El juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas ha tomado declaración a cuatro altos cargos de la Junta -dos de la Consejería de Salud y dos de Hacienda- para esclarecer uno de los puntos ciegos del caso: quién ordenó retirar la fiscalización previa de los contratos sanitarios para sustituirla por auditorías a posteriori.
Este elemento no es baladí, porque la instrucción del juez busca comprobar si la retirada de los controles previos que venían realizando los interventores de la Junta de Andalucía influyó, facilitó o provocó las irregularidades en los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada, denunciadas luego por esos mismos interventores en sus informes de contabilidad sobre los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, poniendo bajo sospecha un montante de 243 millones de euros en contratos a dedo.
La decisión de excluir esos contratos de emergencia del SAS del control previo de la Intervención quedó plasmada por escrito en un acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, firmado por el entonces consejero de Hacienda (y hoy vicesecretario general del PP nacional), Juan Bravo, y por el propio presidente Moreno.
Pero, a día de hoy, el juez José Antonio Gómez no ha podido concluir quién adoptó esa decisión antes de que se hiciera firme por acuerdo del Consejo de Gobierno, porque ninguno de los cuatro altos cargos de la Junta de quienes dependía esa decisión política ha admitido ser el responsable directo.
Sus versiones, contradictorias y enfrentadas entresí, enmarañan aún más la investigación y provocan un cisma al más alto nivel del Ejecutivo, que ha tensado los músculos del entorno del presidente Moreno, que no está personado en esta causa, pero sigue la instrucción con muchísima atención. Se trata de dos miembros del Gobierno andaluz en activo -la consejera de Medio Ambiente (extitular de Salud) y la viceconsejera de Hacienda-, y otros dos ya cesados -un exviceconsejero de Hacienda y el exnúmero tres del SAS, responsable de la contratación.
Los cuatro han comparecido ante el juez, en calidad de testigos, y han defendido que el sistema de control financiero permanente (a posteriori) es “más ágil y más eficaz” que la fiscalización a priori, dada la gran cantidad de contratos firmados por el SAS en las semanas posteriores a la pandemia de coronavirus.
Todos avalan ese control de la Intervención posterior a librar el gasto de dinero público, pero ninguno de los cuatro se ha hecho responsable directo ni ha admitido ante el juez ser el autor intelectual del cambio en el sistema de fiscalización de los contratos a dedo con la sanidad privada, clave en una investigación en la que está imputada por prevaricación la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
Es más, los cuatro altos cargos del Gobierno andaluz incurrieron en contradicciones cuando declararon por separado ante el juez, imposibilitando un relato único de los hechos acontencidos en el consejillo del 1 de octubre de 2020, esto es, en la reunión de viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno que aprobó la retirada del control previo a los contratos de emergencia del SAS. Todos “echaron balones fuera, se sacudieron la responsabilidad y señalaron al otro”, explican fuentes presentes en los interrogatorios.
A preguntas del juez sobre la autoría de ese acuerdo, la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez (que entonces era la interventora general de la Junta), responsabilizó directamente a la actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García (que entonces ocupaba el puesto de viceconsejera de Salud) y al exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.
Martínez aseguró en sede judicial que fue un “acuerdo verbal” que tomaron ambos en aquella reunión del consejillo, y recordó que su propuesta con la lista de gastos, órganos y serviciso de la Junta excluidos de la fiscalización previa no incluía los contratos de emergencia del SAS. Eso se añadió luego, en aquella reunión de viceconsejeros, y se elevó al Consejo de Gobierno si el informe preceptivo de la Intervención. Aquella declaración causó mucho revuelo en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, donde algunos se lamentaron de “falta de coordinación” en las defensas de la gestión del SAS.
El juez Gómez citó a declarar a los aludidos, García y Ochoa, que este martes negaron que la decisión política de retirar el control previo a los contratos sanitarios partiera de ellos -como había asegurado Martínez-, e indicaron que había sico cosa de sus “equipos técnicos”, sin especificar nombres.
Los abogados de PSOE y Podemos, personados en la causa como acusación popular, les preguntaron qué funcionarios o cargos intermedios de Salud y de Hacienda pudieron adoptar una decisión de carácter político, que tuvo que pasar por el consejillo antes de ser elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación. Pero ni Ochoa ni García recordaban los nombres y se limitaron a explicar el procedimiento ordinario para que la propuesta de un departamento llegue a la “plataforma común” (una carpeta digital) que luego se apruea en la reunion semanal del presidente Moreno con sus consejeros.
En realidad, ese salto no depende de los técnicos de un departamento, porque un acuerdo de Gobierno no puede llegar al final del recorrido sin un informe preceptivo de la Intervención que, en este caso, no existía para el caso concreto de los contratos sanitarios. Ochoa explicó que recordaba “vagamente” haber tratado el cambio en el sistema de fiscalización con García, no directamente, pero sí “entre nuestros equipos”. García ofreció un testimonio más emocional -“volcada en salvar vidas”- y aseguro que “no estaba en las cosas técnicas”.
La consejera de Medio Ambiente -exconsejera de Salud- sí señaló en su declaración a una persona concreta: el ex responsable de Contabilidad del SAS, José Antonio Miranda, que ocupó ese puesto con tres consejeros distintos: Aguirre, García y Rocío Hernández, de 2019 hasta su dimisión, en 2025, tres meses antes de que su nombre apareciera por primera vez en la instrucción judicial.
Miranda, veterano diputado del PP andaluz, también declaró como testigo ante el juez, pero su versión también contradijo la de sus compañeros. Los argumentos del que fuera responsable de Contabilidad del SAS durante los años que abarca la investigación judicial son los más conocidos, porque aparecen por escrito en las alegaciones que presentó la Consejería de Salud a todos los informes desfavorables de los interventores del SAS, tratando de justificar por qué se prorrogaron aquellos contratos a dedo amparándose en un marco legal ya derogado, y en contra de las directrices explicitas de la Consejería de Hacienda. Los auditores desestimaron todas sus alegaciones, en algunos casos, tildándolas de meros “juicios de valor” sin aval técnico o jurídico.
Fiscalización más ágil, pero con menos controles
La fiscalización permanente -a posteriori- es más ágil, porque sortea los controles habituales previos a la autorización del gasto de dinero público, que es de lo que se trataba durante los primeros meses de la pandemia. Es lo la exconsejera de Salud le explicó el martes al juez, insistiendo en que la propia exinterventora le había explicado que el control previo se hacía con “un simple muestreo” de contratos, y por tanto, no era tan exhaustivo. Tampoco esto casa con la declaración que hizo Martínez.
El problema es que dos años y medio después de que el Gobierno derogase el Real Decreto que habilitaba a las comunidades a contratar por la vía de urgencia, la Junta de Andalucía siguió usando la contratación de emergencia sin fiscalización previa, y eso es lo que está bajo la lupa del juzgado ahora.
De las auditorías a posteriori, elaboradas por los interventores del SAS en las ocho provincias andaluzas, surgieron una decena de informes “desfavorables” que alertaron reiteradamente a la Consejería de Hacienda de irregularidades en la contratacion del SAS con clínicas privadas por un montante superior a los 243 millones de euros.
Los informes censuraban a la Junta por prolongar, entre 2021 y 2024, el marco legal habilitado en pandemia tras haber sido derogado, con objeto de estirar los contratos a emergencia con clínicas privadas y vaciar las abultadas listas de espera de pacientes para operarse, para un especialista o un diagnóstico. Así se venía haciendo hasta que elDiario.es lo hizo público, en marzo de 2023, y 24 horas después, el portavoz de la Junta anunció que cesaban esos contratos.
Los hechos investigados abarcan, sobre todo, el mandato de Jesús Aguirre, primer consejero de Salud del Gobierno de Moreno -actual presidente del Parlamento- que estuvo al frente cuando estalló la pandemia de coronavirus. Su número dos era Catalina García, ascendida a consejera en 2022, ya en esta legislatura, y al frente del departamento cuando el juez abre diligencias e imputa a los tres últimos gerentes del SAS. Los tres han declarado como imputados en el juzgado, escudándose en la pandemia para justificar la prórroga de los contratos a dedo hasta bien entrado 2024.
El paseíllo por los tribunales de los cuatro altos cargos de la Junta implicados en el caso de los contratos a dedo del SAS ha devuelto la instrucción al punto de partida y no ha ayudado al juez a esclarecer lo que buscaba: la exinterventora general de la Junta, hoy número dos de la Consejería de Hacienda, no incluyó los contratos de emergencia del SAS en su propuesta de fiscalización permanente (a posteriori), pero, una semana después, estos sí aparecieron en el acuerdo del Consejo de Gobierno.
En el escrito que la Intervención General de la Junta elevó a la Consejería de Hacienda aparecen siete gastos nuevos —subvenciones, indemnizaciones y gastos de personal—; en el anexo I del acuerdo de Gobierno posterior aparecen ocho, uno más. Ni los directivos al más alto nivel que ocupaban la Consejería de Salud entonces ni los de Hacienda se han responsabilizado de esa modificación que, en última instancia, lleva la firma del presidente Moreno.