Adelante Andalucía lleva el accidente de Adamuz ante la Comisión Europea para que investigue la seguridad ferroviaria en España
Adelante Andalucía ha decidido acudir a la Comisión Europea para que investigue el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos (22 siguen aún hospitalizados).
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, está todavía recabando todos los datos sobre el descarrilamiento y choque de trenes que tuvo lugar hace una semana, pero el partido de Teresa Rodríguez no ha esperado a conocer las conclusiones de su informe, y se ha aliado con la eurodiputada del BNG Ana Miranda Paz -adscrita al grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea- para que intervengan las autoridades europeas.
Ana Miranda Paz tiene experiencia en estos procesos. En 2016 denunció al Estado español para que la Comisión Europea abriera un “procedimiento de infracción” tras el descarrilamiento, en 2013, de un tren de alta velocidad en la pronunciada curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y más de 140 heridos.
Un “procedimiento de infracción” es una acción formal de la Comisión Europea contra un Estado miembro por incumplir el Derecho de la UE, ya sea por no trasponer directivas a tiempo, no aplicar normas correctamente o violar tratados. El procedimiento es así: Bruselas remite una carta de emplazamiento con el país denunciado para abrir un diálogo, luego se emite un dictamen motivado y, si existen causas razonables, puede derivar en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Tras el accidente de Angrois, la eurodiputada del BNG denunció “deficiencias en que el Estado español -entonces bajo un Gobierno de Mariano Rajoy- llevó a cabo la investigación del accidente, por un organismo que se demostró que no era independiente”. También acusó al Ejecutivo de “opacidad gubernamental” y de no dar “amparo y transparencia a las víctimas”. En 2018, la Comisión Europea abrió expediente a España por la “falta de implementación de las normas de seguridad ferroviaria”, que se cerró en 2024.
La iniciativa ahora de Adelante Andalucía, un grupo con dos diputados en el Parlamento autonómico, es hacer el mismo recorrido hasta Bruselas que se hizo entonces con el accidente de Angrois. La petición expresa que dirigen a la Comisión Europea, con solicitud de respuesta escrita, es si puede “verificar si las normas implementadas después del accidente de Angrois estaban implementadas en el momento del trágico accidente de Adamuz?”.
El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, plantea otras dos preguntas, encaminadas a que el choque mortal entre un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid con un tren Alvia que recorría el trayecto Madrid-Huelva, acabe en las manos de la Agencia Europea del Ferrocarril, el organismo dependiente de la Comisión Europea que ya investigó la tragedia de Angrois y concluyó que la CIAF no había actuado de manera independiente de Renfe.
“¿Puede confirmar la Comisión si ya se ha abierto una investigación de la Agencia Ferroviaria Europea después del accidente de Adamuz el pasado 18 de enero? ¿Va a abrir la Comisión un procedimiento de infracción contra España por este trágico nuevo accidente?”, rezan ambas preguntas.
La Comisión Europea terminó acusando a España de incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria y le reprocho no haber realizado una investigación independiente de lo ocurrido en la curva de Anglois. Christopher Carr, jefe de seguridad de la Agencia Europea del Ferrocarril, redactó un informe muy duro contra el Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Ana Pastor, afeándole que Renfe y Adif se habían investigado a sí mismas para concluir que el accidente se debió a un “error humano”.
Bruselas obligó a España a reformar las investigaciones de accidentes ferroviarios y a replantear todo el modelo de análisis de riesgos de la red vial del país.