Los dos operarios de Cádiz tocan tierra tras 28 días de lucha sobre una grúa del astillero: “Nos trataron como terroristas”

Tras 28 días encaramados a una grúa de Navantia San Fernando (Cádiz), los soldadores Manuel Barber y Jesús Galván pusieron este martes los pies en tierra firme. Lejos de dar por cerrado un conflicto, aseguran que su protesta va mucho más allá de su caso personal. Horas después de bajar, acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para conocer los cargos derivados de la denuncia presentada por la empresa pública. Ya anuncian que devolverán la denuncia a Navantia por maltrato y delito de odio.

La primera noche fuera de la grúa no fue una celebración. “Dormimos poco, pero tranquilos”, resumen. Aún conservaban la voz ronca, el gesto endurecido y el cansancio de casi un mes expuestos al frío, al viento y a la intemperie, a 25 metros de altura. Llegaron escoltados por sus compañeros, que en los últimos días han tenido que seguirles desde lejos. Cada vez más lejos. “Al principio nos dejaban estar en el aparcamiento del astillero, pero lo han vallado y en los últimos días no era posible”, explican varios de ellos.

En las puertas de la comisaría isleña, Barber y Galván relatan una protesta complicada, pero que aseguran haber llevado con entereza. “Nos conocemos bien, hemos vivido muchos años fuera y hemos compartido muchas situaciones difíciles”, explican. “Nosotros hubiéramos aguantado lo que hiciera falta. Sabíamos que éramos fuertes mentalmente, pero incluso a nosotros mismos nos ha sorprendido la capacidad de resistencia que hemos tenido”.

El encierro comenzó el 8 de abril como una acción límite para denunciar la existencia de supuestas listas negras en Navantia y en empresas auxiliares contra trabajadores vinculados a la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). Barber y Galván sostienen que llevan cerca de una década sin poder trabajar en los astilleros de la Bahía de Cádiz pese a contar con alta cualificación y experiencia en el extranjero y en otras partes de España. Según su versión, varias empresas intentaron contratarlos, pero la entrada les fue vetada desde la empresa pública. “Tenemos la declaración del jefe que nos iba a contratar diciendo que Navantia le comunicó que éramos personal no grato y que estábamos en listas negras”, asegura Galván. “Eso ya lo tiene la Inspección de Trabajo”.

Durante semanas, la imagen de ambos sobre la grúa se convirtió en parte del paisaje del astillero isleño y en un símbolo incómodo para una empresa pública con elevada carga de trabajo. La protesta fue creciendo con el respaldo de CTM y concentraciones en distintos puntos del estado, en paralelo a un contexto político marcado por la campaña electoral andaluza. “Antes había dos en la grúa y mil organizando. Ahora hay mil y dos más que vamos a seguir dando la pelea”, resume Galván.

Los primeros días fueron los más duros. “Dormíamos sobre chapas estriadas y húmedas, con los huesos pegando en el suelo”, recuerda Barber. “Pasamos mucho frío, dormíamos muy poco y también comíamos poco”. Ambos relatan que la situación llegó a ser extrema por las dificultades iniciales para subir alimentos y material básico. “Si no llega a ser por la intervención de nuestra abogada y de los compañeros, aquello era inhumano. Nos dejaron sin luz y no podíamos usar nuestros móviles. Hasta los presos de Puerto II estaban más comunicados que nosotros”, afirma Galván. Por eso hablan de maltrato por parte de Navantia. La empresa ha insistido en los últimos días en que ambos fueron alimentados convenientemente y se les suministró abrigo y material de descanso.

El desenlace llegó con un amplio despliegue policial alrededor de la grúa. “Estábamos tranquilos hasta que vimos todo cercado”, explica Barber. “Nos dijeron que, si no bajábamos, subirían a por nosotros”. La escena les dejó una sensación que repiten varias veces: “Como si fuéramos terroristas”. La intervención policial atendía una denuncia presentada por Navantia a finales de abril, en la que se alertaba de la presencia de dos trabajadores en una grúa en condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. Finalmente, descendieron de manera voluntaria. “Nos querían llevar detenidos, pero al final nos dejaron dormir en casa si acudíamos a comisaría al día siguiente. Somos dos trabajadores honrados”, insiste Galván. “No hemos robado, no somos terroristas. Nos dijeron que viniéramos hoy a las nueve y media y aquí estamos”.

Buena parte de sus críticas se dirigen al PSOE. “Está evidenciando que no se comporta como socialista obrero”, afirma Galván. “Se comporta como un partido de derechas que vuelve a reprimir a los trabajadores”. Tampoco se salva la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. “Dice que desde el primer día atendió nuestros llamamientos y eso es mentira. Ni siquiera cogió el teléfono”, sostienen. Contra el PSOE hay convocadas este jueves 7 de mayo concentraciones en las sedes del partido en las capitales andaluzas.

El conflicto ha servido, en su opinión, para desenmascarar a los actores del sector. Acusan a UGT y CCOO de haberse alejado de los trabajadores eventuales y precarizados. “Esto ha puesto de relieve quién defiende a los obreros y quién no”, señala Barber. Ambos vinculan las listas negras a un modelo basado en el miedo. “Las factorías se han convertido en campos de concentración”, llega a decir Galván. “La gente entra ya con autorrepresión, con miedo a perder el puesto”.

Pese a la trascendencia de su protesta, remarcan que nunca buscaron paralizar la producción. “Pedimos a los compañeros que siguieran trabajando”, explica Barber. “Para perder ya estábamos nosotros”.

Durante el conflicto, relatan, se les hicieron dos ofertas de empleo. La primera, anterior al encierro, fue vetada por Navantia. La segunda la consideran una maniobra para desactivar la protesta. “Querían mandarnos a Burgos y cambiaban continuamente las condiciones”, dice Barber.

A la espera del recorrido judicial del caso, anuncian nuevas denuncias contra Navantia y Dragados Offshore, e incluso la posibilidad de acciones legales por delito de odio por el trato recibido durante estos años.

Lejos de asumir la bajada como una derrota, la presentan como un cambio de fase. “Esto no acaba aquí”, repiten. Antes de entrar en comisaría, Galván resume el sentido de la protesta: “No pedimos privilegios. Pedimos trabajar en nuestra tierra y hacerlo con dignidad”. Confían en que la documentación enviada a la Inspección de Trabajo, “con audios y documentos”, sirva para demostrar que las listas negras son reales y se adopten medidas para acabar con ella.