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De mal en peor en igualdad, violencia de género y medidas antiabortistas

Concentración este martes de una de las organizaciones excluida de las subvenciones, Famdisa

Hace apenas un mes que nuestra asociación denunciaba en el dosier sobre la situación de los derechos humanos en Andalucía, el retroceso que en materia de igualdad y violencia de género estaban suponiendo las políticas del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Cs con el apoyo de Vox. Un peaje a Vox en su intento de volver atrás en nuestros derechos, tras tantos años de lucha de todas las andaluzas.

Un retroceso que observamos en los acuerdos firmados por los tres partidos para poder formar Gobierno, negando la sobreexplotación y discriminación de las mujeres en todos los ámbitos, así como la violencia de género, poniendo el acento en las ayudas a las mujeres embarazadas como forma de evitar abortos a través de la recién constituida Consejería de Salud y Familias. Así, promocionan su modelo único de familia, además del “control” de subvenciones a grupos feministas, por la libertad y la diversidad sexual.

Un retroceso que constatábamos en el presupuesto de 2020 aprobado por PP-CS-VOXcon un recorte global (1,4 millones de euros) en Acciones para la Igualdad y Promoción de las Mujeres o Protección contra la Violencia de Género. Han desaparecido partidas como la del Observatorio Andaluz de Violencia de Género, ayudas a la atención a menores víctimas de violencia, alquiler de viviendas, inserción sociolaboral y redes de apoyo a víctimas de violencia de género. Asimismo, se han recortado las subvenciones para el asociacionismo de mujeres, los sindicatos para la defensa legal en materia de igualdad, etc.

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La Navidad entre rejas

La Navidad, una época donde la mayoría de las personas se reúne en familia y en la que, sin duda, estamos un poco más sensibles que de costumbre. Son días de encuentros, comidas, celebraciones,  donde compartimos todo lo que nos une y parece que nos inunda la alegría, los besos y las risas.

Sin embargo, la realidad que se vive dentro de una prisión es bien distinta. Y lo digo por experiencia personal, por las navidades que pasé en prisión cumpliendo condena. Un año más, en las cárceles se volverá a asistir de manera previsible a los cambios de menú que se tienen preparados para estos días de Navidad, a modo de celebración irónica, pues para mí esto sólo significaba una imagen artificial de bondad, solidaridad y compasión que se nos transmitía desde la institución penitenciaria.

Además del cambio de menú, también aparece en estas fechas navideñas un desafío interno y personal para las personas presas: mostrarse sensibles y vulnerables en un entorno hostil. No es nada fácil para ninguno de nosotros dejarse llevar por las emociones y los sentimientos que se nos despiertan en estos días. Eso sí, cuando sucede en la cercanía y en la intimidad de la celda con tu compañero, se llega a expresar lo más humano de nosotros, creándose un ambiente más amigable y de cuidado en nuestras relaciones.

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Represión y recorte de libertades: el desmantelamiento del Estado Social de Derecho

Los tradicionales pilares en los que se sustentaba nuestra democracia, y la de los países de nuestro entorno, se están viniendo abajo con alarmante rapidez e inacción por parte de agentes políticos y sociales. Estos pilares a los que nos referimos son los denominados Estado social y Estado de derecho, y su desmantelamiento en paralelo no es casual. Los constantes recortes de derechos sociales que vemos en numerosos ámbitos como el laboral, el educativo, el sanitario, el de género y diversidad sexual, etc. requieren de una respuesta represiva que mitigue la natural reacción de los sectores a los que se les limitan o directamente retiran derechos y por ello desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) consideramos muy necesario prestar una especial atención a esta deriva de crisis democrática que estamos viviendo, como un aspecto integral e inherente a todas las formas y causas de protesta.

Mientras en la opinión pública se va diluyendo poco a poco el clamor por la derogación de la ley mordaza, mitigado por la utilización cada vez más frecuente de conceptos como “la salvaguarda del orden público” y otros derivados, en Andalucía vivimos el pasado año un aumento de un 20% de sanciones en base a esta norma, con un incremento del 22% en la recaudación, superando la cifra de los 54 millones de euros, según los propios datos facilitados por el Ministerio de Interior.

La defensa a ultranza de los Derechos Fundamentales en nuestra sociedad (incluso por encima de otros que, aunque constitucionalmente consagrados, no tienen la importancia que la propia Carta Magna reconoce a los primeros) se configura en presupuesto básico de calidad democrática de la misma; mientras tanto, en España el pasado año, aumentaron más de un 13% las manifestaciones y concentraciones prohibidas por el Gobierno.

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La política en la Frontera Sur descansa sobre un colchón de intereses

Según el catedrático Alejandro del Valle, entre los reinos de España y Marruecos se ha generado en las últimas décadas un “colchón de intereses” que amortigua los conflictos latentes existentes entre ambos países. Una expresión que, a mi modo de ver, da sentido alconjunto de políticas que se desarrollan en la frontera Sur. Tiene interés repasar la historia común para entenderlo de forma adecuada.

La condición de zona estratégica fronteriza del Mediterráneo Occidental se hace visible a lo largo de todo el siglo XIX cuando Marruecos sufre las consecuencias de la confrontación entre las potencias coloniales y sus intereses. En lo que respecta a España, las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla viven durante siglos a espaldas de su entorno africano siendo reivindicadas permanentemente por la población circundante y ocasionalmente por el sultán de Marruecos. Entre 1859 y 1860 se produce la que aquí se denominó Primera Guerra de África, que levantó olas de lamentable patriotismo colonial. No es ocioso llamar la atención del uso del enfrentamiento y el racismo contra “los moros” en los momentos de inestabilidad interna.

La primera mitad del siglo XX está dominada por el afán colonialista del reino de España. Merece que se recuerde la vergonzosa guerra del Rif, de consecuencias tan tremendas para los dos pueblos y en la que está documentado un sinnúmero de atrocidades cometidas por el ejército español, o el protectorado que se impuso por la fuerza a la población rifeña o la participación de las llamadas “tropas moras” en la guerra civil española.

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El acuerdo PP-Vox en Andalucía: del centro de salud al CIE

Enero de este año, reunión entre PP y Vox para el pacto de investidura en Andalucía

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, fuera de cualquier condición subalterna -origen, etnia, género, etc.- una serie de derechos en base a la propia esencia humana. Son los Estados los que, a través de políticas y prácticas concretas, se otorgan el privilegio de decidir qué derechos se reconocen bajo la categoría de “ciudadanía”, por tanto, qué personas son susceptibles de ser amparadas por ese reconocimiento.

Las políticas migratorias determinan qué personas migrantes son o no sujetos de derechos en función al cumplimiento de un conjunto de exigencias que condicionan la adquisición de un permiso de residencia y que regularán su situación administrativa, no a la persona. Las personas cometen actos contrarios a la ley y no por ello se las etiqueta de ilegales, excepto tal y como es habitual en las personas migrantes.

Es, a base de repetir malintencionados y falsos discursos pivotando siempre sobre la idea de que las personas migrantes sin permiso de residencia son ilegales, como se ha fomentado la criminalización de este colectivo y la tolerancia ante la vulneración de sus derechos fundamentales.

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¿Salud en prisión?

Si entendemos la salud como un fenómeno amplio, no es difícil encontrar la contradicción intrínseca al título de este artículo. ¿Es posible tener salud cuando estás en un régimen privativo de libertad, lejos de tus seres queridos y en un ambiente de supervivencia?

Desde el esquema de los determinantes sociales de la salud, la cárcel actuaría como un determinante estructural más que se relaciona con los diferentes ejes de desigualdad (clase social, género, raza…) y da lugar a unos recursos materiales particulares que, a su vez, interaccionan con las personas y los servicios de sanidad penitenciaria dando lugar a las denominadas desigualdades en salud. El objetivo de este artículo es entender cómo opera la cárcel en la salud de las personas desde esta perspectiva.

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España 2010

Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España 2010 APDHA

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Los Derechos Humanos y la Renta Básica Universal

Durante los días 17 al 19 de octubre tendrá lugar en Sevilla el XIX Simposio Estatal y I Ibérico de la Renta Básica Universal. Estudiosos y representantes de la sociedad civil de los estados portugués y español pondrán en común y debatirán sobre los avances del movimiento por la implantación de la medida: un ingreso a toda la ciudadanía, que iguale el umbral de la pobreza, individual, e incondicional; esto es la Renta Básica Universal (RBU). La asociación organizadora es Andalucía por la RBU, coordinada con la Red Renta Básica -que integra a las entidades que en el conjunto del Estado defienden su implantación- y con la asociación homóloga portuguesa Rendimiento Básico Incondicional, que aglutina a los partidarios del país vecino.

La continuidad de estos encuentros demuestra la solidez del movimiento asociativo y el crecimiento de las personas convencidas de la necesidad de la RBU para el avance de la justicia, la equidad, la autonomía personal y la seguridad material básica de todos y todas, es decir, para el avance de los derechos humanos. Lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, aprobada en la Conferencia de Monterrey en 2007, que incluye la RBU como uno de ellos. Y así se ha pronunciado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, que en comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra en junio de 2017 ha declarado: “…la renta básica universal ofrece una solución audaz y creativa a muchos problemas acuciantes que están a punto de empeorar aún más, como consecuencia del rumbo hacia el que la economía mundial parece orientarse de manera inexorable”.

Hablaremos en Sevilla de las experiencias de RBU que tienen lugar en distintos países o ciudades del mundo, con especial atención a la impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona; de las fórmulas y posibilidades de su financiación, con una mesa dedicada a su viabilidad económica en Andalucía; de los efectos que tendría sobre la emancipación de la mujer; de las posibilidades que abriría para el avance del cooperativismo y el amparo de los bienes comunes, y, finalmente, de la filosofía política que la sustenta.

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La emergencia climática es también una emergencia en derechos humanos

La cumbre sobre la acción climática organizada por Naciones Unidas en Nueva York y la movilización mundial por el clima, apoyada masivamente por estudiantes, sindicatos y multitud de organizaciones sociales del norte global, han marcado la agenda social y política de la semana pasada. La necesidad de actuar responde a una emergencia antigua, protagonizada anteriormente por defensores y defensoras pertenecientes a comunidades indígenas, pero que hoy parece manifestarse con mayor contundencia en las conciencias de occidente.

La esperanza nunca se pierde, aunque no podemos dejar de recordar que llevamos cayendo por el abismo demasiado tiempo. Es larga la lista de personas defensoras del medio ambiente que han invertido su tiempo, su seguridad e incluso han perdido la vida al enfrentarse a Gobiernos y macroempresas extractivistas. El año 2017 fue considerado por la organización Global Witness el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Un año antes era asesinada Berta Cáceres, un caso que aún no ha acabado por esclarecerse.

Las valoraciones actuales sobre la situación medioambiental no son nada halagüeñas; los efectos se dejan notar en todas las facetas de la vida de la población mundial, el proceso no deja de acelerarse y los tiempos de reacción se agotan. Al malestar de las personas más jóvenes, se une la reiterada constatación de que la voluntad de gobernantes y corporaciones no parece estar por la labor de detener su voracidad por los recursos del planeta.

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Las tanatopolíticas del Gobierno Sánchez

Puerto de Málaga, durante un desembarco de personas migrantes

Durante el año 2018, la gestión de los flujos migratorios en la frontera sur fue un auténtico caos. Ni el Gobierno del PP primero ni el Gobierno del PSOE después pusieron en marcha medidas para abordar el anunciado y archisabido incremento que se iba a producir en la llegada de migrantes a España por el cierre de las rutas del Este y centro del Mediterráneo.

Como se sabe, en 2018 llegaron a nuestro país por la frontera Sur más de 64.000 personas, un significativo incremento con respecto a las más de 28.500 del año 2017. La gestión fue un verdadero caos, un desastre sin paliativos: centros de detención improvisados, personas migrantes alojadas de cualquier manera y en cualquier sitio, o andando por las carreteras tras ser dejadas a su albedrío sin documentación por una policía colapsada

Como se pensará, con razón, este desbarajuste lo pagaron las personas que habían llegado, que fueron maltratadas y desconsideradas y cuyos derechos fueron ignorados, cuando no directamente pisoteados.

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"Encerrar a todas", esa es la ley

- “Vamos a tener que detenerte”

- “Qué van a hacer, pobres, ellos solo cumplen con su deber”

Cuando escuché la frase de Ángel, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí necesidad de escribir de esto. Rabia, pena, coraje. No sé cuántos sentimientos me inundaron. Tenía que escribir algo. Este no es un buen momento para estudiar, leer o escribir. La reproducción de la vida me ocupa - con mucho gusto - el mayor tiempo de mi día y el trabajo intelectual obligatorio tengo que gestionarlo en pequeños ratos libres. No me da la vida para estudiar y escribir sobre un tema que no es de esos que la academia (me refiero al sistema universitario, no a la institución del cine) llama “tu línea de investigación”. Ni siquiera es un ámbito propio de penalistas, sino de procesalistas. Pero tenía que escribir algo. Todos los días desde aquel principio de abril se me ha pasado por la cabeza decir o escribir algo.

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