El cambalache de los ERE

En la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se entremezclaban las necesidades empresariales con la paz social que ansiaban los responsables públicos. En aquel tiempo donde todo parecía impune, los trabajadores se preguntaban por qué les prejubilaban tan generosamente cuando sus empleadores habían alardeado de beneficios copiosos el año antes. O se preguntaban unos a otros si les sonaba algún que otro Fulanito de Tal que habían colado de rondón en la lista de beneficiarios, sin que nadie le hubiera visto nunca en el tajo. He ahí el telón de fondo de los ERE, aunque sea imposible resumir la sentencia de más de mil quinientos folios que este martes corría por las redes sociales con mayor empuje que si fuera el último vídeoclip de Rosalía.

El tsunami del veredicto de los ERE arrambla con trayectorias políticas intachables y con bellacos de toma la coca y corre al mismo tiempo. En un tiempo de brochazos, no caben las pinceladas finas. Unos y otros –como en el sueño de una justicia igualitaria—han compartido el banquillo de los acusados y ahora se reparten a pachas penas de cárcel o de inhabilitación durante largos años, en una sentencia que podrá ser recurrida ante el Supremo pero que sigue al pie de la letra la hoja de ruta trazada por la controvertida instrucción de la jueza Mercedes Alaya –que el tribunal ha refrendado ahora en gran medida-- y las peticiones formuladas por el Ministerio público.

La justicia tardía no es justicia, dicen los clásicos. Y menos como, en este caso, no se dilucida la pregunta del millón, o de los millones, la de dónde está el dinero de los ERE: en su mayoría, probablemente estén invertidos de forma irregular en los ERE propiamente dichos, aunque para los casos de mangancia, que haberlos haylos, habrá que esperar a la resolución de las piezas separadas que, como un gigantesco spin off de este escándalo, iremos viendo llegar en próximas temporadas como episodios distintos de este mismo folletín.

Tarde al cuadrado

El fallo de los ERE llega tarde al cuadrado: porque la instrucción se ha hecho eterna y porque su redacción final ha tardado once meses en darse a conocer. Durante tan largo periodo de tiempo, ha habido muertes naturales y sobrevenidas, rupturas matrimoniales, quiebras familiares y un sinfín de plagas de Egipto que no sólo han afectado a los principales responsables políticos sino a numerosos técnicos que han asistido agónicamente a un largo procedimiento judicial que, con fianzas astronómicas, ha puesto a sus vidas y a sus cuentas corrientes en tenguerengue, hasta que se les levantó la imputación y pudieron ponerse a salvo también de la pena de telediario.

A José Antonio Griñán, cuyo caso específico, por la gravedad de la pena, ha estremecido incluso a sus rivales partidistas, no le han empurado tanto como presidente de la Junta sino como consejero, porque tendría que haber velado más de cerca por el feliz cumplimiento administrativo de los trámites y permitió que se siguieran aplicando las transferencias de financiación, que ahora son pecado mortal pero por entonces eran un dogma en entredicho. A pesar de no haber sacado ni un euro para su caletre y encontrarse ahora su economía cortita y con sifón, ha entrado en el mismo saco que la opinión pública reserva para quienes, en otras formaciones del país de “ytumás”, recibían trajes o haigas a medida, destruían ordenadores a martillazos o pagaban a sus administradores en B o en diferido. O para quienes, desde las filas del propio partido que él presidió, alentaban redes clientelares en su pueblo, cobrando tal vez favores por votos.  

Después de todo este formidable fraude que deja hecho unos zorros el prestigio del principal partido que construyó desde el gobierno la autonomía andaluza, la Junta tomó medidas y, ya desde el último periodo del Gobierno de Susana Díaz, los controles internos son tan rigurosos que a veces ralentizan hasta la desesperación la gestión diaria de lo público. Ya no sólo hay que contar con presupuesto y ganas de invertirlo, sino también con una moral alcoyana a la hora de justificar cada céntimo. Empero, quedarán resquicios por los que, más temprano que tarde, la corrupción volverá a cruzar las grandes alamedas administrativas. El escepticismo nos lleva, indudablemente, a desconfiar de que haya cura para el tejemaneje que la condición humana práctica probablemente desde Orce.

Los partidos, al menos a primera vista, parece que se han tomado en serio lo de la tolerancia cero frente a la trincalina. Y, de hecho, ya hace tantos años que Griñán, Manuel Chaves, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo o Gaspar Zarrías, entre otros, dejaron sus desempeños públicos que la noticia de ayer parece a tales efectos tan amortizada como una efemérides. Hace tiempo que les atropelló el tren de la opinión pública y el de la opinión publicada, hartas ambas de que hasta entonces no se penalizara ciertas sospechas con la exclusión de las listas electorales de aquellos que pudieran haber incurrido en un delito aunque ningún tribunal les hubiera condenado en firme. Sobre el papel y hasta que no se demuestre lo contrario, se invirtió la carga de la prueba y dimitieron antes de que demostrasen su culpabilidad en el caso. El daño ya estaba hecho y muchos de ellos lo han sufrido ahora, quizá exageradamente. Sin embargo, ¿debemos estar tranquilos? El crimen no descansa, aprendimos en las series antiguos de TV, y seguro que quienes practican dicho deporte ya están buscando nuevas formas para dar futuros campanazos, sin que nadie se cosque o que, en cualquier caso, algún pardillo termine comiéndose el marrón.

Malos días para los condenados

Hay otras lecciones que cabe extraer de todo este proceso, pero dudo que muchos de sus protagonistas estén dispuestos a aprobarlas. Por ejemplo, la rara coincidencia de los tiempos judiciales con los tiempos políticos que por esa casualidad en la que no creemos los periodistas daban en coincidir los momentos electorales con la convocatoria de nuevas declaraciones o noticias sobre algunos aspectos galácticos relacionados con el copioso sumario que daría para ilustrar varias vidas del buscón don Pablos. Cierto es que la tardanza en la instrucción obedece a la falta de medios técnicos de nuestros juzgados, propiciados por la propia Junta y que no sólo sufren los encartados en esta trama sino muchos hijos de vecinos que se enfrentan al papeleo judicial con la misma resignación que a una coronoscopia. ¿Qué excusa cabe, sin embargo, para la proclamación de una sentencia que, a la postre, resulta un corta y pega de los argumentos de la acusación? ¿Consentirán sus señorías en agilizar este quinario en donde, por cierto, también hubo copiosas prisiones preventivas?

Malos días para los condenados, para sus familiares y amigos –entre quienes me cuento en algún caso--, para el PSOE y para Andalucía. Pero, no lo olvidemos, malos tiempos desde hace mucho para las empresas que no pudieron acceder a los ERE y terminaron naufragando en peores condiciones, para los trabajadores a quienes nadie les ofreció cobrar el 100 por 100 de su salario, sin currar y hasta jubilarse. Malos también para aquellos que creímos que la democracia y la autonomía iba a terminar, más temprano que tarde, con prácticas que creíamos tan sólo propias de regímenes oscurantistas como aquella dictadura contra la que pelearon algunos de los encausados. No ha sido así. El tsunami les arrastra juntos, mientras suena Cambalache, el tango de Enrique Santos Discépolo: “Que el mundo fue y será/ una porquería, yo lo sé,/ en el quinientos seis/ y en el dos mil también,/que siempre ha habido chorros,/ maquiavelos y estafaos/ contentos y amargaos,/ varones y dublés”. Así es, ayer fueron condenados unos y otros, mientras, desde el público, la democracia y nosotros nos sentíamos tristes, solitarios, finales ante esta milonga.