El otro año de espera para las mujeres víctimas de la crisis de los cribados en Andalucía: “Nuestras vidas han cambiado”

“Estoy muerta en vida desde noviembre de 2023. Pero con fuerzas de seguir luchando por la verdad y la justicia. Por mí, por las mujeres de mi familia y por todas”. Lo dice Anabel Cano, la primera mujer en abrir la vía judicial contra la Junta de Andalucía por un retraso de un año en el diagnóstico de su cáncer de mama debido a fallos en el programa de detección precoz del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Está a punto de cumplirse un año desde mi mastectomía, pero, para mí, el tiempo no ha borrado nada. Lo que más miedo me da no es que haya pasado casi un año. Es que pueda pasar otro y que todo quede en el silencio”, agrega.

“Sigo inerme. Entre otras cosas, por el letrozol que tengo que tomar por el cáncer, y que llamamos 'destrozol' por cómo nos deja de empanadas, pero también porque no siento rabia, sino asco de que haya personas que avalen las políticas del señor Juan Manuel Moreno Bonilla. Porque es como aplaudir que esté privatizando y haciendo mal los cribados. Como pasa con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que está maquillando las cifras de las listas de espera en los hospitales”, añade María José Martín, otra de las víctimas de los errores en el sistema de prevención que saltó a la luz hace ahora un año, cuando el 28 de septiembre de 2025 la Cadena SER desveló los fallos.

La Junta de Andalucía ha reconocido 2.317 expedientes con retrasos y 23 tumores detectados tras su revisión interna. Sin embargo, la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama (Amama), que estuvo desde el principio detrás de la denuncia pública, eleva a 366 las mujeres que terminaron desarrollando un tumor por estos errores, y a siete las fallecidas. La crisis estuvo a punto de pasarle factura a Juan Manuel Moreno Bonilla, que se vio obligado a poner al frente de las competencias de salud a su hombre más fuerte, Antonio Sanz, quien continúa tras el inicio de la nueva legislatura.

Pero ¿se ha arreglado? Ángela Claverol, presidenta de Amama, opina que no. “Hemos hablado con personal de todos los hospitales y está machacado, doblando turnos en rayos, oncología, cirugía... Porque no se dota de medios suficientes para la pandemia del siglo XXI, que es el cáncer, no solo el de mama. El acto único no se está implementando bien en todos los lugares, y no hablemos de la reconstrucción. Hay mujeres que esperan un año, año y medio, dos años... No ha acabado la crisis. Este verano hemos conocido el caso de dos jóvenes que han sido víctimas del mal funcionamiento del cribado de cáncer de mama y se enteran ahora de que tienen un tumor que ya fue detectado hace meses”.

La exigencia de responsabilidades judiciales ha quedado limitada a la vía administrativa, después de que el pasado mes de agosto se archivaran las dos últimas causas penales que seguían abiertas, con lo que ninguna de las 15 presentadas logró prosperar. En esta línea, Ángela Claverol calcula que unas 300 mujeres van a presentar reclamaciones patrimoniales, gracias a la mediación de Manuel Jiménez, abogado de Amama. “Es cierto que cuando se informó del archivo penal, muchas han desistido pensando que no hay otras vías. El SAS, además, está ralentizando todo el proceso, sin facilitarnos en tiempo y forma los informes de síntesis. Pero seguimos luchando, no por nosotras, sino por las que vengan”, remarca la presidenta de Amama.

Más de 200 reclamaciones presentadas

“El proceso de reclamaciones sigue su curso y se encuentra aún en vía administrativa, a la espera de respuesta por parte del SAS. La vía penal no fue iniciada por nosotros, sino por algunos partidos y otras entidades. Nosotros desde el principio abogamos por las reclamaciones patrimoniales para que resarzan a las mujeres por los daños padecidos, en algunos casos, la muerte”, aclara Manuel Jiménez, para quien “es una lucha muy compleja porque, aunque públicamente reconocieron lo ocurrido, se niegan a indemnizar a las víctimas, sometiéndolas a un calvario judicial al que una gran parte importante de ellas, desgraciadamente, no va a llegar”.

No en vano, los juicios se están señalando para 2030 en Sevilla, y en estos casos es que ni siquiera se han iniciado. “Hay presentadas cerca de 200, y residualmente sigue entrando alguna más. Tenemos todavía por resolver 30 o 40. Las reclamaciones patrimoniales son todas individuales porque cada caso es único. El Parlamento de Andalucía debería zanjar este asunto resarciendo a las mujeres del daño causado, y no despreciarlas haciéndolas ir a un juzgado al que muchas no llegarán”, concluye el abogado.

Un ejemplo de la complejidad de las reclamaciones patrimoniales lo podemos ver con una consulta de los informes del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). Hay cuatro dictámenes hasta la fecha, todos desestimatorios. Uno de ellos por estar fuera de plazo la reclamación y los otros tres, por no apreciarse nexo causal. Todos casos de denuncias de retrasos en diagnósticos y tratamientos de cáncer de mama, si bien son previos a esta crisis.

“No somos números. No somos expedientes. Somos mujeres cuyas vidas han cambiado”, recalca Anabel Cano, víctima de un despropósito que vuelve a relatar con todo lujo de detalles: “En noviembre de 2023 acudí a un cribado. Se solicitaron pruebas complementarias que, según mi experiencia, no llegué a realizar porque no fui avisada. Un año después, en noviembre de 2024, esas pruebas se hicieron y en diciembre me confirmaron que tenía cáncer. Después llegaron meses de tratamientos, miedo y dolor. El 15 de octubre de 2025 me quitaron la mama derecha. Y casi un año después sigo con dolor y una movilidad muy limitada en el brazo, esperando una atención de rehabilitación que fue solicitada con carácter preferente. También sigo esperando respuesta a mi reclamación”.

María José Martín también resume su caso: “En 2023 me llamaron de una clínica privada de Dos Hermanas: ‘Corre, corre, corre, vente que te vamos a hacer una mamografía, y te vamos a llamar para sí o para no, o sea, tengas lo que tengas’. Pero nunca, jamás, llamaron, ni para sí, ni para no, y año y pico más tarde, yo me noto el bulto en el pecho derecho, con el resultado de tres tumores y nueve ganglios afectados. Como todo oncólogo dice, eso no sale de la noche a la mañana, ya estaban en las pruebas, tendrían que haber pedido más, y no se hizo”. En su opinión, no se ha podido seguir adelante con la denuncia por la vía penal, pese a que “todo queda registrado” en relación con los expedientes, “porque han echado tierra por encima”. Pero ella no se va a rendir en su lucha: “Porque a mí me han reducido un pecho, he perdido un 20% de la masa del seno, y esto se lo debo a las políticas de privatización del PP”.

Privatizaciones como las que ya reveló elDiario.es Andalucía, con la derivación de más de 300.000 mamografías a la sanidad privada. Y que seguirán, como recuerdan desde Adelante Andalucía, que ha desvelado una licitación de “más de 13 millones de euros para privatizar mamografías del cribado de cáncer durante los próximos cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga”. Desde el SAS insisten en que únicamente se trata de la contratación de unidades móviles para realizar las exploraciones mamográficas, no la externalización de la interpretación médica de las pruebas.