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iDental: el infierno sanitario que no sabe de vacaciones

Reunión de los afectados de Idental en la sede de APDHA en Sevilla.

El escándalo de iDental, clínicas que se presentaban publicitariamente como "dentistas con corazón", abarca ya a más de 240.000 personas repartidas por todo el Estado con necesidades urgentes de tratamiento, con procedimientos cobrados y no concluidos, con secuelas graves, y –para aquellos que no las sufren ya- con la incertidumbre de quién se responsabilizará de su atención cuando aparezcan los previsibles problemas generados por la evidente mala praxis en la ejecución de los trabajos.

Hace unos días un juzgado de Asturias condenó a iDental y al odontólogo interviniente a indemnizar a una paciente en casi 25.000 € por los daños irreparables acarreados. También la policía allanó 23 clínicas de la compañía, recuperando los expedientes de pacientes allí encontrados, necesarios para la práctica judicial y su posterior atención médica, depositándolos para su clasificación y custodia en hospitales públicos, que estarán disponibles para los afectados a partir del mes de octubre.

Los engaños, haciendo alusión a supuestas subvenciones estatales y una política comercial agresiva ofertando descuentos y financiando las operaciones con créditos bancarios (los bancos, ¡cuando no!) consiguieron un elevado éxito entre nuestras vecinas menos pudientes, que creían haber encontrado un tratamiento barato y accesible.

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"Cuando cerraron los manicomios las cárceles se llenaron de locos"

Las palabras que sirven de título a este artículo son de un preso de la cárcel de Albolote y guardan una estrecha relación con una importante sentencia del Tribunal Constitucional (TC), publicada el pasado 17 de agosto en el Boletín Oficial del Estado. La sentencia (STC 84/2018) resolvía un recurso de amparo presentado por J.M.C., quien previamente había sido absuelto de los delitos por los que había sido acusado por padecer enfermedad mental, y al que se le había impuesto como medida de seguridad el internamiento en centro psiquiátrico con un límite máximo de 12 años. Mientras se resolvían los distintos recursos presentados por su abogado, la Audiencia Provincial de Córdoba acordó que J.M.C. ingresara en la Unidad Psiquiátrica del Centro Penitenciario de Córdoba. Un año después de aquella decisión, la respuesta del TC sorprende por garantista, al reconocer que el ingreso en la Unidad Psiquiátrica era una “prisión encubierta, carente de absoluta cobertura legal”.

El internamiento en el centro psiquiátrico como prisión encubierta. El primer problema que plantea la sentencia del TC es qué hacer con una persona que ha sido absuelta de responsabilidad criminal pero a la que, en su lugar, le ha sido impuesta una medida de seguridad. En este punto, los distintos tribunales que han observado el caso se mueven en una tensión constante entre la “peligrosidad” del individuo y su rehabilitación. En teoría, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), «todo procesado absuelto será puesto en libertad inmediatamente», pero el mismo precepto establece como excepción el que se den otros motivos que hagan necesario el aplazamiento de la excarcelación.

Ante esta situación, en los últimos años encontramos, al menos, dos tipos de respuestas por parte de los tribunales: la prórroga de la prisión provisional o el internamiento en centro psiquiátrico. Entonces vemos como por un lado, en otro caso similar al que nos ocupa, la Audiencia Provincial de Cádiz decidió prorrogar la privación de libertad provisional mientras esperaba la finalización del proceso judicial.

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Cuando cierra el colegio

Estos días, tras el fin de curso, las puertas de los colegios se han cerrado. Tras la alegría del acceso a las vacaciones, para muchos niños y niñas se abre otra realidad: la de la pobreza. Y es que cuando cierra el colegio se abre en canal el drama de muchas familias que empiezan a tener serios problemas para atender a sus hijos e hijas y para poder ofertarles lo más básico. Son momentos del curso donde se visibiliza de una forma clara la más absoluta desigualdad en la que vive la infancia de nuestro país, sobre todo en los entornos más desfavorecidos.

Las cifras son demoledoras. Queremos hacernos aquí eco de un estudio de la ONG EDUCO que con el título de "Los otros niños de la llave" ha pasado desapercibido pero que, desde el área de educación de la APDHA, nos parece esencial que le dediquemos una breve reflexión.

Las personas que nos dedicamos a la educación ya habíamos oído hablar de los niños de la llave, es fácil identificarles al cruzarnos con ellos y con ellas. Llevan colgadas las llaves de su casa y en muchos casos no es un ejercicio de autonomía personal. Se trata de niñas y niños que están solos en casa. Sus padres no pueden ir a llevarlos ni a recogerlos de ninguna de las actividades extraescolares, ni pueden asumir el coste de los talleres, colonias o campamentos de verano que surgen en estas fechas.

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Las costas andaluzas, dique contra las migraciones y los derechos humanos

¿Dónde estamos? ¿Por qué nos han traído aquí? ¿Qué van a hacer con nosotros? En el polideportivo de Barbate, tras pasar una noche sobre cartones en el suelo y sin apenas haber probado bocado, lo peor era la angustia de la incertidumbre, que se mezcla con una alegría contenida: tras un infierno de meses, han logrado atravesar el Estrecho y han cubierto otra etapa más en su periplo migratorio.

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Barcos para rescatar derechos

El pesquero Al Awda (El Retorno) navegará desde puertos escandinavos, por la costa atlántica europea, para adentrarse en aguas del Mediterráneo rumbo a Gaza.

La Asamblea General de Naciones Unidas resolvió en el año 2000 celebrar cada 20 de junio el Día Internacional de las Personas Refugiadas.

Podría dar la impresión de que esta resolución celebrase la aplicación de los mecanismos de protección internacional necesarios para dar respuesta a la situación de millones de personas, marcando un punto de partida para la gestión eficaz de una injusticia de calado histórico. Sin embargo, la realidad es que la conmemoración del Día Internacional de las Personas Refugiadas lo único que ofrece es la oportunidad de evaluar y ver cómo se degrada año tras año el papel de las naciones en materia de Derechos Humanos. Lamentablemente, se demuestra cómo se ha intensificado el proceso de reversión de los valores éticos y humanitarios a una velocidad aterradora. Las organizaciones de defensa de Derechos Humanos señalan con insistencia la hipocresía, el incumplimiento y la inoperancia de los Gobiernos.

Preocupa, además, el impasse psicológico y social en el que parece caer la población cada vez que el horror de naufragios, rechazos de los Gobiernos a operaciones de salvamento, devoluciones en caliente, criminalización de cooperantes,  internamientos, maltratos, casos de esclavitud a cargo de mafias que controlan las costas libias y un largo etcétera de crueldades, se nos presentan como acontecimientos inevitables. Destaca el ascenso del discurso xenófobo que impulsado desde la extrema derecha (y no tan extrema) está permeando con fuerza en todas las capas de la sociedad.

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Barrio de Los Pajaritos: frente al abandono, nuestra dignidad

He dejado de contar los numerosos artículos sensacionalistas, de crónica fácil, que salen en los medios de comunicación y que desprestigian constantemente al barrio en el que vivo junto a la mayoría de mi familia. Seguro que alguna vez habréis escuchado hablar de Los Pajaritos o Tres Barrios, en Sevilla, y lo primero que se os viene a la mente es droga, violencia, pobreza y paro.

Pero los vecinos y las vecinas del barrio empezamos a sentir cansancio de que nos señalen, de que nos tachen de ser un barrio sin futuro y que las acciones de unas pocas personas estigmaticen al resto. Sabemos de sobra que mucho de lo que se dice es verdad, pero nos resulta tan repetitivo que al final nos creemos que vivimos así porque nos lo merecemos y que somos responsables de la “miseria” que nos rodea, e incluso ya no nos resulta extraño y lo vemos hasta normal.

Pero mi barrio no es normal. De eso te das cuenta cuando sales de él y ves que, lo que pasa allí, en otros sitios no se repite.

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Las putas estamos aquí, siempre hemos estado

La realidad siempre depende de quién la vive. Y por supuesto, de quién la cuenta. Las Prostitutas de Sevilla hemos empezado hace pocos meses un trabajo horizontal para constituirnos como colectivo de apoyo a todas las personas que ejercen el trabajo sexual.

Por supuesto, no tenemos muchos recursos. Pero nos estamos haciendo hueco por nuestra simpatía y porque cuando nos escucháis hablar, os resulta muy fácil entender lo que necesitamos. Este escrito es para presentarnos oficialmente con nuestra propia voz ante la sociedad y en los medios de comunicación porque aunque agradecemos a los periodistas su asistencia a los eventos putisociales, queremos garantizar que el mensaje que damos las Putas de Sevilla sea claro y no se vea distorsionado por desconocimiento, desinformación o cualquier otro mal social, dramáticamente relacionado con la estupidez humana.

Las prostitutas sevillanas están trabajando sin cobertura social, política, jurídica o sanitaria. Como cualquier trabajador o trabajadora; demandamos cotizar en la Seguridad Social, y contratos de trabajo legales. Más allá de esto, también queremos acabar con la violencia sistemática que sufrimos las personas que ejercemos el trabajo sexual: la falta de derechos nos convierte en sujetos vulnerables ante los abusos policiales, los asesinatos por violencia de género y las cacicadas de los ayuntamientos y los clubes de alterne.

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La prisión provisional o cómo amedrentar la protesta

Sevilla, ciudad donde se encuentran 7 de los 15 barrios mas pobres del Estado. El “casco norte”, el norte de la zona centro, colindante con lo que queda de la muralla almohade de esta ciudad. Una zona castigada por la gentifricación y un proceso especulativo que ha expulsado del barrio a su población tradicional y a la disidencia política y cultural con la que estuvo compartiendo el espacio desde hace años. Muy cerquita de la casa del Pumarejo, referente de lucha vecinal por la conservación de un espacio y una forma de vida que no queremos que se nos vaya. Nuestro “Puma”, que aún sigue rugiendo.

16 de febrero de 2018. Un grupo de activistas y personas sin hogar deciden realizar una ocupación de un inmueble vacío. Tal vez no sabían que estas viviendas se han construido en el solar donde estuvo el Centro Social Casas Viejas, referente del movimiento de okupación y del activismo en la ciudad hace ya algunos años. Seguramente desconocían que, además, algunas de estas viviendas habían sido adquiridas por agentes de policía.

Pero este no era un artículo para hablar de vivienda. De la burbuja inmobiliaria que nos hizo la vida tan difícil durante años, que nos expulsó de nuestras casas, que nos subió los alquileres, contra la que luchamos todo ese tiempo chocándonos contra una pared de incomprensión. De esa burbuja que, cuando estalló, sacudió al país entero y que tuvimos que pagar las mismas personas, las mismas familias que sufrieron sus desmanes. De esa burbuja que amenaza con volver y de la falta de memoria que puede llevarnos a repetir la misma historia, los mismos dolores y las mismas víctimas.

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Ley de Seguridad Ciudadana: amordazando a las trabajadoras sexuales

Concentración en la provincia de Cádiz contra las ordenanzas municipales

La situación de la prostitución en España es incongruente porque nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal pero que a la hora de elaborar el PIB del país se contabiliza para así aumentarlo. Esta falta de reconocimiento lleva a que la ya, de por sí, complicada realidad de las personas que ejercen la prostitución se vea empeorada por algunas de las normas que se han desarrollado en los últimos años, en los cuales hemos sido testigos de un endurecimiento de las leyes y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de la sociedad en general, y de las personas que ejercen la prostitución en particular.

Nuestro país mantiene una postura abolicionista a la hora de tratar el tema de la prostitución, lo que se traduce en normas legales y campañas que tienden a aumentar la controversia social sobre este tema y que, además, empeoran las graves vulneraciones que las trabajadoras sexuales sufren. La visibilidad que se ha dado a esta realidad es prácticamente escasa, llamando la atención que normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, que ha levantado controversias y numerosas críticas por la vulneración de derechos que su aplicación conlleva, no haya sido criticada por el ataque que perpetra sobre las trabajadoras sexuales.

La mencionada ley prevé, en su contenido, dos infracciones que afectan directamente a las trabajadoras sexuales que ejercen la prostitución en la calle: por un lado, pueden ser sancionadas con multas de hasta 600 euros si realizan actos que puedan ser considerados obscenos en la vía pública. Y por otro, pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros si, tras ser notificadas por las autoridades para que no ofrezcan sus servicios en sitios públicos, estas continúan haciéndolo.

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El desgobierno de los privilegios

Vivimos tiempos convulsos, en los que todo aquello que rodea las instituciones del Estado de Derecho aparece rodeado de una bruma de desconfianza y sospecha. La sociedad asiste atónita a un embrollo de mentiras, imposturas, fraudes, despilfarro y corrupción, obligada día tras día a contemplar un espectáculo vergonzoso y humillante. No existe país alguno que pueda permitirse mantener tal grado de descrédito institucional sin peligro para la vida democrática.

Pero no se trata solo de un espectáculo lamentable, es que este esperpento lo están protagonizando quienes tendrían que gobernar y administrar el país, y lo hacen en lugar de gobernar.

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación en la que todas las instituciones y todo en ellas parece atravesado por una trama destinada a mantener privilegios?

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