificaciones racistas. Pareciera que a cada migrante que llega lo recibiera una alfombra roja, en lugar de una espiral de concertinas.

Y lo duro es que el racismo institucional que vivimos, el de las miles de vidas ahogadas, el de las devoluciones sumarias, el de las cárceles para extranjeros que no han cometido delito alguno, compita aún con algo peor, si anticipamos lo que está por llegar.

La actual gestión de las migraciones en España se ha construido sobre la base de intentar a toda costa que no salgan de sus países, que si salen, no lleguen y que si llegan, sean expulsados a cualquier precio. Es el itinerario de la vergüenza, que niega la propia naturaleza humana, que rehúsa de sus identidades múltiples, de una “cultura occidental” que no es sino un crisol de muchas, diversas y variadas a todos los niveles, en religión, en cultura, en origen.

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El aislamiento: la cárcel dentro de la cárcel

El sistema penitenciario español clasifica a las personas presas en grados, el primer grado se corresponde con el régimen cerrado o aislamiento, el segundo grado es el régimen ordinario y el tercero, con el régimen abierto.

Según la Ley Orgánica General Penitenciaria, el régimen cerrado será de aplicación a presos peligrosos o inadaptados a los regímenes ordinario y abierto. Pero, ¿quién decide si un preso es peligroso o está inadaptado? No es el juez penal que ha conocido la causa, ni el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ni la Fiscalía, es el centro penitenciario, que tomará la decisión teniendo en cuenta factores como la naturaleza de los delitos cometidos, la pertenencia a organizaciones delictivas, comisión de infracciones disciplinarias graves o muy graves, etc.

Lo cierto es que este régimen cerrado o aislamiento contraviene las bases propias de un sistema orientado a la reinserción y reeducación,  desde el punto de vista personal y social, principalmente, porque el primer grado suele cronificarse, entrando el centro penitenciario en un bucle estigmatizador del que no suelen salir.

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La ética estadística y los derechos humanos

Somos testigos y convivimos con demasiados casos en que los derechos humanos se incumplen, se vulneran o, directamente, son violados. ¿Cuántas personas sin hogar?, ¿cuántas amenazadas por el desahucio?, ¿cuántas pasan cada hora buscando en los contenedores?, ¿quién repara en ellas?, ¿por indiferencia, por vergüenza, por impotencia…? Dicen las estadísticas que Sevilla es la ciudad que concentra más barrios pobres en España. ¿desasosiega esto a la mayoría de quienes viven al otro lado de esos muros? Sí, ¿pero a cuantas personas por miedo a ser afectados por la pobreza y a cuántos por sentido de justicia o por piedad?

Casi a diario tenemos noticias de muertes en el Mediterráneo de personas que huyen de guerras y de carencias de todo tipo provocadas por estas y por la injusticia que instituyen los vencedores con la ayuda de sus poderosos aliados del Norte. ¿Cuál es la estadística minúscula de quienes se movilizan para frenar esa sangría?, ¿cuál la masiva de quienes pasan de largo?, ¿por ignorancia, por impotencia, por insensibilidad? ¿Y cuál la de quienes consideran esas muertes una desgracia necesaria para proteger su miserable opulencia, o su amenazada precariedad?

El Estado español es uno de los mejor situados en la estadística de número de desapariciones forzosas y víctimas de juicios sin garantías. Muchos de sus descendientes, vecinas y vecinos nuestros, siguen esperando un juicio justo y poder cumplir el ritual del duelo, que toda persona necesita concluir. ¿Cuál es la estadística de quienes exigimos ese juicio y queremos acompañar en ese duelo tanto tiempo postergado, en un gesto de clemencia elemental? ¿Cuál la de quienes miran para otro lado?, ¿la de quienes afirman que es revanchismo? ¿Y cuál la de quienes consideran que fueron muertes necesarias por cualquier causa superior a la vida humana?

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10-12-1968 Derechos Humanos 10-12-2018

La celebración del 20 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1968, me cogió en La Línea de la Concepción (Cádiz). Un grupo de jóvenes (trabajadores, maestros, curas, profesores del Instituto Menéndez Tolosa…),  habíamos montado la librería “La Banqueta”. Al igual que otras muchas de las fundadas en aquellos años en el Estado español, fue concebida como centro de reunión y reflexión sociopolítica. La Policía la tenía conceptuada como centro de subversión y estaba en lo cierto. Teníamos que funcionar en semiclandestinidad. Los derechos fundamentales estaban prohibidos.Nos encontrábamos en dictadura. Para el que se movía, tener ficha en la Policía era normal y de entre nosotros, alguno salió en la foto camino al Tribunal de Orden Público.

Nos fijamos la fecha del día 10 de diciembre como una fecha señera. La rotundidad del 20 aniversario de un acontecimiento que sentíamos de gran relevancia, nos obligaba a ello. Con dificultad, conseguimos que se dieran unas charlas en el entorno del día 10. Disponer del texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para comentarlo y repartirlo, nos resultaba imprescindible. Sin embargo, no encontrábamos la forma de adquirirlo. No era un texto de la devoción del régimen.

Alguien pronunció la palabra Unesco y con ella se nos hizo la luz. Toda una aventura, pero conseguimos que la Unesco nos hiciera llegar, gratuitamente, cientos de trípticos con el articulado de la Declaración Universal. Celebramos el 20 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la vera del Peñón de Gibraltar, en una reunión clandestina. El miedo lógico a lo clandestino hizo que no fuera muy concurrida, pero en ella comentamos, con rebeldía y esperanza, la situación sociopolítica en que nos encontrábamos. Luego vendría el reparto, con profusión, de los trípticos, regalo de la Unesco.

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Quien se mueve, sale en la foto: relato de la represión en Sevilla

Siempre ha sido una constante, por parte de quienes ostentan el poder, querer controlar y cercenar los derechos de los que, en desacuerdo con lo establecido, protestan, se movilizan y/o denuncian pacíficamente lo que entienden necesario. Esta voluntad va más allá de los de los propios activistas y movimientos sociales. Alcanza incluso a quienes cubren periodísticamente estos hechos. Las muestras de solidaridad con quienes sufrían atropellos constantes en sus derechos más básicos, como por ejemplo los relacionados con la violación del derecho a la vivienda y las acciones habituales para parar los desahucios, hizo que el Gobierno de entonces, con su mayoría absoluta y sus tintes autoritarios, legislara para limitar y amedrantar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y en la Constitución de 1978.

Quien se mueve, quien hace una denuncia pública de su disidencia, se pone en una situación vulnerable, sabiendo que puede acabar identificado/a, multado/a, detenido/a, en libertad con cargos, o lo que es peor, en prisión preventiva. El Estado pone en marcha la represión como medida disuasoria para los movimientos por la defensa de los Derechos Humanos, usando el miedo como parte de su estrategia represiva. Y lo hace en un marco de carencias consolidado: amplias capas de la sociedad cada vez más empobrecidas, el sistema público cada vez más débil, la precarización del empleo, la falta de vivienda, la falta de cobertura social, etc.

Agitando conciencias y acción colectiva nos levantamos en 2011 para decir ¡basta ya! a todo esto y pillamos por sorpresa a un Estado demasiado acostumbrado a que no se le cuestionara. Sin embargo, el Poder legislativo tomó nota y, poco tiempo después de aquello, nos impusieron la Mordaza.

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