La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha dictado un auto en el que reconoce que la “carga” de trabajo que sufre, pues además instruye otras macrocausas, “excede en muchos momentos” de “las capacidades personales”. La magistrada responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se pronuncia así en un auto notificado este martes a las partes en el que rechaza la nulidad de las actuaciones planteada por la defensa del abogado Alfredo Jiménez Suñe.
En el auto la instructora señala que “el retraso en proveer” la personación está justificado “sólo por la magnitud del número de escritos a proveer diariamente” en la causa. Reconoce que “no ha sido el motivo de encontrarse” el recurrente ajeno al recurso de la fiscalía contra el auto del pasado mes de mayo en el que la juez acordó imputar a sólo cinco de las 18 personas que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
La magistrada no imputó en ese momento a Alfredo Jiménez Suñe, por lo que la fiscalía decidió recurrir para pedir la imputación tanto de él como del resto de personas que proponía, lo que fue estimado por la magistrada el pasado mes de octubre. “No es la situación ideal, sino la que deriva de una carga de trabajo que excede en muchos momentos de las capacidades personales”, admite. Pero apunta: “En estrictos términos de legalidad procesal no puede decirse que se le haya ocasionado” al imputado “indefensión alguna”, pues con anterioridad al auto donde se le imputó “no ha tenido la consideración de imputado en este procedimiento, y por consiguiente no ha sido hasta este momento cuando adquiere la posibilidad legal de ejercer cuantos medios de defensa e impugnación estime convenientes”.
Limbo intermedio
La magistrada considera que “está claro” que el imputado “se personó” tras su detención en el marco de la operación Heracles “en la creencia de que iba a ser imputado de forma inminente”, pero “al no ser así, y existir además un primer pronunciamiento en el que no se le tenía por ahora en dicha cualidad”, el letrado “pidió que no se le tuviera por parte”.
En el mismo sentido, “debe decirse que cierto es que no se proveyó su personación, pero que de haberlo hecho no se le hubiera tenido por parte al no valorar en aquel momento motivos para su imputación”. Para concluir: “Hubiese sido imposible proveer de otra manera, pues desde luego no era parte acusadora ni tampoco en aquel momento se situaba en el plano de las defensas, y obviamente, como el imputado conoce, no existe un 'limbo' intermedio”.
Denuncian la ocultación de pruebas
Por otra parte, la defensa de los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela han pedido a la jueza que anule el auto del pasado 28 de junio en el que les imputó junto a otros 18 cargos o exaltos cargos, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, ya que entiende que tanto la Guardia Civil como la propia instructora les habrían “ocultado” pruebas “relevantes”.
En el escrito, los imputados solicitan la nulidad del auto y, de manera subsidiaria, que se deje sin efecto la notificación del mismo hasta que le sean entregadas la totalidad de las declaraciones y documentación “que obran en poder” de la Guardia Civil “que aún no han sido incorporadas” al procedimiento, todo ello a fin de poder tener “pleno” conocimiento de las actuaciones y, así, “poder interponer recurso contra el citado auto tomando en consideración la totalidad de la documentación existente en el procedimiento”.